¿Por qué la derecha se opone al levantamiento del secreto bancario?: A propósito de “Operación Tributos” y el mayor fraude de la historia tributaria de Chile  

“Operación Tributos”: El mayor fraude de la historia tributaria de Chile  

El jueves de la semana pasada, quedó al descubierto un megafraude con la detención de 51 empresarios, por un monto que superaría los $ 240 mil millones. Se trata de una organización criminal compuesta por siete clanes que operaban en 10 regiones del país, por los delitos tributarios, asociación ilícita, fraude aduanero y lavado de activos.

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Más de 100 empresas estarían vinculadas, algunas de las cuales operaban desde 2015 con la emisión de “facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias y/o adulteradas”. En este sentido, fueron detectadas cerca de 100 mil facturas a más de 3.300 contribuyentes, según trascendió a la prensa, razón por la que se habría allanado  83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.

Entre las detenidas: Ximena Jiménez Farías, militante del Partido Republicano, quien el 2021 fue candidata a Consejera Regional (CORE), cara visible en la reciente campaña por el A favor del actual plebiscito constituyente, con apariciones con diversas figuras de este partido, como José Antonio Kast y Luis Silva.

Fin al secreto bancario y otras medidas para evitar la corrupción

La Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) impulsada por el Ejecutivo,  es un plan de acción con más de 200 medidas orientadas a evitar y combatir la corrupción, como el levantamiento del secreto bancario para delitos de evasión y elusión.

Con respecto al levantamiento del secreto bancario para delitos de evasión y elusión, se pretende un futuro proyecto de ley sujeto a la aprobación del Congreso Nacional que faculte al Servicio de Impuestos Internos para que acceda de manera expedita a información sujeta a secreto bancario que sea necesaria para controlar la evasión y la elusión.

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Asimismo, se propone restricciones que regulen el tránsito de autoridades entre el mundo privado al público y viceversa, para prevenir conflictos de intereses, entre otras medidas.

Rechazo de la derecha a levantar el “secreto bancario”

Desde Renovación Nacional, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, Según publicó La Tercera,  manifestó que le pareció “extraño”, teniendo en cuenta que “hace unos meses se limitó severamente el secreto bancario en una ley aprobada recientemente”.

Sauerbaum señaló además que: “debería ser parte de un acuerdo, no de una indicación unilateral (…) lo que se entiende por levantar el secreto bancario implica que habrá funcionarios del SII con acceso a información personal de todos los chilenos y los casos de posible corrupción ilustran los riesgos de ello. El secreto bancario puede levantarse en marco judicial, aunque habría que conocer la propuesta”.

Por su parte, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, según consignó Radio ADN, señaló que: “Ahora habla de levantar el secreto bancario para evitar la evasión. El presidente sabe y todos los técnicos saben que esa es una muy mala solución. En Europa y en Estados Unidos se usan otros mecanismos para controlar la evasión, porque levantar el secreto bancario genera desconfianza, lesiona la inversión y por lo tanto afecta la economía del país”, agregó el parlamentario de la UDI.

“Hoy, ante cualquier duda de ilicitud en una cuenta bancaria, la autoridad puede pedir a la justicia el alzamiento de ese secreto. Siempre que ha habido fundamento se ha otorgado y se han abierto esas cuentas, por lo que no sé cuál es el sentido que a priori se afecte la intimidad de todas las transacciones personales. Me sorprende que eso sea el fundamento del financiamiento de una reforma de pensiones”, manifestó el senador UDI, Juan Antonio Coloma, presidente del Senado.

El medio EstáPasando, también destacó con respecto al rechazo de tal medida desde sectores de oposición: “Desde el Partido Republicano también rechazaron la medida propuesta por el mandatario. Su argumento se centra en la preocupación de que la información bancaria podría ser mal utilizada por funcionarios públicos para extorsionar a las autoridades (…) Manifestaron su oposición a cualquier normativa que vulnere la libertad de los ciudadanos, a menos que el gobierno garantice el control de la corrupción y aplique consecuencias severas a los funcionarios públicos involucrados en tales actos”.

Chile y la evasión tributaria según SII

Previo al destape de «Operación Tributaria», desde diciembre de este 2023, se viene difundiendo un documento del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien adelantó el 6 de diciembre los detalles de un nuevo insumo de trabajo para los diálogos y discusiones que se desarrollan en torno al Pacto Fiscal que pasará a llamarse Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Se trata del informe “Estimación de la brecha de cumplimiento en el IVA y el Impuesto de Primera Categoría”, que calculó el incumplimiento tributario en dichos gravámenes con el objetivo de tener datos más actualizados para abordar la discusión sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias y el combate a la evasión y elusión. 

De acuerdo a información, la brecha de cumplimiento se define como la diferencia entre lo que el Estado debería recaudar de acuerdo con la letra y espíritu de las leyes vigentes y lo que efectivamente se recauda. Se explica por tres factores: evasión tributaria, entendida como una subdeclaración ilegal y voluntaria de los impuestos; elusión tributaria, correspondiente a la planificación tributaria agresiva con el objetivo de evitar o reducir una obligación tributaria vía mecanismos ilícitos; y finalmente la subdeclaración involuntaria, que puede ocurrir por errores involuntarios del contribuyente producto de un desconocimiento de la normativa. 

El documento del SII, abarcó los años 2018, 2019 y 2020, y utilizó la información de las Cuentas Nacionales y datos tributarios del SII. Con esa información calculó la brecha de cumplimiento para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto de Primera Categoría, los que, en conjunto, resultaron en una brecha equivalente al 6,5% del PIB en promedio para los años antes mencionados. “Esta brecha no está explicada por gastos tributarios, puesto que se excluyeron de la recaudación potencial calculada las exenciones y otros beneficios tributarios”, informó Hacienda.

En la revisión individual de cada uno, el Impuesto al Valor Agregado registra una brecha equivalente a 1,8% del PIB en promedio para los años analizados, lo que supone un incumplimiento tributario de 18,4% promedio. Es decir, del total de recaudación esperada por el IVA un 18,4% deja de percibirse. Dicha cifra es casi el triple de la mediana para países de la Unión Europea (UE), que corresponde a 6,9%. 

En el Impuesto de Primera Categoría, en tanto, la equivalencia de la brecha es de 4,7% del PIB en promedio, lo que significa un incumplimiento tributario del 51,4%. Es decir, del total de impuesto corporativo que deberían pagar las empresas, 51,4% no es recaudado efectivamente. Como referencia, en países desarrollados donde se han realizado estimaciones en base a metodologías diferentes, la brecha más alta es de 15% (Dinamarca).

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