El Estado mantiene retenidos los ahorros de miles de personas que, a contar de los años sesenta, comenzaron a depositar sus ingresos para conseguir un crédito hipotecario. En una reciente decisión, la Corte Suprema ordenó a Hacienda someter a consideración del Presidente la cuenta de la caja de ahorro y préstamo disuelta en 1993. El abogado Pablo Contardo explica los alcances de este fallo.
