Las mejores condiciones técnicas, jurídicas y económicas que otorga la nueva ley a la radiodifusión comunitaria, no van aparejadas con un avance sustantivo en materia de libertad de expresión, posicionamiento de la sociedad civil, acceso al espectro radioeléctrico y despenalización de la actividad radial de quienes están fuera del sistema de frecuencias concesionadas