“Es una tergiversación, una noticia falsa”: Desmienten publicación de El Mercurio sobre Espacios Costeros de comunidades de Aysén

Desinformación tras rechazo de dos solicitudes ECMPO en Aysén

En un hecho calificado como desacato a la justicia y en medio de una fuerte presión de la industria salmonera, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén rechazó por segunda vez, el 9 de diciembre de 2025, las solicitudes de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO) Islas Huichas y Cisnes (Weywen Wapi), presentadas hace más de siete años por las comunidades indígenas Antünen Rain y Pu Wapi, respectivamente. Esta decisión se produce a menos de un mes de que la Corte Suprema, en noviembre de 2025, ordenara retrotraer el proceso tras acoger recursos de protección, advirtiendo que el primer rechazo (febrero 2024) fue discriminatorio, carente de fundamentos técnicos suficientes y violó el principio de igualdad.

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Pese al mandato judicial de emitir una resolución debidamente fundada y conciliar los usos, la CRUBC procedió al rechazo directo, ignorando además propuestas sustanciales de las comunidades. Estas, en un acto de buena fe, habían presentado el 7 de diciembre compromisos de compatibilización y una reducción significativa de las superficies acreditadas por la CONADI: de 393.772 hectáreas a 214.523 para Islas Huichas, y de más de 227.000 a 105.563 hectáreas para Cisnes, buscando abordar las sobreposiciones con concesiones acuícolas.

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El proceso fue cuestionado incluso al interior de la CRUBC, donde varios comisionados, incluidos el Delegado Presidencial y Delegados Provinciales, manifestaron desacuerdo con la forma de la votación o solicitaron su aplazamiento. La negativa del Gobernador Regional, Marcelo Santana, a conformar una mesa de diálogo solicitada formalmente el 4 de diciembre, allanó el camino para la votación de rechazo, desoyendo el espíritu de la Ley Lafkenche (N°20.249) que busca proteger los usos consuetudinarios.

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Paralelamente, la cobertura mediática del caso ha sido objeto de duras críticas por desinformación. En referencia al titular del diario El Mercurio del 10 de diciembre: “Rechazan solicitudes de comunidades indígenas en Aysén que ponían en riesgo 368 concesiones acuícolas”, el geógrafo y asesor en planificación territorial Álvaro Montaña fue categórico: 

“Es una tergiversación, una noticia falsa”

 Desmienten publicación de El Mercurio sobre solicitud de Espacios Costeros de comunidades de Aysén. Álvaro Montaña es geógrafo, Asesor en iniciativas de planificación territorial, cartografía y conservación/defensa del patrimonio biocultural en Chiloé y Patagonia, quien señala: “El artículo 7 de la ley 20.249 que crea los espacios marítimos costeros del pueblo originario establece claramente que estos no se pueden otorgar, ni siquiera tramitar, sobre concesiones y destinaciones marítimas, concesiones acuícolas, obras portuarias, colectores de semillas de choritos, cultivos de choritos de salmones, cultivos de pelillos, ya, o áreas de manejo de recursos bentónicos de sindicatos pescadores. Los espacios costeros no se pueden otorgar sobre estas figuras de administración privada del mar, así que por lo tanto es absolutamente falso que la declaratoria de espacios costeros marítimos del pueblo originario afecte a actividades de empleo vinculadas a la pesca artesanal o vinculadas a la acuicultura de algas, peces o choritos, como ocurre acá en el sur de Chile”.

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Montaña agrega: “Eso es una desinformación que hace los medios de prensa una tergiversación, son noticias falsas ya que la declaratoria de un expo no influye sobre, o no puede afectar, operaciones de cultivo de especies de interés comercial”.

Acto de desacato

Las comunidades han denunciado el acto como un desacato y evalúan nuevas acciones legales.

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Nelson Millatureo, Presidente de la Comunidad Antünen Rain, afirmó en reciente publicación: “La votación en la CRUBC es un test democrático: muestra si el Estado está dispuesto a cumplir sus propias normas”.

El abogado Felipe Guerra, del Observatorio Ciudadano, sostuvo que la decisión “es ilegal y constituye un abierto desacato a lo resuelto por la Corte Suprema”, al ignorar las propuestas de delimitación y repetir un rechazo infundado.

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