The Santiago Appeals Court rejected the clinic's claim and upheld a fine of 700 UTM (equivalent to just over $48 million) after determining that it demanded a signed promissory note from a patient in a "life-threatening condition," a practice explicitly prohibited by law.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de la clínica y confirmó una multa de 700 UTM (equivalente a poco más de $48 millones) tras constatar que exigió la firma de un pagaré a un paciente que cursaba un "cuadro de riesgo vital", una práctica expresamente vedada por la ley.

En la sentencia, el tribunal fue categórico al señalar que el diagnóstico inicial fue erróneo y que, pese a que la cirugía fue considerada un éxito, la paciente no logró recuperar su movilidad, quedando con discapacidad permanente.

"Qué rabia tener que sacar a nuestro vecino en una carretilla, llegó prácticamente sin signos vitales. Se llamó a Cecosf Liquiñe, solicitando ambulancia, pero responden que el paciente no es prioridad", denunció una vecina en un video que se hizo viral en redes sociales.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación formulado por la clínica en contra de la resolución de la Superintendencia de Salud que le ordenó corregir los procedimientos de atención de urgencia, tras haberle exigido la suscripción de pagaré a una paciente que ingresó al centro asistencial en riesgo vital.

El paciente apenas podía comunicarse a un ritmo extremadamente lento, pudiendo articular solo siete palabras por minuto y tras el implante logró comunicarse a una velocidad de 32 palabras por minuto.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia que había condenado a este centro médico a pagar la indemnización por daño moral a un paciente.

Mass General expresó que la intervenci{on se realizó a cabo bajo una política conocida como "uso compasivo"

Según la resolución, el efecto final fue un "daño cerebral irreversible, que lo ha mantenido con compromiso de consciencia permanente, sin recobrar actividad relacional, sin emitir lenguaje ni obedecer órdenes”

El oncólogo Manuel Álvarez fue acusado de abuso sexual reiterado contra una paciente en 2017, año hasta el cual ostentó el puesto de jefe de Oncología en la CLC. Sin embargo, el 17 de octubre, Álvarez retomó brevemente sus funciones como director del Centro de Cáncer de la clínica, y pese a que tiene prohibido el ingreso a la CLC, el médico ejerce la telemedicina en la institución con agenda abierta en lo que queda de año.