Se movilizaron para rechazar la ley Zidres, que amenaza a los campesinos con ser despojados de sus terrenos para otorgárselos a empresarios y multinacionales.
Si los países miembros no le inyectan recursos, tendrán que despedir al 40% de su personal y quedarse con una plantilla de 48 funcionarios a cargo de proteger los derechos humanos de mil millones de personas.