A 50 años del Golpe de Estado: Las sombras de Patricio Aylwin

Por Jorge Molina Araneda

A menos de cinco meses de conmemorarse los 50 años del Golpe de Estado y el consiguiente quiebre institucional, es menester efectuar una somera revisión crítica respecto de la figura de uno de sus protagonistas, más aún cuando un 19 de abril se rememoran los siete años de su partida física.

Nos referimos al expresidente Patricio Aylwin.

La figura de Aylwin, homenajeado con una estatua en la Plaza de la Ciudadanía, no logró consolidar una imagen de apoyo transversal, especialmente luego de que mostrara una visión favorable al Golpe de Estado efectuado en 1973 y ser uno de los opositores más destacados de la Unidad Popular (UP).

En una declaración pública a la prensa extranjera, el 17 de septiembre de 1973, Aylwin dijo que ‘el gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la vía chilena hacia el socialismo, y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura Comunista‘.

El expresidente también afirmaba que la Unidad Popular había internado en el país miles de armas, con las que podría desarrollar un ejército paralelo: ‘Un poder de fuego equivalente a 12 regimientos regulares y con la presencia activa de más de diez mil extremistas extranjeros‘, señaló el por ese entonces presidente de la Democracia Cristiana (DC).

Por estas razones, Aylwin justificó lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973: ‘La acción de la FF.AA. simplemente se anticipó a ese riesgo (autogolpe) para salvar al país de caer en una guerra civil o una tiranía comunista‘.

Lo anterior demuestra a un Aylwin citando casi textualmente los lineamientos principales del “Plan Z”, inventado por la dictadura por esos días para justificar la matanza.

En el minuto 1:47 de su entrevista a la prensa internacional, que está en YouTube, el futuro mandatario entrega un dato sorprendente, que solo existe en su mente pero que él cita con total seguridad. Ante la pregunta del periodista ‘¿cree usted que el resentimiento de algunos sectores, por ejemplo, el 44% de la última votación, puede impedir la restauración nacional, la reconstrucción nacional?‘, Aylwin respondió:

‘Sobre ese particular, en primer lugar, yo le aclararía que de ese 44% que votó por la Unidad Popular en marzo último en unas elecciones en que indudablemente hubo fraude electoral y, en consecuencia, ese porcentaje electoral debe ser menor (…) No permanecían a esta altura adictos a la Unidad Popular arriba de un 30%1.

¿De dónde sacó esa cifra Aylwin? No se sabe. El 44% es oficial y real, pero ese 30% ¿de dónde salió? La respuesta es simple: de su mente. Se la inventó no más, así, al boleo, al igual que su teoría del fraude en las parlamentarias de marzo de 1973. Nunca hubo ninguna prueba de aquello.

Por otro lado, otra infortunada frase declarada por Aylwin fue cuando afirmó que prefería una dictadura liderada por militares chilenos a una marxista: ‘Entre una dictadura marxista y una dictadura de nuestros militares, yo elegiría la segunda‘, señaló a The Washington Post.

La DC y en concreto Patricio Aylwin (su presidente desde mayo de 1973) y Eduardo Frei Montalva (presidente del Senado desde aquellas mismas fechas), tienen una grave responsabilidad en el Golpe de Estado del 11 de septiembre.

Ya a mediados de septiembre de 1970, Frei envió mensajes muy claros a la Casa Blanca sobre el peligro que para sus intereses geoestratégicos representaría el futuro gobierno de Allende, mientras personas de su círculo más próximo promovían un especie de ‘golpe blando’ que detuviera el proceso institucional que iba a derivar en la elección de Allende por el Congreso Pleno, con el apoyo oficial por cierto de la DC, presidida entonces por Benjamín Prado.

Además, cuando en diferentes oportunidades el Presidente Allende y la dirección de la DC encabezada por Renán Fuentealba buscaron un acuerdo político que allanara el cauce institucional a la ‘vía chilena al socialismo’ y detuviera la polarización del país, el sector afín a Frei logró abortar aquel entendimiento. Por ejemplo, en junio de 1972.

Y, como el propio Frei aseguró en privado en diversas ocasiones (ante Gabriel Valdés y Bernardo Leighton, por ejemplo), algunos de los oficiales de las Fuerzas Armadas que preparaban el Golpe le mantenían al corriente de aquellos preparativos.

Por su parte, Aylwin fue elegido presidente de la DC en mayo de 1973 con la consigna de no dejar pasar una al gobierno de la UP. Y así fue. Cuando a fines de julio, respondiendo al dramático llamado del cardenal Raúl Silva Henríquez, se abrió el último diálogo entre Allende y Aylwin, este le exigió una capitulación en toda regla: le demandó que cediera el poder político a las Fuerzas Armadas.

