Caso Convenios: Juzgado de Antofagasta excluyó a RD como querellante

El Juzgado de Garantía Antofagasta decidió excluir a Revolución Democrática (RD) como querellante en la arista de Democracia Viva dentro de la investigación del denominado «Caso convenios», argumentando que la colectividad no tiene domicilio en la jurisdicción.

El juez Andrés Santelices citó para este jueves a los involucrados para abordar la exclusión de la tolda que preside el senador Juan Ignacio Latorre. como querellante de la causa, luego que el Partido Republicano (PLR), a través del abogado Sergio Rodríguez, solicitara esta acción, indicando que algunos personeros de dicha colectividad “pueden ser penalmente responsables como encubridores de los hechos que se investigan, con los efectos de inhabilidad para interponer querellas que ello conlleva”.

RD no tiene domicilio en Antofagasta

Aunque el argumento planteado se basaba en que RD era parte inculpada, porque aparecían tres de sus militantes vinculados al hecho que se investiga, la justicia dejó fuera al partido por un elemento procedimental.

De este modo, el tribunal resolvió excluir al partido oficialista por no tener domicilio en la jurisdicción de la capital regional.

Con este dictamen, se revierte lo resuelto el 29 de junio, cuando el mismo Juzgado de Garantía de Antofagasta, permitió a Revolución Democrática como querellante en el caso que lleva el Ministerio Público.

En dicha oportunidad, el senador Latorre aclaró que la Fundación Democracia Viva no es parte de Revolución Democrática, sino que «son militantes que armaron esta fundación» y que, en caso de existir delitos involucrados, «no van a tener cabida en nuestro partido, caiga quien caiga».

Indicó que Fundación Democracia Viva no es parte de Revolución Democrática, sino que «son militantes que armaron esta fundación» y que, en caso de existir delitos involucrados, «no van a tener cabida en nuestro partido, caiga quien caiga».

Cabe recordar que la Fiscalía de Antofagasta abrió el 20 de junio una investigación de oficio por el millonario convenio de la secretaría regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con la ONG, Democracia Viva, que se encuentra vinculada a la diputada Catalina Pérez, aún militante de RD, su pareja Daniel Andrade y su exasesor Carlos Contreras, ambos expulsados del partido.

En concreto, a Democracia Viva se le habrían adjudicado fondos por el orden de los $426 millones.

Sigue leyendo: