El fisco deberá pagar una indemnización de $50 millones por concepto de daño moral a la víctima que fue detenida y torturada en 1980 por agentes de la CNI; más $20 millones por repercusión a su cónyuge e hijos.

El tribunal señaló que una persona que estuvo detenida ilegalmente por más de 5 meses y fue objeto de torturas y apremios ilegítimos, debió sufrir daños, tanto físicos como psicológicos, que el Estado debe reparar.

El Vigesimonoveno Juzgado Civil de Santiago rechazó las excepciones de reparación integral, pago y prescripción alegadas por el fisco, al establecer que el demandante fue víctima de un crimen de lesa humanidad.

Durante los interrogatorios, el soldado fue víctima de patadas, insultos, golpes en la nuca, en las costillas y en los testículos, así como de descargas eléctricas. Incluso fue sometido a un simulacro de fusilamiento.

Los 6 agentes de la CNI fueron condenados por su responsabilidad en los delitos consumados de homicidio calificado de Gilberto de las Mercedes Victoriano Veloso y aplicación de tormentos a Pablo Jury Guerrero González en 1985.

El Fisco deberá pagar una indemnización a Juan Francisco Muñoz, quien fue detenido y sometido a torturas por agentes del Estado en 1973, 1986 y 1987, que incluyeron agresiones con cadenas, fierros y palos. Asimismo, sufrió heridas y descargas eléctricas en sus genitales, lo que le provocó secuelas que se mantienen hasta el día de hoy.

El 21°Juzgado Civil de Santiago estableció que los nueve marinos demandantes fueron "víctimas de un delito de lesa humanidad ocasionado por el actuar de agentes del Estado".

El universitario simpatizante del MIR fue encerrado, interrogado y torturado mediante diversas técnicas, que incluyeron golpes de puño y patadas, así como la aplicación de corriente eléctrica en diversas partes del cuerpo, incluyendo genitales.

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó la indemnización por daño moral, que deberán recibir por parte del fisco, Alen Lobos Sánchez, Waldo Milton Cruz Navarrete, Fernando Segundo Cava Zapata, Manuel Jesús Maulén Loyola, Victoria Guillermina Vicuña Llaitul y Sonia Paz Ramírez Kraljevich, quienes fueron detenidos y sometidos a torturas perpetradas por agentes del Estado, en diversos periodos tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

"Los golpes con puños y palos se sucedían de manera constante. Sin embargo, el punto culminante de esta brutalidad fue la aplicación del llamado submarino (...) la sensación de ahogo y terror que esta práctica generaba es inenarrable, y marcó un episodio de sufrimiento que quedó grabado en mi memoria de manera permanente", relató la víctima de las torturas.