A cambio de una tregua, reclamó a Allende que se convirtiera en González Videla, que traicionara a los partidos que sustentaban su gobierno y al movimiento popular. En aquellos días existieron contactos indirectos entre Aylwin y los generales que preparaban el golpe desde el llamado ‘Comité de los 15’.

Cerrada la vía del diálogo por Aylwin (no por el Presidente Allende), la DC decidió «golpear» las puertas de los cuarteles (como insistentemente hacía Patria y Libertad desde 1971 y demandaba el Partido Nacional desde octubre de 1972) con la declaración aprobada por la Oposición en la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, cuya redacción final pulió Aylwin aquella misma mañana.

Como se sabe, aquella declaración llamaba a los comandantes en jefe (integrantes entonces del gobierno) a desconocer la autoridad del Presidente de la República.

Además, el 10 de septiembre de 1973, tanto Frei como Aylwin fueron informados de que en cuestión de horas las Fuerzas Armadas se sublevarían contra el gobierno constitucional. No informaron, como era su deber republicano, al Presidente Allende, quien sí estuvo al lado de Frei cuando el general Roberto Viaux se sublevó el 21 octubre de 1969 (Tacnazo).

Luego, el 12 de septiembre apoyaron públicamente el Golpe de Estado con la declaración oficial de la DC, de la que solo se desmarcaron finalmente trece dirigentes, que encabezados por Bernardo Leighton suscribieron otra de condena del Golpe y de respeto a la memoria de Allende (13 de septiembre).

El documento también había sido firmado originalmente por José Piñera Carvallo (padre de Sebastián Piñera), sin embargo, al mediodía de la misma fecha pidió retirar su firma del documento, lo cual quedó solucionado mediante un trozo de papel que cubre la firma de Piñera en el extremo inferior derecho de la declaración.

Nunca como entonces quedaron en evidencia las dos almas de la Democracia Cristiana. En numerosas ocasiones Frei y Aylwin habían proclamado públicamente que se oponían a un Golpe de Estado, pero cuando se produjo lo apoyaron y justificaron abiertamente.

Aylwin tenía memoria selectiva. Porque primero olvidó que Allende no fue causa, sino heredero de problemas estructurales. Chile ya estaba en conflicto por las pésimas políticas sociales y económicas aplicadas durante el gobierno de Jorge Alessandri y sobre todo por Eduardo Frei Montalva, por lo que es históricamente una injusticia decir de Allende que ‘terminó demostrando que no fue buen político, porque si hubiera sido buen político no habría pasado lo que le pasó‘.

¿Acaso Allende tuvo reales oportunidades de gobernar? Sabemos, porque ya está probado, que apenas se supo que Allende tenía la mayoría de votos, el presidente estadounidense Richard Nixon y su secretario Henry Kissinger comenzaron a planear su derrocamiento.

El hecho de que Aylwin dijera que ‘el Golpe se habría producido sin la ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos lo empujó, pero la mayoría del país rechazaba la política de la Unidad Popular, eso era evidente‘, es una falacia que está más que desmontada por los mismos norteamericanos.

Los Documentos Secretos de la ITT, los informes de la Comisión Church, los documentos desclasificados bajo la ley FOIA, el Informe Hinchey y otros textos oficiales, demuestran que Estados Unidos orquestó el Golpe, y no fue con los militares (porque ni René Schneider ni Carlos Prats ni varios otros militares quisieron involucrarse); fue con la Democracia Cristiana, con la que tenía viejos nexos vía la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con otros partidos de derecha y ultraderecha (como Patria y Libertad) y con Agustín Edwards que, con la tribuna de El Mercurio y otros medios, encauzaron todo hacia el Golpe Militar.

Tomemos en cuenta que ninguno de estos textos tiene como objetivo desprestigiar a la DC, sino desvelar el papel de Estados Unidos en los hechos ocurridos en Chile. Y si ellos mismos han reconocido que derrocaron a Allende, ¿por qué Aylwin se negó a creerlo? Cuando las pruebas son abrumadoras, como lo son en este caso, se hace imposible seguir mintiendo, que es lo que hizo Aylwin: ‘En el Golpe de Estado, la DC no tuvo ninguna participación. Eso puedo asegurarlo de manera absoluta, en conciencia‘. 

Por supuesto que miembros del partido demócratacristiano participaron, lo instigaron y, peor, lo celebraron. Querían a Allende derrocado. Lo que posiblemente no esperaron es que ocurriría lo que pasó posteriormente. Es más, está demostrado que entre 1963 y 1973, Estados Unidos le dio a la DC 20 millones de dólares.

Que Aylwin persistiera en repetir que no fue así o que él no lo supo, es incomprensible, porque ni siquiera en su propio partido lo han podido negar. Ya en el año 2000, cuando Aylwin dijo algo parecido, Adolfo Zaldívar señaló que ‘puede ser que él no haya sabido, pero yo creo que nadie en la Democracia Cristiana puede sostener seriamente que la DC no recibió, al igual que otros partidos que estaban en la oposición, en la situación que nos encontrábamos, apoyo de fuentes o de organismos como éste  [CIA] y otros‘.

Aylwin no pudo borrar su conexión con hechos muy oscuros de la historia de la DC simplemente alegando ignorancia, porque ¿qué clase de presidente de partido fue que no sabía nada?

Revisemos ahora algunos hechos que empañan aún más la figura pública del exmandatario:

-Carmengate

El 5 de octubre de 1988 ganaba la opción NO en el plebiscito de aquel año, siendo derrotado Augusto Pinochet en su intento de extender su gobierno por 8 años más. Pocas semanas después, los principales partidos políticos chilenos ya iniciaban reuniones para definir sus candidatos para la elección presidencial del año siguiente.

Dentro de la opositora Concertación de Partidos por la Democracia, de la que el PDC era parte, se sobreentendía, por las condiciones políticas de la transición, que el candidato de ese partido de centro sería necesariamente el representante de la coalición (y virtual ganador) en la próxima elección presidencial.

El 24 de octubre se reunió la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, el partido más grande de ese momento, para fijar la fecha de las primarias internas, en las que competirían Gabriel Valdés, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ya ese día los aylwinistas dieron muestra de su fuerza entre los mandos medios del partido.

Intentando evitar la elección primaria, Andrés y Adolfo Zaldívar, Eliana Caraball, Ramón Briones y Gutenberg Martínez, entre otros, presentaron las firmas de 34 de los 46 presidentes provinciales del PDC, y argumentaron para que Aylwin fuera proclamado candidato presidencial sin más trámite. Pero una álgida oposición de otros dirigentes impidió que los aylwinistas cumplieran su cometido de evitar la primaria en esa jornada.

Finalmente la primaria se realizó y dio por ganador a Aylwin. Pero el escándalo se desató cuando, el 27 de noviembre de 1988, los seguidores de Frei y Valdés denunciaron que había serias irregularidades en las inscripciones de 5.000 votantes.

Los denunciantes responsabilizaron de la situación a la «División de Organización y Control» del partido, dirigida por el aylwinista Gutenberg Martínez. Aun más, se había descubierto in fraganti a dos militantes de la DC en el octavo piso de la sede central partidaria, ubicada en Carmen 8, adulterando los padrones electorales a favor de Aylwin.

El descubrimiento ocurrió mientras el responsable del proceso, Gutenberg Martínez, se encontraba físicamente en el primer piso del edificio. Según versiones de prensa, quien sorprendió a los militantes fue el futuro diputado Jorge Burgos. Uno de los adulteradores era Juan Osses, mientras que la identidad del otro, dependiendo del medio, aparece como Claudio Soto o Eugenio Yánez.

Posteriormente, tras la muerte de Marcelo Rozas, un dirigente DC cercano a Gutenberg Martínez, fue recogida en la prensa la versión de que Rozas había estado altamente involucrado en el «Carmengate», a partir de su amistad con Martínez.

Unos días después Frei Ruiz-Tagle solicitó mediante una carta a Patricio Aylwin la suspensión de las elecciones y una auditoría administrativa interna, a lo que este respondió calificando como ‘impertinentes sus reflexiones acusadoras‘. Agregó el 12 de diciembre: ‘¿Por qué voy a renunciar si he ganado las elecciones?‘

Luego, siguieron una larga serie de negociaciones entre las partes, donde actuó como mediador el sacerdote Percival Cowley (futuro capellán católico de La Moneda).

El 5 de febrero de 1989 se reunió la Junta Nacional del PDC en la Casa de Ejercicios Sagrado Corazón, de Talagante. En las negociaciones que surgieron durante la cita, se levantó la candidatura de Andrés Zaldívar (cercano a Aylwin) como candidato de consenso.

Después de esto, Gabriel Valdés anunció el retiro de su postulación. Aylwin respondió ofreciendo la bajada de su precandidatura, siempre que Frei y Zaldívar hicieran lo mismo. Pero, cuando los dos competidores formalizaron su renuncia, él no lo hizo.

En medio de este escenario, finalmente Valdés terminó por proclamar a Aylwin como candidato del partido.

El periodista Juan Pablo Cárdenas ha testimoniado que Belisario Velasco se jactó en su presencia de haber sido llamado por Aylwin a la subsecretaría del Interior en 1990, debido a que contaba con pruebas ‘contundentes‘ del «Carmengate» en una caja fuerte:

‘Una de las grandes sorpresas en el gabinete de Aylwin fue el nombramiento de Belisario Velasco como subsecretario del Interior. La relación entre ambos siempre había sido como el aceite y el vinagre, de manera que cuando lo fui a felicitar a La Moneda -antes de la peripecia de Análisis-, le expresé mi sorpresa:

-Y, ¿cómo puede explicarse tu designación, Belisario?

-Por lo que tengo allí en esa caja fuerte… las pruebas contundentes del Carmengate…‘ (Un peligro para la sociedad. Testimonio de un periodista que incomoda al poder, Juan Pablo Cárdenas).

-Campaña sobre el Sida

En otra temática, llama la atención una misiva enviada por el mandatario el 7 de julio de 1993 a monseñor Jorge Medina Estévez, entonces obispo de Valparaíso y quien luego se convertiría en cardenal de la Iglesia Católica.

En ella Aylwin responde a una carta que el religioso le había remitido meses antes respecto a la mencionada campaña gubernamental sobre el SIDA, enfatizándole el mandatario que le era «grato» informarle que en el programa de prevención de la enfermedad ‘no se contempla ni realiza la entrega masiva de preservativos‘.

Luego, Aylwin agrega que una vez que conoció el spot que había criticado Medina, había manifestado su ‘desacuerdo con el contenido (…), lo que determinó la decisión del Ministro de Salud de eliminarlo de la publicidad‘.

Junto con ello, Aylwin le hace hincapié al religioso en que había dado ‘instrucciones para que (…) se enfaticen valores tales como la fidelidad conyugal, la espiritualidad del amor y el desarrollo del carácter para hacer prevalecer la conciencia sobre los instintos‘.

En otra carta, escrita por Patricio Aylwin y dirigida días antes, el 5 de julio, al entonces ministro de Salud, Julio Montt, el mandatario manifiesta su rechazo a los spots de la campaña contra el SIDA, señalándole que los habían visto con su esposa y que ‘salvo dos o tres, ninguno deja otro mensaje que no sea el uso de preservativos‘.

‘Ni un llamado al valor de la fidelidad en la pareja, ni menos a procurar ser dueño de uno mismo y no dejarse manejar por los instintos. Me dio mucha pena (…) Si no somos capaces de elevar su contenido, me inclino a concluir esa campaña‘, agrega en el documento el Presidente.

Tras ello, Montt le responde un día después a Aylwin en otra misiva, en donde junto con asumir su «responsabilidad», el ministro le hace ver que en una serie anterior de la campaña en cuestión realizó «modificaciones importantes» en función de que ‘si bien debía mostrarse grados de realidad, era importante afirmar algunos valores relacionados con la familia y debían ser respetuosos y con mucho amor‘.

-Ley minera

Por otra parte, el diario La Segunda del 15 de junio de 1984 titulaba: ‘DC pide derogar ley minera‘, dando cuenta de un conferencia de prensa de ese partido con la participación de Gabriel Valdés, Radomiro Tomic y Renán Fuentealba.

La ley que la DC se comprometía a derogar era la ley minera creada por José Piñera Echenique en 1982, que creaba la concesión plena, al hacer prácticamente imposible la expropiación de un concesionario minero por parte del Estado.

Valdés, Tomic y Fuentealba era dirigentes de mucho peso, lo que explica la posición tan decidida de este partido por derogar la ley minera cuando llegaran al poder. Esta posición fue una de las razones por la que las mineras extranjeras no invirtieron en Chile durante los años ochenta, salvo La Escondida, a pesar de las garantías que les entregaba la ley minera.

Antes de ser ungido oficialmente Presidente de la República, Aylwin ya había desechado completamente la política que había sustentado el PDC de derogar la ley minera y de propender al desarrollo nacional de la minería.

El Premio Nacional de Literatura y experto en derecho minero Armando Uribe, en su libro Carta Abierta a Patricio Aylwin, da cuenta de una reunión que como Izquierda Cristiana tuvieron él, Luis Maira y Juan Enrique Miquel, con el electo pero aún no asumido Presidente.

Armando Uribe le preguntó al Presidente electo cuándo se derogaría la ley minera. La respuesta de Aylwin fue llevarse la mano a la boca atravesando sus labios con el dedo índice, indicándole con ello, que sobre el tema de derogar la ley minera había que guardar silencio.

Pero Aylwin no solo guardó silencio sobre la ley minera, sino que envió proyectos de ley para favorecer directamente la inversión extranjera en la minería, permitiendo que estas empresas se llevaran millones de toneladas de nuestro cobre, más el oro, la plata, el molibdeno, renio, etc., sin pagar impuestos en Chile.

