A pesar de que suu expareja había sido vinculado a proceso por un intento previo de feminicidio y se le habían dictado medidas cautelares, estas no fueron cumplidas, lo que permitió su liberación y el posterior crimen.

"Hemos quedado totalmente a la deriva (...), los casos no avanzan y no ha existido una prioridad por parte del Estado en apoyar a las víctimas del estallido", indicó en conversación con El Ciudadano el sobreviviente de violencia militar Carlos Astudillo. Ante el cierre de las causas y la falta de justicia, planteó la necesidad de que se desarrolle una Ley de Reparación Integral.

En la presentación del Informe Anual de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos advirtió sobre la grave crisis de derechos humanos a nivel global y nacional. En Chile, denunció que solo el 0,6% de los casos por violencia estatal durante el estallido social ha llegado a condena, configurando un escenario de impunidad estructural.

Nuevas acusaciones de violencia sexual contra dos marines estadounidenses en Okinawa han provocado la indignación del gobernador local y la intervención de la justicia japonesa. Los presuntos delitos, ocurridos en enero y marzo, se suman al largo historial de tensiones generadas por la presencia militar de EE.UU. en la isla.

Durante los primeros cuatro meses de 2025, Sinaloa registró un alarmante número de desapariciones, con Culiacán y Mazatlán como los focos principales. A pesar de la búsqueda, la mayoría de las víctimas aún no han sido localizadas, lo que evidencia la continuidad de una grave crisis de violencia que se arrastra desde el año anterior.

De las más de 11.000 denuncias registradas durante estallido social, apenas 400 terminaron en tribunales. A juicio de la organización “Acción Cívica contra la Corrupción”, estos datos reflejan "una evidente infracción de las obligaciones de los Estados frente a crímenes cometidos por sus agentes y la prohibición de impunidad".

Autoridades locales y federales realizaron cateos tras operativos en Colima, donde localizaron restos humanos en seis fosas; se aplicarán pruebas de ADN para su posible identificación.

Las organizaciones llaman a no normalizar la impunidad institucional y exigen que se garantice un proceso justo, digno y con participación efectiva de las víctimas. La memoria de las 40 personas migrantes fallecidas exige justicia, no simulaciones.

La discusión legislativa llegó a un consenso generalizado entre las legisladoras de todos los partidos, pero dejó al descubierto la falta de claridad jurídica y la persistente protección a figuras públicas acusadas de violencia contra las mujeres.

La persistente inseguridad en el Magdalena Medio vuelve a dejar una profunda marca con el asesinato de un reconocido líder comunitario. La cifra de homicidios de defensores sociales en 2025 continúa en aumento, generando preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales.