La fiscalía estatal del estado mexicano de Morelos enterró 105 personas en una fosa clandestina no autorizada. La fiscalía argumenta que inhumó allí a personas no reclamadas y no reconocidas por nadie, aunque no es así. La familia de uno de los sepultados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya exigieron al presidente Enrique Peña Nieto la investigación del caso por posibles vínculos con el crimen organizado.
