Dirigentes ambientales denuncian que industria salmonera pretende expandirse en importantes áreas de protección marina

Chile y la conservación marina

Este miércoles 20 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, acompañó al Presidente de la República, Gabriel Boric, en la firma del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, en inglés), donde también participó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

El acuerdo está abierto para ser suscrito en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, luego de 10 años de negociaciones. Durante ese período, Chile tuvo un activo rol, promoviendo objetivos y una adecuada coordinación con otras instancias regionales y sectoriales que también tienen competencias en alta mar.

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El BBNJ busca, entre otras cosas, fortalecer la gobernanza de los océanos, crear nuevas políticas para la conservación y sostenibilidad de la diversidad biológica marina, incluidas las áreas marinas protegidas en alta mar, así como promover el uso sostenible de los recursos genéticos marinos, y evaluar los impactos ambientales y la distribución equitativa de beneficios para que los países en desarrollo también se beneficien.

Contradicciones en Chile: Industria salmonera en áreas protegidas

En el marco de la discusión de la tramitación de la Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el requerimiento social de que se regulara a futuro la presencia de concesiones salmoneras en áreas protegidas, Fundación Terram señalaba a fines de mayo de este año, que actualmente existe un total de 1.400 concesiones salmoneras otorgadas, distribuidas en las regiones de Los Lagos, de Aysén y Magallanes. De este total, 411 se ubican al interior de áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), lo que equivale al 29% del total de centros vigentes.

“Durante el año 2022, 100 de las 411 concesiones ubicadas en áreas protegidas estuvieron operativas, registrando cosechas por un total de 260.231 toneladas de salmónidos, las que equivalen a un 25% del total de cosechas de ese año a nivel nacional, que ascendieron a más de un millón de toneladas”, señala Terram.

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Sin embargo, a pesar que la indicación presentada por el Ejecutivo y anhelada por comunidades y organizaciones, no tocaba las concesiones vigentes en áreas protegidas, aun así, fue boicoteada por la industria salmonera y la bancada política ligada a este sector en el Congreso, finalmente desechó esta oportunidad.

Hoy, nuevamente el conflicto aflora ad portas de la instalación de la discusión del proyecto de ley de acuicultura y nuevamente, sectores ligados a la producción de la industria salmonera anuncia que tomará acciones en contra de este propósito como reacción a lo adelantado por la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, en reciente visita a la región de Aysén.

Organizaciones socio ambientales del sur de Chile, han denunciado que la industria, lejos de respetar y cuidar el patrimonio nacional en las áreas protegidas marinas del país, a sabiendas de sus impactos, pretende expandirse.

Juan Carlos Viveros, vocero de la agrupación movimiento “Defendamos Chiloé”, comentó que: “La industria salmonera lleva 40 años en Chiloé, aquí nacieron, desde aquí se levantaron y una vez que comenzaron sus problemas de impactos ambientales, buscaron irse más al sur, a la hermana región de Aysén primero luego a Magallanes. El problema mayor, es que buscaron expandirse hacia áreas que habían sido definidas para su protección, dado su altísimo valor e importancia para la conservación de equilibrios naturales que sostienen la vida de muchas especies incluyendo los servicios directos que nos brindan a nosotros como especie humana”.

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Agregó Viveros: “Por ello creo que la postura de la ministra es exactamente lo que el país necesita que tenga, y buscar un reordenamiento total de la salmonicultura que permita sacarlas de esas áreas protegidas es fundamental, siempre teniendo en cuenta los mecanismos que den también ese mismo reordenamiento a quienes trabajan allí”.

Por su parte, el Doctor en Oceanografía de la Universidad de California y Biólogo Marino, de la Universidad de Chile,  Tarsicio Antezana,  activo defensor y promotor del ambiente y la cultura de Chiloé, señaló con respecto a la introducción de salmones con patógenos que estos  “no existían en estas aguas prístinas hasta mediados de los setenta, y por tratarse de una especie exótica, de hábitos carnívoros de alta voracidad e invasiva, es en efecto un atentado grave a los derechos de la naturaleza”.

También señala de los otros impactos de la industria, como “la triste y fluctuante historia de crecimiento económico, aunque no de desarrollo y de catastróficas incertidumbres como el virus ISA, Mareas Rojas, vertimientos masivos de mortalidades”, como lo ocurrido en Chiloé en el 2016.

Antezana, denuncia que estas políticas empresariales, se han instalado a espalda de las comunidades locales, de los pueblos originales y de la ciudadanía en general. Asimismo, sin consideración de la academia y la ciencia, con imposiciones inconsultas frente a situaciones fundamentales, ante “tan grave impacto ambiental sin la fundamentación oceanográfica de base, ni la implementación científica permanente y adecuada que requiere tan magna intervención”, señala.

Con respecto a las concesiones acuícolas en espacios de conservación, Tarsicio Antezana, comenta:  “La tozudez de permanecer en áreas protegidas es un ejemplo más de esta violencia contra la naturaleza y parte de la sociedad que resulta en la práctica en la insustentabilidad de esta industria, la que puede mantenerse y crecer gracias a los privilegios económicos y ambientales que tiene y ha tenido de sobra; y desde luego ayudada por una muy engañosa política y vocación de respeto ambiental y social”.

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