Es así como, 29 días después de iniciada su presidencia, Aylwin envió su primera reforma tributaria, que devendría 3 meses después en la Ley 18.985, cuyos objetivos centrales eran aumentar «provisoriamente» el IVA de 16% a 18%, y el impuesto de primera categoría de 10% a 15%.

Pero a la vez, esta reforma contemplaba modificaciones a la tributación minera, que pasaron como la letra chica de los contratos de seguro, porque no fueron discutidas ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, pero fueron aprobadas.

Estas modificaciones fueron:

1) Se cambió la tributación minera, de Renta Presunta a Renta Efectiva.

En la renta presunta la ley presume la renta o utilidad en base a las ventas, independientemente de si hay utilidades o no. El impuesto variaba entre 4 y 20 por ciento de las ventas, en función del precio internacional del cobre. En la práctica, el impuesto de Renta Presunta operaba como un Royalty y ninguna minera podía escapar a su pago, desde el momento que vendía minerales.

En 1990, la Ley 18.985 determinó que las empresas que exportaran más de 36 mil toneladas de mineral al año (alrededor de 720 toneladas de cobre fino), ya no tributarían en renta presunta sino en renta efectiva, es decir, que el impuesto se pagaría solo en caso de las empresas tengan o declaren utilidades.

La diferencia es fundamental. Con la renta presunta las mineras pagaban impuesto a la renta desde la primera tonelada que vendiesen, mientras que con la renta efectiva podían exportar millones de toneladas, sin pagar un peso de impuesto: bastaba que no declararan utilidades.

Por esta razón, hasta el año 2004, salvo La Escondida, todas las demás mineras no pagaron un solo peso de impuesto a la renta, y se llevaron alrededor de 30 millones de toneladas de cobre fino, más el oro, y el resto.

2) Se eximió de impuesto a la renta la venta de pertenencias mineras.

Antes de esta ley, las ventas de pertenencias mineras debían pagar impuesto a la renta. Con el objeto de incentivar a los chilenos a vender sus pertenencias mineras a las transnacionales, con la Ley 18.985 se les eximió de este impuesto. Así, por ejemplo, se constituyó el yacimiento Candelaria, con la compra de pertenencias a los mineros de Tierra Amarilla, y el yacimiento Pascua-Lama, en Alto el Carmen.

3) Se creó el costo de pertenencia.

La ley minera establece que el concesionario tiene derecho a adueñarse del mineral extraído, mas no de las reservas, pues estas pertenecen al Estado. Sin embargo, esta ley estableció que la disminución de las reservas, fruto de la explotación del yacimiento, era una pérdida de valor no para el dueño de las reservas, el Estado, sino para el concesionario minero.

Esto permitió a las empresas mineras pudieran agregar un costo intangible a sus resultados, precisamente para que no tuvieran utilidades.

Estos cambios a la tributación minera no estaban en el programa presidencial de Aylwin, ni en el programa de ningún partido de la Concertación, y nunca fueron debatidos en ningún lugar, sin embargo fueron aprobados. Es un verdadero misterio cómo estas modificaciones fueron aprobadas sin discusión alguna en el Congreso Nacional. Fue una operación secreta de las mineras extranjeras, no ajenas al triunfo de Aylwin en el Carmengate.

Gracias a estos cambios tributarios llegaron, masivamente, las transnacionales mineras a Chile. Tenían la seguridad de llevarse todo el cobre que quisieran sin pagar impuestos.

Así, las mineras extranjeras, esencialmente Mantos Blancos y La Disputada, que en 1989 producían apenas 190 mil toneladas de cobre, diez años después, en 1999, produjeron 2,9 millones de toneladas, 15 veces más que al terminar el régimen de Pinochet.

Esto generó a una sobre oferta colosal en el mercado mundial del cobre, lo que hizo bajar su precio de US$1,5 la libra en 1989, a solo US$0,63 la libra en 1999.

Con esta terrible caída del precio del cobre, a causa de la sobre producción mundial generada desde Chile, los excedentes que Codelco aportaba al país, pasaron de US$ 2.300 millones en 1989, a solo US$ 269 millones en 1999, una catastrófica caída de 9 veces de los ingresos que el Fisco recibía del cobre.

Esto quiere decir que la política implementada en la gran minería, no solo permitió que las mineras extranjeras no pagaran impuestos, sino que además destruyó los ingresos que el Estado percibía del cobre, que dejó de ser el sueldo de Chile.

Pero eso no es todo. El gobierno de Aylwin promulgó otras leyes para continuar con la desnacionalización de la gran minería del cobre y su entrega a las transnacionales extranjeras.

En mayo de 1992, la Ley 19.137 permitió el traspaso a las trasnacionales mineras de los yacimientos de Codelco que no se encontraban en explotación. Con esto, Aylwin se sitúa a la derecha de la propia dictadura militar, que en 1976, con el DL 1.167 había prohibido constitucionalmente la venta de concesiones mineras de Codelco.

Por esta última razón, la Ley 19.137 es abiertamente inconstitucional, pero como se aprobó en un gran abrazo entre la Derecha y la Concertación, nadie recurrió al Tribunal Constitucional. En lo concreto, esta ley permite que Codelco se asocie con empresas transnacionales traspasándoles sus pertenencias mineras.

De esta manera, en 1994 se vendió El Abra en US$ 330 millones, pero posteriormente, en el gobierno Frei Ruiz Tagle, se traspasaron gratuitamente más de 300 mil hectáreas de pertenencias mineras de Codelco a diferentes transnacionales mineras. Todo gracias a la Ley 19.137 de Aylwin.

En 1993, la Ley 19.207 modificó el DL 600, estableciendo una rebaja en la tasa de impuesto de la invariabilidad tributaria de 49.5% a 42%, lo que estaba dirigido a favorecer principalmente a las mineras extranjeras.

En diciembre de 1993, la Ley 19.270 establece la exención de impuestos a los pagos por asesorías técnicas, publicidad, asesorías legales, análisis de mercado, investigación científica y tecnológica y otros, realizadas por empresas o consultoras internacionales, lo que discriminaba a las consultoras nacionales a las cuales no se aplicó esta exención.

Esta ley perseguía que las mineras extranjeras pudieran justificar «aumentos de costos» en el extranjero, para no declarar utilidades y no pagar impuesto a la renta en Chile.

Con Gabriel Valdés a la cabeza, la Democracia Cristiana postulaba derogar la ley minera y desarrollar la minería nacional. Esta es una de las hipótesis del por qué fuerzas oscuras actuaron en el Carmengate y sacaron a Gabriel Valdés de la carrera presidencial.

Patricio Aylwin se convirtió en el Presidente de Chile para así entregarle, entre gallos y medianoche (Ley 18.985) nuestro cobre a las transnacionales extranjeras.

-Relaciones cívico-militares

En el plano ético es notable el abandono que se hace de los principios. El Presidente Aylwin se declaró partidario de la ética de la responsabilidad al señalar que ‘se hará justicia en la medida de lo posible‘, y aceptó como gran solución a las violaciones de los derechos humanos que se publicara un informe con «la verdad», en el cual hay todo tipo de concesiones, como la de considerar por igual la violencia política de personas o grupos con las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado o bajo su amparo o protección, y no se hizo ninguna referencia a la tortura, que había sido el instrumento central del control social de la dictadura.

El razonamiento weberiano que hay detrás de esta política es la de realizar exclusivamente actos que no impliquen reacciones que generen situaciones más graves que las que se pretende solucionar, es decir, si ha habido tantas violaciones a los derechos humanos, su denuncia o procesamiento judicial puede provocar una reacción de los militares de tal envergadura que estos crímenes se multipliquen.

El resultado es establecer la impunidad a esas violaciones y como subproducto, paralizar cualquier investigación en el plano de la corrupción que provoque reacciones similares. La receta es el olvido.

En estas condiciones, se mantenía oculta la vigencia de los cánones de corrupción de la dictadura. Como había alguna libertad de prensa (aunque las leyes de control de prensa seguían vigentes) se empezaron a develar algunos hechos de corrupción que sumados a la corrupción vigente en América Latina empezó a obligar a la dirigencia política a preocuparse del tema.

Pero, había factores que condicionaban tanto a los partidarios del gobierno como de la oposición. Muchos partidarios del gobierno consideraban que denunciar la corrupción era atacar la democracia y no entender su fragilidad. A su vez, muchos miembros de la oposición creían que convenía ‘mejor no menearlo‘, porque también iban a salir a la luz los escándalos de la corrupción de la dictadura.

De manera que, durante el gobierno de Aylwin, se extendió un tácito manto de silencio sobre el tema bajo la razón oficial de que había otros problemas que eran más importantes: las relaciones cívico-militares.

Estas últimas experimentaron dos tensos momentos: «Ejercicio de enlace», ocurrido el 19 de diciembre de 1990, con el escándalo de los «Pinocheques», como se conoció el caso de los cheques que habían sido pagados por el Ejército para comprar acciones de una empresa de papel creada por el hijo mayor de Augusto Pinochet.

Cuando el gobierno exigió la renuncia de Pinochet, este respondió con el acuartelamiento del Ejército, pretextando ejercicios de seguridad, alistamiento y enlace.

