Los historiadores e historiadoras sitúan el asesinato del comunero en un proceso de mayor alcance, en el que -acusan- "intereses externos al mundo mapuche (empresas forestales e hidroeléctricas, latifundistas, etc.) se han confabulado para exacerbar las tensiones y criminalizar la lucha reivindicatoria de los mapuches por sus tierras, derechos, reconocimiento y dignidad".