Lawyer Mauricio Daza argued, "It is evident that ministers who have acknowledged requesting favors from Manuel Guerra to benefit their nominations for judicial positions are not in an objective position of impartiality to resolve the chapter complaint against that ex-prosecutor, who is accused of corruption."

"Resulta evidente que ministros que han reconocido haberle pedido favores a Manuel Guerra para beneficiar su postulación a cargos judiciales, no están en una posición objetiva de imparcialidad para resolver la querella de capítulos en contra de ese ex fiscal en la que se le imputan actos de corrupción", planteó el abogado querellante Mauricio Daza.

Judges Tomás Gray and José Pablo Rodríguez, who are part of the same chamber reviewing the lawsuit against former prosecutor Guerra, admitted to personally seeking his support for their judicial nominations, raising concerns of a potential conflict of interest. Guerra's defense has successfully recused a judge from the case, resulting in a key hearing being postponed.

Los ministros Tomás Gray y José Pablo Rodríguez, de la misma sala que revisa querella contra el expersecutor, admitieron gestiones personales ante él para su inclusión en ternas judiciales lo que plantea un posible conflicto de interés La defensa de Guerra recusó a una abogada integrante de la sala, suspendiendo la audiencia clave.

Jueces piden constancias de reconocimiento por su trayectoria

Este proceso, que culminará el 1 de junio, busca romper con la tradicional elección institucional y otorgar al pueblo un papel decisivo en la renovación del Poder Judicial.

La ratificación de los topes de gasto en campañas judiciales por parte del TEPJF ha desatado un debate sobre la equidad en la contienda, al favorecer a quienes cuentan con mayores recursos para financiar su proceso electoral.

El Infonavit avanza en la investigación de irregularidades que beneficiaron a empresas, jueces y funcionarios públicos. Se estima que el valor equivalente al despojo de los trabajadores asciende a más de 29 mil millones de pesos.

El INE fijó un tope único de gastos para campañas judiciales, lo que ha sido criticado por la posibilidad favorecer a candidatos conocidos en el ámbito mediático o nacional y limitar el acceso de perfiles sin recursos o visibilidad

La falta de capacitación en perspectiva de género entre los operadores de justicia y la complicidad de las plataformas digitales mantienen en la impunidad a agresores de violencia digital, pese a los avances legales en México y América Latina