The decision by some members of the Party for Democracy (PPD) to forge an agreement with José Antonio Kast's administration regarding the controversial mega-reform on tax invariability has ignited a firestorm within the opposition, drawing fierce criticism and prompting the Socialist Party to vow to challenge the reform in court.

“Pareciera que el gobierno entró a un libre mercado en política, y algo compró o algo vendió" , disparó el senador Iván Flores, mientras que desde la Mesa Nacional y la Juventud del PPD manifestaron su repudio al acuerdo, advirtiendo que condena a generaciones de chilenos "a ver cómo el Estado de Chile tendrá menos recursos para financiar derechos sociales"

Die Entscheidung eines Teils der Fraktion der Demokratischen Partei (PPD), ein Abkommen mit der Regierung von José Antonio Kast zu schließen, hat in der Opposition für großen Unmut gesorgt. Iván Flores kritisiert PPD-Kollegen als "verraten", während die Sozialistische Partei (PS) an ihrer Ankündigung festhält, rechtliche Schritte einzuleiten.

Following José Antonio Kast's controversial remarks about his promise to expel 300,000 migrants, opposition leaders have accused him of deceit during his electoral campaign, asserting that he has instead cut essential social rights since taking office.

"Le mintió a Chile también diciendo que iba a hacer un proyecto de reconstrucción y de unidad nacional y lo que hemos visto más bien que hay un presupuesto de destrucción para las familias porque los recortes van a terminar afectándolas", señaló la diputada Gael Yeomans (FA)

The bill allows for sentence cancellation or total house arrest for offenders suffering from serious illnesses or those over 80 years of age. However, the absence of an explicit exclusion for individuals convicted of crimes against humanity and serious sexual offenses has generated significant controversy.

El proyecto de ley establece la posibilidad de cancelar la pena o cumplirla bajo reclusión domiciliaria total para condenados que padezcan enfermedades graves o que sean mayores de 80 años. Sin embargo, la falta de una exclusión expresa para quienes han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes sexuales graves ha generado una profunda controversia.

“Los respaldos son a las instituciones no a las personas, y si las personas que las dirigen están cuestionadas, no pueden seguir al mando”, señaló el legislador DC.

Senador DC insistió en aprobación de proyecto que establecen nuevas exigencias en materia de seguridad vial, pero también de protección a usuarios con seguros y cambios a bases de licitación. Iniciativa ya fue despachada desde la comisión de Seguridad.

Parlamentario DC calificó como "inaceptable" que la tienda gremialista condicione la salida de un ministro para seguir avanzando en las conversaciones sobre la reforma a las pensiones.