Economista María José Becerra y profesor White sobre proyecto de planta de hormigón en San Bernardo: «De aprobarse convertiría a la comuna en una zona de sacrificio»

Aunque la pandemia detuvo la evaluación de la instalación de la Planta de Hormigón Premezclado Santiago Sur, ubicada en el límite de las comunas de El Bosque y San Bernardo, la tramitación ambiental se ha reactivado. Tras la respuesta de la empresa Inversiones Orange S.A. a las observaciones en febrero de este año, el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) aprobó que el proyecto fuera visto a fines de abril por la Comisión de Evaluación Ambiental.

Economista María José Becerra y profesor White sobre proyecto de planta de hormigón en San Bernardo: «De aprobarse convertiría a la comuna en una zona de sacrificio»

Autor: Francisca Valencia

Un revés para los vecinos y vecinas de villa Las Margaritas y el Nocedal de este sector de San Bernardo, que han manifestado reiteradamente la imposibilidad de que coexistan cementeras con conjuntos de viviendas sociales, debido a los graves problemas de polución ambiental que conlleva.

María José Becerra, economista y candidata constituyente del distrito 14, que incluye a la comuna de San Bernardo, señaló que “de aprobarse este proyecto, se estaría agudizando la crisis en este sector de la comuna y se abriría la puerta a generar una zona de sacrificio ambiental en el área sur de la capital. Al forzar la convivencia entre viviendas y las cementeras se expone a las personas a contaminación de polvo y de dióxido de nitrógeno por estas faenas, lo que está comprobado que agudiza enfermedades respiratorias en niños, niñas y personas mayores”.

Junto a Cristopher White, candidato a alcalde por San Bernardo y profesor de Biología y Ciencias Naturales, María José Becerra ha conformado un equipo de trabajo para elaborar una propuesta ambiental para este sector, que regule la coexistencia de viviendas en sectores
industriales desde una perspectiva intercomunal. “Este es un caso de injusticia urbana en la zona sur de Santiago, donde conjuntos habitacionales, la mayoría viviendas sociales, fueron comercializadas a bajo precio en medio de un cordón industrial, y esto coloca hoy en riesgo la salud de las personas. Es urgente que existan nuevas y mejores evaluaciones ambientales” recalcó White.

Este proyecto declarado como terminal de camiones, pretende construir una fábrica con capacidad de producción de 1.124 mil metros cúbicos de hormigón premezclado al año, hecho en un 95% en base a áridos y clinker, este último
compuesto en un 70% de sílices, conocidos por su toxicidad. De aprobarse, iniciaría su funcionamiento en junio de 2022 y las materias primas serían transportadas por camiones en los primeros años, y luego por el ferrocarril.

“Es un proyecto que ha ingresado bajo la tipología de terminal de camiones, disfrazando su verdadera naturaleza de proyecto industrial de gran escala. Además, aún es incierta la posibilidad de transportar sus materias primas por tren,
ya que se proyecta para el cuarto año de funcionamiento, por lo tanto, debe ser evaluado a la luz del peor escenario, que es el transporte de los insumos por camión durante 40 años. Lo que implica congestión vehicular, destrucción de
calles por el alto tonelaje de los camiones, vibraciones, ruidos molestos y la difícil convivencia vial, ya que las mitigaciones no son suficientes” explicó Cristopher White.

A juicio de María José Becerra “lo insólito es que el terreno donde se emplazaría este proyecto es de propiedad del Fisco, que por medio de EFE arrendarían a largo plazo este bien raíz a esta empresa privada. Esto amerita una reflexión
sobre el rol del Estado en la protección de los intereses ciudadanos”.

“Creo que es un crimen ambiental lo que sucede en este sector de San Bernardo, no es pertinente instalar una planta de este tipo de industria, ya que es una zona saturada por MP 10, cuya fuente proviene, precisamente, de emisiones
industriales como del transporte, objetos centrales de este proyecto”, enfatizó White.

Sin duda, este proyecto instala un tema del que probablemente se discutirá una vez conformada la Convención Constitucional, que se refiere al rol social de las empresas. “Esto se ha tocado poco en los debates, implica definir el rol de las empresas públicas por ejemplo en el arriendo de un terreno a un privado, no midiendo los impactos sociales y medioambientales de su acción. Y por otro lado, el rol de la empresa privada, que no sólo es generar un producto y servicio, sino también conlleva la responsabilidad de proteger la vida y mitigar cualquier elemento de desigualdad territorial, eso es fundamental para que el país tenga mayor justicia y menores niveles de desigualdad” finalizó María José Becerra.


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