La burguesía no logra calibrar sus equipos gobernantes y parecen muy lejanos los días de la generación dorada de la Concertación. Una nueva dictadura se forja a martillazos y su épica «democrática» parece sacada de una narración infernal de H.P. Lovecraft.

El fallo impugnado ordenaba a Gendarmería de Chile contratar un médico de planta y disponer de una ambulancia para atender las necesidades de salud de los reos, medidas que implicaban el uso de fondos fiscales no autorizados, lo cual según determinó la Suprema, excede las atribuciones de la Corte de Apelaciones.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó que Gendarmería deberá disponer de un médico de planta y una ambulancia en el caso que se requiera el traslado de alguno de los internos de Punta Peuco a un centro de salud.

Los oficiales en retiro del Ejército Pedro Santiago Collado Martí y Conrado Vicente García Giaier, deberán cumplir cadena perpetua en el penal de Punta Peuco por los delitos perpetrados contra 34 personas detenidas durante al dictadura de Augusto Pinochet.

La inmoralidad de la derecha no tiene límites ni fronteras, su doble moral es impresentable; leyes para proteger las AFP; leyes para reprimir la protesta social, leyes y platas para fortalecer a las Fuerzas Armadas; leyes para proteger a las empresas privadas, y, nuevamente, a los uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad intentan lavarles la imagen.

Aunque en primera instancia Bomberos informó que el incendio se habría registrado en el penal, posteriormente se aclaró que las llamas iniciaron en una dependencia contigua.

La iniciativa, que ahora pasó a archivo, contemplaba una norma para conceder la libertad condicional a personas condenadas que tengan 75 años o más y padezcan de una enfermedad terminal o inhabilitante.

Los exmilitares registran procesos pendientes en Chile, por lo que se dará lugar a la entrega diferida, es decir, la extradición no los eximirá de las responsabilidades penales que ellos tengan en nuestro país.

El ministro Cordero envió un oficio a la Cámara de Diputadas y Diputados en el que indicó que "no aparece como conveniente impulsar medidas que impliquen el cierre de establecimientos o el traslado masivo de personas privadas de libertad entre distintos recintos penales".

El cambio en el régimen de visitas, no le gustó a los internos, condenados por violación a los derechos humanos en dictadura, quienes en conjunto presentaron un recurso de amparo que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago.