Irán ahorca en público a manifestante de 23 años por el delito de «guerra contra Dios»
Majid Reza Rahnavard, un joven de 23 años que fue detenido durante las protestas que remecen Irán hace ya tres meses, fue ejecutado en una plaza pública por el delito de «guerra contra Dios». Se trata de la segunda sentencia a muerte que recibe un manifestante desde que iniciaron las movilizaciones en el país islámico.
Reza Rahnavard fue arrestado el pasado 19 de noviembre por asesinar con un arma blanca a dos agentes de seguridad y herir a otros cuatro. Diez días después, el poder judicial iraní anunció que el joven había confesado sus crímenes y se le sentenció a la ejecución pública, la cual se concretó ese mismo día.
Distintas organizaciones de derechos humanos del país islámico intentaron -sin éxito- evitar la muerte del joven, esto debido a que la sentencia se aplicó antes de que se cumpliera el plazo legal de 20 días para apelar. La familia de Reza Rahnavard, por su parte, denunció que no se les avisó de la ejecución hasta después de que se había efectuado.
Mientras la Unión Europa anuncia nuevas sanciones contra las autoridades iraníes, desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aseguran que la ejecución pública del joven tuvo por objetivo asustar a los manifestantes para disminuir la intensidad de las protestas: «Claramente esto tiene el propósito de crear temor», declaró el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Volker Türk.
Reza Rahnavard no es el primer ejecutado en el marco de las protestan en Irán. El primero de ellos, Mohsen Shekari, fue condenado a muerte por bloquear una calle y herir a un paramilitar al inicio de las manifestaciones. Al cierre de esta nota, otros nueve participantes en las protestas han sido condenados a muerte.
En los casi tres meses que llevan las movilizaciones en el país islámico, más de 400 personas han muerto y hay al menos 15.000 detenidos, según la ONG Iran Human Rights. Irán es uno de los principales países del mundo en la aplicación de la pena de muerte, con 314 ejecuciones llevadas a cabo en 2021, según Amnistía Internacional, y más de 500 en lo que va de 2022.
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