Exministro de Justicia de Bachelet admite que no siguió la orden de cerrar Punta Peuco: «Tengo mi conciencia tranquila»
El exministro de Justicia de la expresidenta Michelle Bachelet, Jaime Campos, se refirió este sábado —mediante una carta— a las declaraciones realizadas por la exmandataria, respecto a cerrar el penal Punta Peuco.
La misiva fue enviada al diario El Mercurio donde Campos admite que no siguió la orden de la exmandataria de cerrar Punta Peuco.
«Tiene toda la razón la expresidenta Bachelet (…) Efectiva y afortunadamente ‘no le hice caso’ a la Presidenta, puesto que, como indiqué en su momento, habida consideración de la oportunidad y contenido del documento que me exhibieron, además de ser jurídicamente ineficaz, su firma habría implicado una transgresión a la Constitución y la ley, exponiendo a los suscriptores (Presidente de la República y ministro de Justicia) a las responsabilidades políticas y penales pertinentes», señala Campos en la misiva, citada por MegaNoticias.
Para Campos, los ministros no son «meros amanuenses o ‘fieles de fechos’ del presidente», sino que su potestad es velar porque se cumplan lo dictamentes de la Constitución y de las leyes.
«Incómodo que hubiese sido ese episodio, creo que cumplí con mi deber, evité perniciosas consecuencias y, por ende, tengo mi conciencia muy tranquila», aseveró.
Este viernes, el exministro de Defensa de Bachelet, Francisco Vidal, aseveró que la orden de cerrar Punta Peuco se realizó de forma tardía.
«Déjame hacer una autocrítica. Si la Presidenta tenía tomada esa decisión, creo que el error fue haber esperado al último, penúltimo día. Porque eso le permitió a Jaime Campos la argumentación jurídica, porque él no firmó el cierre», aseveró.
Cabe recordar que las declaraciones de la expresidenta fueron dadas a conocer en un avance del programa CNN 50, Testimonios de la Historia, donde Bachelet fue la primera invitada para abodar temas relacionados con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
En este espacio, Bachelet se refirió a lo que sucedió con el cierre del centro penitenciario donde se encuentran detenidos militares y agentes del Estado implicados en violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet.
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