El Tribunal Constitucional asestó un duro golpe al gobierno de Kast y el corazón de la Ley Escuelas Protegidas, al declarar inconstitucionales la pérdida de gratuidad para estudiantes condenados, las requisas de mochilas sin orden judicial y la prohibición de capuchas, tras considerar que vulneran el debido proceso y los derechos fundamentales de niños y adolescentes