El otro momento fue el denominado «Boinazo», ocurrido el viernes 28 de mayo de 1993, en donde comandos del Ejército encabezados por Augusto Pinochet se reunieron en las cercanías del Palacio de La Moneda armados y con vestiduras militares de combate.

Pocos días antes del boinazo, el diario La Nación publicó una noticia con el titular ‘Reabren caso cheques del hijo de Pinochet‘, en alusión al caso de los Pinocheques. Producto de este evento, y dado que recién se estaba asentando la democracia, Aylwin se vio obligado nuevamente a ceder. El caso fue cerrado definitivamente durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle

El gobierno de Aylwin debió soportar todo el sistema corrupto impuesto durante la dictadura: indemnizaciones a todo evento, sobresueldos irregulares, conservación de cargos innecesarios, etc. Pero, según sus máximos líderes no había otra solución que no pusiera en riesgo la estabilidad democrática, lo que coincidía con los que ocupaban cargos de jefatura y se beneficiaban del sistema.

Sin embargo, la corrupción excedió el sistema vigente y surgieron otros. El primero fue de tal envergadura que no pudo pasar desapercibido. Era el caso Codelco.

–Caso Dávila-Codelco

Este ha sido el caso de corrupción de mayor envergadura por la suma de dinero que perdió la empresa estatal del cobre. A pesar de que la pérdida total fue de US$218.3 millones se asegura que se recuperaron 58.7 millones de dólares, lo que significa una pérdida neta de US$159.6 millones.

Los hechos fueron investigados por los tribunales y hubo sanciones muy rápido que se hicieron efectivas en solo 4 años.

El caso se presentó con una declaración del presidente de la empresa, el demócratacristiano Alejandro Noemí, destacado en las empresas privadas de cobre, que informó a los trabajadores que por «errores sistemáticos» la empresa perdió 200 millones de dólares.

Después de largas y complejas investigaciones del Consejo de Defensa de Estado y los Tribunales de Justicia, se pudieron entender los mencionados «errores».

En Codelco se había designado como vendedor de cobre a futuro a un contador auditor, Juan Pablo Dávila, el que se llevó un computador de la empresa a su casa y desde allí, durante años, efectuó estas operaciones, casi sin conocimiento de sus superiores.

Los resultados fueron ventas a precios muy inferiores al precio de mercado, razón por la cual vendió tanto, incluyendo ventas a la empresa del propio presidente de la estatal minera, Alejandro Noemí.

Algunos gerentes de Codelco y el mencionado presidente renunciaron, razón por la cual se les pagaron varias decenas de miles de dólares como indemnizaciones y quedaron libres de responsabilidad al no ser funcionarios de la empresa, y solo estuvieron detenidos unos días los funcionarios de menor categoría.

Finalmente, se determinó que Dávila fuese condenado a tres años de cárcel por evasión tributaria, ya que había recibido 12 millones de dólares por concepto de comisiones sin pagar impuestos.

Después de investigaciones, demandas y presiones, algunas de las empresas devolvieron parte de lo que habían ganado en estas operaciones fraudulentas, pero el saldo en pérdidas sigue siendo de US$136.6 millones. Dávila cumplió con su pena y pagó una multa. Actualmente goza de libertad y es predicador evangélico. Se descubrió que tenía depósitos en dólares en las Islas Caimán.

Si Dávila ganó solo los US$12 millones de comisiones y cumplió una condena menor, en una cárcel especial, quiere decir que cada año de cárcel le significó unos 4 millones de dólares en ingresos ya legalizados.

Los gerentes directos de Dávila se acusaron mutuamente de no cumplir los roles de control, y el presidente de la empresa no asumió ninguna responsabilidad por los «errores» aunque una de sus empresas devolvió US$6.4 millones reclamando que no sabía que había obtenido esas utilidades, lo que se logró saber cuando se tuvo acceso a los libros de esa empresa de Alejandro Noemí.

Las recuperaciones se hicieron mediante acuerdos con los que reconocían que habían obtenido las ganancias en forma indebida, pero es una parte marginal y no se emprendieron acciones legales en contra de ellos. Según diputados que fiscalizaron los hechos, hay otros muchos implicados que habían quedado totalmente impunes.

-Caso Onemi

Otro caso emblemático de corrupción fue el del encargado de la Oficina Nacional de Emergencias, nombrado en ese cargo porque había actuado como «guardia papal», durante la visita a nuestro país de Juan Pablo II, único antecedente que lo ameritaba (los guardias papales eran voluntarios que colaboraron en esa materia durante una semana, no tenían ninguna preparación).

