Columna 4 / La paz concordada institucional: aprender a competir sin destruirnos
Por Gastón Sepúlveda E.
En las reflexiones anteriores trazamos un mapa para salir del laberinto político chileno: rescatamos el concepto de reconciliación frente a la polarización, analizamos la alienación social que nos hace sentir extranjeros en nuestro propio país y propusimos la superación dialéctica como el arte de construir sobre lo construido. Sin embargo, queda una última e inevitable pregunta de realismo político: ¿Cómo logramos convivir en el día a día mientras recorremos ese camino, en una sociedad donde las diferencias ideológicas siguen siendo profundas y apasionadas?
La respuesta requiere despojarnos de romanticismos ingenuos. Sería idílico pensar que la reconciliación significará un consenso mágico donde todos los sectores políticos terminarán abrazándose y pensando igual. Eso no va a ocurrir, ni es deseable en una democracia viva. El conflicto de ideas es natural. El desafío, por lo tanto, no es erradicar la disputa, sino pactar las reglas para que esa disputa sea civilizada. A esto podemos llamarlo una «paz concordada institucional».
Esta noción, rescatada del pensamiento político clásico, es sumamente pragmática. Significa, en primer lugar, que los distintos bloques políticos y sociales de Chile deben asumir un baño de realidad: el exterminio del adversario es imposible. Ni la derecha va a desaparecer de la historia de Chile, ni la izquierda va a ser borrada del mapa. Intentar cancelar perpetuamente al otro solo produce parálisis y resentimiento.
En segundo lugar, el concepto implica que la paz social no se funda en el afecto mutuo, sino en el cálculo inteligente de que la destrucción del sistema nos hunde a todos. Los bandos legítimamente pueden mantenerse firmes en sus doctrinas e intereses —es decir, permanecer «premunidos» en el terreno de las ideas—, pero bajo el compromiso irrestricto de deponer toda violencia simbólica o material, aceptando que las únicas armas válidas son los argumentos, las leyes, los votos y los presupuestos del Estado.
El verdadero problema de Chile hoy no es que existan posiciones enfrentadas, sino que la elite política utiliza las instituciones del Estado como herramientas de bloqueo mutuo y no como canales para procesar sus diferencias. Una paz concordada institucional exige que el Congreso y los partidos políticos vuelvan a su función original: ser el gran tablero donde las tensiones de la sociedad se transforman, mediante la negociación forzada, en leyes y políticas públicas que funcionen.
La paz se nota cuando los actores políticos entienden que gobernar es transar en lo accesorio para asegurar lo fundamental. Es el ejercicio maduro de competir con vehemencia en las elecciones, pero cooperar con patriotismo una vez que se cierran las urnas, priorizando las urgencias de la ciudadanía por sobre la pequeña guerrilla de Twitter o de la prensa.
Tengo la certeza de que el destino de una nación no se juega en la uniformidad de pensamiento, sino en la solidez de sus reglas del juego. La paz concordada institucional es el marco que Chile necesita para canalizar su diversidad sin autodestruirse. Ofrecer este camino es devolverle al ciudadano la tranquilidad de que el conflicto político ya no amenaza la estabilidad de su hogar, sino que es el motor de un país que debate, acuerda y avanza. No es una tregua por cansancio; es la base institucional sobre la cual edificaremos el Chile del mañana.
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