"El Estado de Chile ha reconocido incluso con informes emanados de la propia Corte Suprema que las personas que se encuentran privadas de libertad en este país viven en situación de hacinamiento, con raciones de comida de hambre y vulneración de sus derechos, todo esto por falta de recursos económicos. Ahora sabemos dónde van parte de los recursos que faltaban", manifestó el jurista Roberto Ávila.