Este personaje regaló o vendió los materiales y objetos de algunas bodegas de la institución sin seguir ningún procedimiento legal. Solo debió renunciar a su cargo, sin sufrir pena alguna.

-Indemnizaciones a todo evento, ley de amarre y otros

El gobierno de Aylwin debió legalizar los pagos de 111 millones de dólares a los gerentes y jefes del régimen militar que dejaron las empresas públicas y aceptó pagar remuneraciones indefinidamente a unos dos mil jefes de los servicios públicos que habían sido designados por la dictadura, aunque sus cargos eran innecesarios.

También debió aceptar que una gran mansión construida para los Presidentes de Chile, pero que tenía como finalidad servir de residencia a Pinochet, se convirtiera en un Club Militar y no se entregara para su función oficial.

Esta residencia, denominada «el búnker» costó US$20 millones e incluye una fortaleza subterránea, piscinas, canchas deportivas, centrales eléctricas, 200 estacionamientos y una extensión de 80.000 metros cuadrados. Además implicó la construcción de un puente, caminos y luminarias para facilitar su acceso.

Otros casos de corrupción descubiertos en el gobierno de Aylwin y que correspondían a la dictadura militar fueron dejados sin sanción bajo el supuesto de que había que evitar conflictos con los militares.

Simultáneamente, acciones corruptas como el pago de sobresueldos y honorarios extras a los jefes de la administración pública se incorporaron como prácticas habituales constituyendo el eslabón entre la corrupción del régimen militar y el régimen civil.

La corrupción de este período pasó casi desapercibida, dada la euforia del retorno a la democracia, pero el caso de Codelco descrito, conmocionó al país y se reconoció la existencia de la corrupción como un cáncer develado que ponía en peligro la existencia misma de la democracia.

Además, durante la administración Aylwin se vendieron paquetes accionarios de seis empresas, terminándose las transferencias de CTC, Endesa, Pehuenche y Entel a manos de empresas privadas.

Finalmente, de acuerdo al historiador Mario Amorós:

‘El Golpe de Estado y la instalación de la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet no fue responsabilidad solo de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas que violentaron la Constitución y traicionaron la confianza del Presidente de la República. La trama civil, desde la araña (Patria y Libertad) a la flecha (Democracia Cristiana), fue corresponsable de la destrucción de la democracia chilena el 11 de septiembre de 1973: unos (democratacristianos y nacionales) cavaron trincheras en el Congreso Nacional para torpedear la acción del Ejecutivo; otros (las principales organizaciones patronales y gremiales y algunos colegios profesionales) organizaron los paros y el sabotaje de la economía, los servicios públicos y las comunicaciones; algunos (Patria y Libertad, el Comando Rolando Matus) recurrieron al terrorismo, la violencia y la provocación permanente para fomentar el caos en la vida cotidiana, un fenómeno amplificado y exacerbado por las campañas de la prensa afín (El Mercurio y su cadena de diarios, el Canal 13, Radio Agricultura…); otros (como las activistas del Poder Femenino) protagonizaron un acoso social diario a los miembros de las Fuerzas Armadas para instigarles al golpismo.

Todos ellos se nutrieron de la financiación millonaria de Washington. Y un sector de la trama civil (los dirigentes de Patria y Libertad) se ocupó de buscar en agosto de 1973, al mismo tiempo que lo hacía la trama militar, el apoyo de la dictadura brasileña ante la posibilidad de que el golpe de Estado derivara en una guerra civil, como sucedió en España en el verano de 1936. Ya el 15 de septiembre de 1970, en Washington, Agustín Edwards había reclamado ante Kissinger y el director de la CIA la intervención de la potencia hegemónica para detener a Allende.

Por otra parte, hay un elemento en el que creo que no se había reparado lo suficiente hasta ahora: no solo Patria y Libertad y el Partido Nacional, sino también la DC abonaron el terreno a la dictadura con un discurso furibundamente anticomunista.

Por ejemplo, el 13 de septiembre de 1972, en el Senado, Aylwin censuró al gobierno de la UP con estos términos: ‘Chile está siendo destruido física y moralmente por la acción nefasta de la incapacidad, el sectarismo y el odio’.

Pero el primer dirigente político que habló de la supuesta ‘destrucción’ de Chile por la UP no fue Jarpa o Pablo Rodríguez Grez o Jaime Guzmán, sino Eduardo Frei Montalva, en un artículo en La Prensa publicado el 2 de enero de 1972.

Este discurso, propagado y alimentado una y otra vez para justificar la embestida opositora en todos los frentes, inspiró el bando N°5 de la Junta Militar, que el 11 de septiembre de 1973 declaró depuesto al gobierno constitucional presidido por Salvador Allende‘.

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