El proyecto que fue remitido a sala considera objeto de amnistía a los hechos ocurridos desde el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020 y mandata al Ministerio Público a cerrar las investigaciones de los casos que no son objetos del beneficio.

"Es un tema que lo hemos conversado con el general director de Carabineros, tenemos que dotar de mayor eficacia a la policía en las denuncias, fortalecer los aspectos culturales, de vida comunitaria, para quitarle las calles a la delincuencia y al narco también. Lo tenemos muy presente", indicó el presidente electo.

“Desde la Presidencia (de la Convención Constitucional) nos parece positivo que cualquier actor de la sociedad presente su moción, pueda dar insumos a las distintas comisiones, al igual que lo hacen todas las personas en este país, valoramos y respetamos la autonomía de los poderes y por supuesto esta Convención es autónoma y se van a dar los proceso de conversación y diálogo que se determinen en cada comisión”, expresó Quinteros.

“He dado a instrucciones precisas al delegado presidencial de Tarapacá, que inicie el proceso de expulsión a estas cuatro personas que fueron detenidas por agresión a Carabineros. Estas personas tendrán que enfrentar la justicia en el control de detención y dependiendo en lo que ahí ocurra estos serán expulsados de igual manera, vale decir si tienen condena o no la tienen”, indicó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

“Para nosotros es una materia muy sensible el chequeo de los datos. Necesitamos terminar con los proceso de revisión antes de publicar”, explicó la futura ministra del Interior, Izkia Siches.

El pasado 23 de mayo de 2021, la fundición de Enami en Paipote marcó un promedio horario de liberación de dióxido de azufre de 2.027,8 microgramos por metro cúbico (µg/m³), en circunstancias que el límite aceptado por las normas es de 350 µg/m³, reveló una investigación realizada por CIPER.

La norma consta de dos artículos: el primero establece una comisión que desarrollará una política de saneamiento, catastro y restitución de tierras y recursos indígenas. Por su parte, el segundo anula los permisos y concesiones mineras en territorios que pertenezcan a las naciones originarias, sin que haya un proceso de consulta previo.

La fundición ha superado 63 veces el límite que fija la norma, desde que esta fue publicada en 2019. Pero la regla es tan laxa que aún no incurre en incumplimiento: puede rebasarla hasta en 131 ocasiones.

Tras darse a conocer la resolución, la familia del malabarista no descarta recurrir a otras instancias para lograr una condena contra el carabinero.

"Lo que no puede hacer (Boric) es cerrar las puertas sin ver cómo van sucediendo los hechos, porque Piñera también le cerró las puertas al primero, segundo y tercero y la presión ciudadana y la postura del Congreso fue absolutamente diferente", señaló el diputado socialista.