Demanda fue interpuesta en diciembre de 2019 por Marcela Mella, del movimiento No Alto Maipo, y Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, en contra del acuerdo que permite el uso de las fuentes de agua potable de Santiago para la generación eléctrica de las centrales de Alto Maipo.

"De la misma manera en que la UDI lo ha transformado en su rehén y se ensaña en mantenerlo en las peores condiciones, la solidaridad del pueblo chileno lo levanta como un gran referente de la lucha antidictatorial de ayer y hoy día como un ejemplo de resistencia y consecuencia", afirmó Laura Hernández, hermana del "comandante Ramiro".

Humedal natural lacustre comprende una superficie de 156,38 hectáreas y 724 vértices definidos, que pertenece a la cuenca del río Itata y se encuentra parcialmente contenido dentro del límite urbano de la comuna de Quillón.

Máximo tribunal consideró que las deficiencias operativas del relleno sanitario constituyen "un peligro para la salud de la población" y vulnera su derecho "a vivir en un medio ambiente libre de contaminación".

Organismo advirtió que la empresa resultante de la operación podría aumentar en hasta poco más de $33 mil anuales los precios de los planes de salud para los nuevos afiliados.

Organismo también detectó la utilización de organizaciones sin fines de lucro para fines tributarios, además de la compra de bienes a través de sociedades para uso personal, como bienes raíces, aeronaves y vehículos que no estarían justificadas.

María Elisa Quinteros descartó una "crisis" en el órgano constituyente, aunque reconoció la existencia de un problema presupuestario en el ítem de comunicaciones.

"La denominada nueva realidad trajo consigo otros códigos de comunicación entre políticos y ciudadanos. Por motivos sanitarios se ha puesto en una larga pausa el contacto físico, herramienta utilizada por candidatos y gobernantes para estrechar lazos..."

Acción judicial busca que sean restituidos los montos que se cobraron indebidamente a los consumidores, se declaren nulas las cláusulas abusivas, se compensen los daños causados a los consumidores, y se condene a la institución financiera al máximo de las multas que establece la Ley.

Máximo tribunal confirmó en todas sus partes el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que estableció que los tribunales ordinarios son incompetentes para revisar resoluciones de la Convención Constitucional y que existe una disposición especial al efecto.