La lucha de los pueblos originarios de Brasil logró la derogación de una medida, que careció de consulta previa a las comunidades y que amenazaba sus territorios y formas de vida a quienes habitan en cuenca de los ríos amazónicos Tapajós, Madeira y Tocantins.
Después de más de un mes de intensas movilizaciones que incluyeron protestas, y ocupaciones, el Gobierno brasileño anunció la revocación del decreto 12.600, una normativa que abría las puertas a la privatización y autorizaba proyectos de dragado en los ríos amazónicos de Tapajós, Madeira y Tocantins.
La decisión, comunicada tras una reunión entre autoridades federales y representantes indígenas, constituye una victoria significativa para los movimientos sociales que denunciaban la ausencia de consulta previa y los graves impactos socioambientales que estas obras provocarían en la región amazónica.
En concreto, la normativa derogada preveía la concesión a empresas privadas de derechos a explotar trechos de hidrovías en los ríos Tajapós, Madeira y Tocantins, importantes vías amazónicas por las que pasan principalmente granos, por lo que autorizaba el dragado de los mismos para facilitar el flujo de barcazas
La movilización que condujo a este desenlace se extendió por 33 días consecutivos, durante los cuales pueblos indígenas de la región del Bajo Tapajós, junto con movimientos populares y comunidades , realizaron manifestaciones públicas y ocupaciones en el municipio de Santarém, ubicado en el estado de Pará.
Los manifestantes denunciaban no solo los efectos ambientales de los proyectos de dragado —que implican la remoción de sedimentos del lecho de los ríos para facilitar la navegación de embarcaciones — sino también la amenaza que representaba la posible privatización de secciones de estos cursos de agua para sus formas de vida, prácticas culturales y supervivencia física y cultural.
Según las organizaciones indígenas, el proyecto también contemplaba el uso de explosivos para retirar rocas del lecho del río Tapajós y de otros cauces amazónicos y estas detonaciones podían matar la fauna de la zona.
El decreto 12.600, cuya revocación fue confirmada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, había generado una reacción inmediata por parte de las comunidades afectadas. La normativa establecía las bases para concesiones y autorizaciones que, en los hechos, transferirían a manos privadas el control y la gestión de importantes extensiones de estos ríos amazónicos, además de permitir intervenciones de dragado sin que mediaran los mecanismos de consulta previa.
«Hubo una movilización legítima y justa de los pueblos indígenas en relación con este decreto. Y el gobierno del presidente Lula tiene la capacidad de escuchar, incluso de revisar las decisiones cuando sea necesario. La decisión se publicará en la próxima edición del Diario Oficial», declaró Boulos al término de la reunión sostenida con representantes de los pueblos indígenas de las cuencas del Tapajós, Tocantins y Madeira.
Logro de la fuerza colectiva de los pueblos indígenas
El anuncio fue recibido con beneplácito por las organizaciones indígenas que lideraron las protestas. El Consejo Indígena Tapajós y Arapiuns, instancia que aglutina a 14 pueblos originarios de la región del Bajo Tapajós en Pará, emitió un comunicado en el que celebraba la decisión gubernamental al tiempo que reivindicaba el papel determinante de la movilización.
«Este logro es fruto de la fuerza colectiva de los pueblos indígenas, las comunidades ribereñas y las comunidades tradicionales que no cejaron ante las amenazas a nuestros territorios y aguas. Nuestros ríos no son mercancía, son vida, cultura y futuro», expresaron los representantes de esta organización, según consignó TeleSUR.
La ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, quien también participó en las negociaciones y en el seguimiento del conflicto, puso especial énfasis en las condiciones en que se desarrolló la protesta y la urgencia de atender no solo la demanda política sino también la situación humanitaria de los manifestantes.
«Los indígenas llevan 33 días ocupando el lugar, con mujeres y niños acampando allí en condiciones precarias. Por lo tanto, para nosotros era fundamental considerar también la situación humanitaria que enfrenta el movimiento en este momento», señaló la autoridad.
El conflicto en torno al decreto 12.600 se inscribe en una larga historia de disputas territoriales en la Amazonía brasileña, donde los proyectos de infraestructura y desarrollo han chocado reiteradamente con los derechos territoriales y culturales de los pueblos originarios.
De acuerdo con información proporcionada por la Red Eclesial Panamazónica (Repam-Brasil), organización que ha acompañado de cerca el conflicto y las negociaciones, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva no se limitó a anunciar la revocación del decreto cuestionado, sino que también se comunicó la creación de un Grupo de Trabajo Interministerial que tendrá como mandato orientar los procesos de diálogo con las comunidades y analizar las demandas de demarcación de tierras en la cuenca del Tapajós, reportó el medio citado.
A pesar del anuncio gubernamental sobre la revocación del polémico decreto 12.600, ha sido confirmada por el Ejecutivo a los movimientos populares, la medida aún se encuentra pendiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión, instancia que la formaliza jurídicamente y le otorga efectos legales plenos. Por tal motivo, los representantes de las comunidades locales informaron que las actividades de movilización continuaron en pie hasta que se entregaron garantías formales e inequívocas sobre la cancelación definitiva de la licitación de dragado que había sido anunciada.
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