Revés para Trump: Justicia bloquea orden que niega ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

Un juez federal impidió que el gobierno de Donald Trump aplicara una orden ejecutiva controversial que ponía fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de padres migrantes indocumentados.

Revés para Trump: Justicia bloquea orden que niega ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

Autor: Leonardo Buitrago

En lo que representa un golpe a la agenda migratoria del presidente Donald Trump, el juez federal Joseph Laplante, prohibió al Gobierno de Estados Unidos hacer cumplir su orden ejecutiva que limita la ciudadanía por nacimiento en todo el país.

La decisión representa el primer revés judicial significativo contra el mandatario de extrema derecha desde que la Corte Suprema limitara, el pasado 27 de junio, la facultad de los jueces para frenar sus políticas mediante órdenes nacionales.

En el dictamen, Joseph Laplante, juez del Tribunal de Distrito para el Distrito de New Hampshire, indicó que su decisión se aplicaba en todo el territorio estadounidense a todo los bebés que hubieran estado sujetos a la orden ejecutiva de Trump, que buscaba negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres migrantes indocumentados y a los nacidos de académicos en el país con visados de estudiante.

Desde la Casa Blanca, el magnate ha luchado por eliminar la antigua ley, establecida en la Constitución, según la cual las personas nacidas en Estados Unidos son automáticamente ciudadanas, independientemente de la situación migratoria de sus padres.

Según la Administración Trump, esta medida incentiva la inmigración irregular.

No obstante, la orden ejecutiva que promulgó el mandatario ha generado gran oposición en la nación norteamericana al ser considerada contraria a los principios constitucionales y derechos de los niños nacidos en territorio estadounidense, cuestión ajena al estatus migratorio de sus padres. La situación escaló, gatillando un enorme debate legal y social.

El debate constitucional: ¿Qué dice la Decimocuarta Enmienda?

El corazón de la disputa legal gira en torno a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de Estados Unidos».

Frente a esta especificación constitucional, el Gobierno de Trump sostiene que la frase “sujeta a jurisdicción” le da las facultades a la nación para negar la ciudadanía a los recién nacidos de padres que residen de forma irregular en el país, lo que pondría fin a lo que se ha considerado por más de un siglo como una parte intrínseca de la legislación estadounidense. 

Al respecto, el gobierno del republicano argumentó que la frase «sujetas a su jurisdicción» le otorga facultades a la nación para negar la ciudadanía a los recién nacidos de padres que residen de forma irregular en el país.  una interpretación que contradice más de un siglo de jurisprudencia.

“Las interpretaciones erróneas previas de la cláusula de ciudadanía han creado un incentivo perverso para la inmigración ilegal que ha afectado negativamente la soberanía, la seguridad nacional y la estabilidad económica de este país”, plantearon los abogados ligados a Trump.

Revés para Trump

En la audiencia celebrada ayer jueves 10 de julio,  el juez federal del distrito de Nueva Hampshire Joseph Laplante, emitió un histórico fallo con el que impidió que el gobierno de Donald Trump aplicara la orden ejecutiva controversial que ponía fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

El fallo de Laplante llega después de que organizaciones defensoras de derechos migratorios, lideradas por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), presentaran una demanda que solicitaron fuera certificada como colectiva, es decir, que representara a todos los bebés cuyo estatus de ciudadanía podría verse afectado por la medida de Trump.

Esta acción fue ingresada luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictara el mes pasado una sentencia que limitaba la capacidad de los jueces de los tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a nivel nacional.

«El caso puso a prueba el nuevo panorama tras la decisión de la Corte Suprema e hizo uso de lo que parecía ser la única forma práctica y eficaz que les quedaba a los jueces de distrito para congelar la aplicación de políticas que consideraban ilegales», señaló The New York Times.

Según este medio, las demandas colectivas, «que implican a una población de personas en situación similar, se consideraron la solución».

Antes de la decisión del máximo tribunal estadounidense, «las medidas cautelares de ámbito nacional o “universales” eran la principal herramienta que podían utilizar los jueces para detener las políticas del poder ejecutivo». señaló.

En su demanda, la ACLU planteó que todos los niños nacidos en Estados Unidos después del 20 de febrero y sus padres constituyeran un grupo en la demanda colectiva ya que , según los términos de la orden emitida por la administración Trump, las personas nacidas de padres en el país de forma ilegal corrían el riesgo de convertirse en “apátridas”.

Entre los representantes propuestos para este caso figuran una solicitante de asilo proveniente de Honduras, quien espera un bebé para octubre, y un brasileño que intenta obtener la residencia permanente legal y cuya esposa dio a luz el pasado marzo.

¿Qué pasará con la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.?

Tras analizar los antecedentes, el juez Laplante acogió la demanda y frenó la medida de Trump, generándole un nuevo revés al mandatario de extrema derecha.

«La privación de la ciudadanía estadounidense y un cambio abrupto de una política que ha tenido una larga duración es un daño irreparable (para los demandantes)», señaló el magistrado.

Indicó que tenía pocas reservas sobre el bloqueo de la política en lo que se refiere a los niños que crecerían como apátridas, y dijo que su decisión “no fue con poco margen”.

“Esta sentencia es una gran victoria y ayudará a proteger la ciudadanía de todos los niños nacidos en Estados Unidos, como pretendía la Constitución”, afirmó Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

“Estamos luchando para garantizar que el presidente Trump no pisotee los derechos de ciudadanía de un solo niño”, enfatizó.

Din embargo, cabe señalar que la orden del juez Laplante establece una suspensión de siete días para permitir la apelación por lo que falta ver la respuesta a ese recurso que previsiblemente presentará la administración de Trump.

Mientras tanto, la ciudadanía por nacimiento —un pilar del sistema jurídico estadounidense desde 1868— sigue vigente, al menos por ahora.


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