Familias enfrentan una orden de expulsión para febrero de 2027, por lo que realizaron una manifestación en Valparaíso donde dieron a conocer acciones judiciales en contra del desalojo: "Sus políticas, sus programas de vivienda, sólo son útiles para mantener a funcionarios, y enriquecer a empresas que licitan catastros y análisis socio territoriales. Por lo que hemos visto, la lucrativa burocracia de la vivienda no descansa hasta que se realicen los desalojos con fuerza militarizada", cuestionó el dirigente Braulio Bulnes.

Los recursos permitirán financiar infraestructura para organizaciones religiosas, incluyendo espacios para culto, talleres, reuniones y actividades comunitarias, mientras miles de familias organizadas en comités de vivienda, continúan esperando soluciones habitacionales y mayores recursos para enfrentar el déficit que persiste en Chile

Informe de la Red de Derechos Humanos y Desalojos de Chile, actualizado a julio de 2026, identifica 99 campamentos actualmente bajo amenaza y 83 asentamientos desalojados desde 2019. En conjunto, 21.580 familias pertenecen a campamentos que han sido desalojados o que permanecen bajo amenaza. El sondeo advierte que, lejos de disminuir, el fenómeno se ha intensificado y reconfigurado territorialmente.

Actualmente, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 elaborado por la misma organización, existen 1.428 campamentos en Chile, donde viven 120.584 familias, una cifra que evidencia la magnitud de la crisis de acceso a una vivienda adecuada.

"El uso desregulado del suelo tiene a las inmobiliarias con sobre stock sin bajar sus precios, a un pequeño grupo de propietarios de clase media ahogados con sus dividendos en UF, y una mayoría que paga arriendos cada día más caros. Esta realidad debe ser cuestionada", afirmó la parlamentaria frenteamplista.

Más allá de la contingencia, la profesora del Departamento de Antropología de la U. de Tarapacá, Paola Díaz, se refiere a algunos factores no abordados de la problemática que se vive en la zona norte de Chile

Kast indicó que el objetivo es impedir que esos espacios vuelvan a ser ocupados una vez que las familias sean retiradas y advirtió que no descarta el uso de medidas legales para concretar los desalojos

Pronunciamiento judicial se enmarca en las acciones emprendidas por la Constructora San Sebastián, a cargo del proceso de construcción objetado por Poduje. Desde el Congreso, la diputada Ana María Gazmuri destacó que el fallo "contradice la versión del Minvu, que sostenía que se podía demoler y hacer peritajes al mismo tiempo".

Abogado de las familias afectadas informó que las acciones judiciales "imputan los presuntos delitos de prevaricación administrativa reiterada, falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento público". "Las medidas adoptadas por el ministro son injustificadas, ya que diversos expertos, entre ellos el Premio Nacional de Arquitectura Cristian Castillo, y los informes del IDIEM encargados por la autoridad, no recomiendan demolición", remarcó el jurista.

Investigación liderada por el académico de la U. Católica de Temuco, Félix Rojo Mendoza, reveló que en la última década esta migración ha aumentado y comienza a incidir en la dinámica demográfica de distintas comunas del sur. Además, si bien la población rural disminuye en términos generales, el estudio identifica territorios donde esa caída resulta menor o incluso se revierte gracias a la llegada de personas desde áreas urbanas.