La oposición social a la fracturada propuesta de reforma a la educación superior del gobierno adquiere mayor articulación. La gratuidad se debe aprobar año a año y la desbancarización del crédito no termina con el endeudamiento. La educación pública se pierde de vista como alternativa por fortalecer. Los actores de la educación construyen así un consenso: esta no es su reforma y hay que organizarse.