La ministra Vocera, Paula Narváez, junto a la junto a la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz; y los ministros subrogantes de las carteras de Desarrollo Social, Salud y Educación; presentaron este martes las acciones de gobierno para ir en ayuda de los niños y niñas afectados por los incendios forestales.

Aún se mantienen resonando los ecos de las pasadas elecciones en la multigremial. Llamados a nuevas elecciones con voto universal, transparencia y democracia interna han llevado a que el Colegio de Profesores congele su participación en el organismo. Marzo pareciera ser un mes clave para el descenlace de los hechos.

Se trata de Jovenel Moise quién logró la victoria en las pasadas elecciones de noviembre del año pasado.

Un fiscal federal argentino acusó a la canciller Susana Malcorra de utilizar más de un millón de dólares para impulsar su fallido intento de ser secretaria general de la ONU.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos resolverá respecto de la apelación presentada por el gobierno estadounidense para sostener la polémica medida. .

El subsecretario de Obras Públicas tiene un nutrido curriculum como funcionario en los diferentes gobiernos de la Concertación, con cargos de diferente nivel de responsabilidad. Ahora estará a cargo del proceso de reconstrucción de las zonas devastadas por los incendios forestales que que afectaron la zona centro-sur del país, esto con la sombra de su actuación tras la erupción del volcán Chaitén en 2008.

Elecciones directas también compone la agenda de luchas para 2017, descrita en la Carta de Fortaleza

El ELN ha respondido a todas las condiciones puestas por el gobierno colombiano para dar inicio a las conversaciones de paz.

Este 8 de marzo se llevará a cabo un hecho inédito a nivel mundial: un Paro Internacional de Mujeres. En la Argentina, distintas articulaciones y asambleas de organizaciones y activistas ya lanzaron la convocatoria. Este sábado emitieron un comunicado llamando a las centrales sindicales a apoyar la medida y promover su real ejecución.

El hecho responde a la acción judicial impulsada por el gobierno español tras la consulta ciudadana no vinculante llevada a cabo en Cataluña el 9 de noviembre de 2014. Los enjuiciados arriesgan hasta 10 años de inhabilitación de ejercer cargos públicos.