Los tribunales de justicia han establecido que cuando apliquen la medida de no renovar la matrícula para el año siguiente, se aseguren primero de que no están incurriendo en una discriminación socioeconómica, que está prohibida por ley.

El ministro de Seguridad ha propuesto que los conflictos estudiantiles sean considerados delitos penales, sin considerar otras dimensiones del problema educacional, tales como la ausencia de perspectivas de futuro del estudiantado, ni el incremento de alteraciones de salud mental, entre otros aspectos.

Ningún país que pretenda llamarse democrático y desarrollado puede tolerar que su riqueza se siga construyendo sobre la precariedad y la muerte de su pueblo trabajador para beneficio de unos pocos capitales extranjeros y algunas familias herederas de la dictadura militar.

Cecilia Morel se suma a otros miembros de la familia Piñera que ya habían manifestado su apoyo económico a la candidata de Chile Vamos. Magdalena Piñera Morel, hija del fallecido mandatario, donó $8 millones, mientras que Pablo "Polo" Piñera, hermano menor del expresidente, aportó $1 millón.

Un oficial de Prefectura fue identificado como el autor del disparo que provocó una lesión irreversible en el rostro de un manifestante que fue víctima de la brutal represión policial registrada el 12 de marzo en Argentina. Un caso de violencia policial amparado por un manual que Javier Milei parece haber importado del Sebastián Piñera y que incluye disparos a la cara y uso de armas “no letales” que han causado víctimas de trauma ocular.

Documentos oficiales y reportes internacionales confirman que las principales bandas criminales que hoy operan en Chile, incluidos carteles mexicanos, colombianos y el Tren de Aragua, ingresaron entre 2018 y 2021, durante el gobierno de Sebastián Piñera. Filtraciones de 2022 ("Guacamaya") ya alertaban sobre decenas de miles personas detectadas cruzando ilegalmente en fronteras norteñas bajo su administración, lo que fue ignorado, evidenciando fallas en control migratorio e inteligencia.

“Habitualmente -los nombres- de los puentes ferroviarios son donde están ubicados. Esa situación así creemos que se va a mantener”, señaló el gerente general de EFE Sur, Nelson Hernández, durante una inspección a la obra.

La Corte Suprema ordenó al Estado pagar $1.500 millones a la constructora Azvi por el puente Cau Cau. La obra, aprobada en el gobierno de Piñera, sigue generando costos millonarios y vergüenza pública.

La falta de avances en acciones significativas, así como el sostenido y creciente sentimiento de abandono del Estado por parte de las víctimas y sus familias son una deuda que debe molestar a la ciudadanía, porque es un incumplimiento no solo al programa de gobierno que la mayoría del país votó, sino que al imperativo moral de que no es correcto el daño que se les realizó por acción y ahora por omisión.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, detalló que no existe justificación para mantener cárceles exclusivas para violadores de derechos humanos y que los traslados serán evaluados uno a uno.