La iniciativa, que ahora pasó a archivo, contemplaba una norma para conceder la libertad condicional a personas condenadas que tengan 75 años o más y padezcan de una enfermedad terminal o inhabilitante.

Los exmilitares registran procesos pendientes en Chile, por lo que se dará lugar a la entrega diferida, es decir, la extradición no los eximirá de las responsabilidades penales que ellos tengan en nuestro país.

El ministro Cordero envió un oficio a la Cámara de Diputadas y Diputados en el que indicó que "no aparece como conveniente impulsar medidas que impliquen el cierre de establecimientos o el traslado masivo de personas privadas de libertad entre distintos recintos penales".

El cambio en el régimen de visitas, no le gustó a los internos, condenados por violación a los derechos humanos en dictadura, quienes en conjunto presentaron un recurso de amparo que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Patricio Castro, conocido también como el cerebro de la Cutufa, será trasladado desde el centro penitenciario de Concepción a Punta Peuco, según determinación de la Corte Suprema quien acogió recurso del condenado, quien debe cumplir 20 años de presidio en calidad de autor de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita en el marco de la causa conocida como “Operación Alfa Carbón”

Investigación de Fast Check accedió a los montos de pensión entregados en enero de 2024 a Miguel Krassnoff Martchenko, Raúl Iturriaga Neumann, Pedro Espinoza Bravo, César Manríquez Bravo, José Zara Holger y Carlos Herrera Jiménez.

Parlamentaria RN emitió sus dichos en un programa de conversación de Radio Agricultura, con Checho Hirane en la conducción.

Exmilitar está preso en Punta Peuco, condenado a cerca de 200 años de cárcel por diversos delitos de lesa humanidad, con crímenes cometidos en las operaciones Cóndor y Colombo, en Villa Grimaldi Principal y "La Venda Sexy". También estuvo involucrado en el asesinato del excomandante en Jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en 1974.

Distintos expertos han alertado que, en caso de aprobarse la propuesta, ésta permitiría al próximo presidente detener personas en lugares que no son cárceles, además de volver inconstitucional los sistemas públicos de salud y de pensiones.

En total, se recibieron 2.013 solicitudes a nivel nacional, de las cuales solo se acogieron el 0,99%.