De comprobarse por resolución judicial los hechos delictivos enunciados, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tendrían la obligación moral de llegar a un compromiso para la tramitación expedita de una nulidad de la Ley de Pesca. La derogación no sería lo moralmente correcto, ya que la corrupta normativa vigente obligaría al Estado a indemnizar a los grupos económicos por la pérdida de las concesiones otorgadas por la Ley de Pesca.