Rocío Faúndez afirma que finalmente va tomando forma el desafío de este servicio y se va saldando la deuda que nuestro país tenía hace muchos años. Durante décadas hubo consenso de diferentes gobiernos en que se necesitaban dos instituciones distintas y especializadas: una para atender a los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, y otra para trabajar con los jóvenes que están en conflicto con la ley.