La decisión judicial generó el repudio de colectivos feministas, quienes exigieron la renuncia del rector y denunciaron un trato privilegiado, especialmente en el contexto de las elecciones para la rectoría de la UAZ.

El fiscal Manuel Guerra y el abogado Julián López, defensor de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, sellaron un «acuerdo de palabra» para que los empresarios tengan un procedimiento abreviado -con cuatro años de pena remitida-, evitando así llegar a juicio oral, en caso que el tribunal acepte la salida