Durante esta mañana, la mandataria firmó en el Palacio de Gobierno un proyecto de reforma constitucional que pretende sancionar con la pérdida de su cargo a quienes violen las leyes de financiamiento electoral.

Más de 180.000 personas marcharon en todo Chile para exigir que en Chile la educación deje de ser un privilegio y, además, se sumó la consigna que denuncia que la corrupción que está saliendo a flote por los últimos escándalos de Penta y Caval sean el fin de una era de oscuros tratados entre la clase política y el empresariado.

Es mucho más que la simple relación corrupta entre el dinero (expresión de una realidad económica) y la política (la lucha o competencia por el ejercicio del poder político), o que el eufemismo “financiamiento de la política”, como les gusta decir a muchos analistas, lo que está en juego. La que está en crisis es la institucionalidad del Estado neoliberal que se vistió con algunos ropajes democráticos a partir de 1990. 

En el Chile actual, con graves casos de corrupción en la política, los movimientos sociales tienen el gran desafío de trabajar para sacar a todas y todos aquellos corruptos de la política, y hacer de esta un verdadero ejercicio participativo. Que no sigan decidiendo lo que Chile necesita.

El pronunciamiento ocurre en medio de cuestionamientos por haber prestado servicios particulares a la empresa Asesoría y Negocios Spa, creada por el autoproclamado recaudador de fondos de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, quien milita en el PPD y ha sido vinculado a la minera de Ponce Lerou.

Los casos Caval, Penta y Soquimich están bastante relacionados, pues ocurren en un contexto de descrédito “del sistema político y de las élites”, afirma el Dr. César Ross, académico del Instituto de Estudios Avanzados (Idea) de la Universidad de Santiago. La encuesta Barómetro, de Cerc y Mori, marcan un descenso en la credibilidad de la mandataria, los políticos y la iglesia, como síntoma claro de desconfianza social. El experto atribuye el resultado a que la opinión pública maneja información precisa a partir de documentos.

"Si los partidos quieren avanzar en acordar algo, el informe Engel deben ratificarlo y no jibarizarlo".

Cabe hacer hincapié en que esta crisis político-institucional del país tiene dimensiones nunca vistas desde la derrota de la dictadura a manos del pueblo a fines de los ochenta

Las nuevas indagaciones en los datos entregados por el SII respecto de las facturaciones realizadas a PENTA involucran a personeros del mundo político y empresarial, entre los que destacan empresas relacionadas con el senador DC Jorge Pizarro, Jovino Novoa e incluso los hijos del ex presidente Piñera Magdalena y Sebastián Piñera Morel.

Las resoluciones del juez Juan Manuel Escobar determinando prisión preventiva para los controladores del grupo Penta y Pablo Wagner por delitos reiterado tuvo un gran impacto nacional.  Pero, todo el curso de la investigación alcanzó una repercusión múltiple.  De una parte, reveló la necesidad de ampliarla a otros delitos cometidos y que las sanciones posibles de aplicar finalmente son bajas, insuficiencia que debe corregirse lo antes posible.  De otra, incidió en la renuncia del diputado Ernesto Silva a su cargo de presidente de la UDI.