Comisiones del Senado aprueban idea de legislar prórroga de 12 años a la ecocida Ley de Riego (18.450) solicitada por Piñera
Durante la tarde del miércoles, las Comisiones del Senado de Agricultura, Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, aprobaron por 8 votos a favor y 3 abstenciones la idea de legislar el proyecto que modifica y prorroga la Ley de Riego 18.450 para extender su vigencia por una duración de 12 años.
Entre los senadores que apoyaron la iniciativa figuran Jorge Pizarro, José Durana, Carmen Gloria Aravena, Rafael Prohens, Claudio Alvarado y Juan Castro. También votaron a favor Álvaro Elizalde y Ximena Órdenes, pero condicionaron su apoyo al proyecto ya que aseguraron que debe mejorar con las indicaciones. Mientras que Juan Ignacio Latorre, Alfonso De Urresti e Isabel Allende se abstuvieron.
Ahora se inicia un plazo de indicaciones que permitirían su despacho a ambas Cámaras del Congreso.
Durante la jornada ,se informó que el plazo para presentar dichas indicaciones será hasta el medio día del lunes 22 de noviembre, y las comisiones temáticas unidas volverán a sesionar el miércoles 24 a las 12:30.
En la instancia parlamentaria, participó la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, quien aseguró que la solicitud de prórroga “es una ley que hoy día, tal como está, quiere focalizar sus esfuerzos a la pequeña y media agricultura», y aseguró que «este proyecto limita el acceso a los grandes”.
Al respecto, la senadora del Partido por la Democracia, Ximena Órdenes, condicionó su apoyo a la iniciativa, ya que aseguró que no estaban las condiciones para aprobar este proyecto.
“Nosotros no estamos de acuerdo con que sea una prórroga automática de 12 años. Creemos que faltan antecedentes importantes para definir claramente cuál es el plazo adecuado de prórroga de una ley de esta naturaleza. Lo digo porque primero estamos en un contexto de cambio climático, que no se expresa sólo en el calentamiento global, en el aumento de la temperatura, la amenaza a la biodiversidad, sino también con el fenómeno de déficit hídrico que ha golpeado fuertemente al país. Podemos perpetuar, yo creo que no es por 12 años, una desigualdad que se ha expresado en la ley de riego”, expresó, citada por Radio U de Chile.
Por su parte, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, indicó que en esta discusión se repiten patrones de asignación de recursos como la situación del fomento forestal, y aseguró “yo creo que en este momento, en el actual contexto de crisis climática y ecológica no es sostenible prorrogar a 12 años este instrumento y en las actuales condiciones por más que, incluso, los cambios que se le hicieron en la Cámara de Diputados creo que queda corto, es insuficiente”.
Este cuestionado instrumento legal, que cuenta con diversas observaciones y reparos desde organizaciones comunitarias y campesinas, contribuye a seguir perpetuando un modelo de desarrollo agrícola que tiene sus orígenes en la exportación de agua a través de frutas y otros productos, y que compromete la seguridad alimentaria del país.
Esta normativa fue promulgada el 22 de octubre de 1985 en plena dictadura cívico-militar, y nació para aprobar las normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, y por medio de ella el Estado entrega recursos a las sociedades agrícolas o particulares para implementar tecnificación del riego o financiar construcciones de embalses que reservan agua.
Avance de la desertificación y daño a los humedales
La ley de Riego ha sido prorrogada dos veces en democracia, durante el 2004, en el gobierno de Eduardo Frei, mientras que la segunda extensión se dio en el 2009, durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
La última prórroga culmina en diciembre de este año, por lo que el Presidente Sebastián Piñera ingresó un proyecto para extenderla por 12 años más, el cual actualmente está siendo discutido en el Senado.
Una de las principales críticas a la Ley de Riego es que en 36 años de vigencia ha beneficiado a grandes agricultores más fácilmente que a los pequeños. También se ha alertado que la bonificación por el riego tecnificado ocurre en predios donde se ha talado el bosque nativo a través de planes de manejo ilegales, lo que favorece el avance de la desertificación en una situación que amplifica los actuales efectos del cambio climático.
Además, la prórroga de esta ley también afecta a los humedales a través del drenaje de sus aguas, lo que alteraría un ecosistema que es clave para mitigar el impacto del calentamiento global y proteger los ciclos hidrológicos.Asimismo, su extensión por 12 años contribuiría a afianzar un modelo de desarrollo agrícola que sólo beneficiaría a los grandes empresarios de monocultivos para exportación al extranjero.
Otro elemento polémico, se agrega la relación de empresas con subsidios y que a su vez han generado amplias talas de bosque nativo. Según datos oficiales proporcionados vía Transparencia por la CONAF y la CNR el 2020, de las 20 empresas que más han talado bosque nativo entre 2008 y 2020, doce han recibido cuantiosos subsidios de la Comisión Nacional de Riego.
También se ha alertado que el instrumento legal contribuye a seguir perpetuando un modelo de desarrollo agrícola que tiene sus orígenes en la exportación de agua a través de frutas y otros productos, y que compromete la seguridad alimentaria del país.
Subsidios estatales para favorecer a la elite
El pasado 10 de agosto El Ciudadano publicó un reportaje que revela que grandes empresas agroexportadoras han recibido más que millonarios subsidios estatales para riego en el marco de su expansión industrial, con una política de gestión hídrica que ha recibido diversas denuncias por su ineficacia, acaparamiento y afectaciones socio ambientales, en desmedro de sectores campesinos.
Este medio, recordaba que ChileVisión había informado que durante la pandemia, el Estado ha traspasado más de $20 mil millones de fondos públicos a grandes y medianos empresarios agrícolas que obtienen subsidios para proyectos de riego. La Viña Concha y Toro, por ejemplo, ha recibido en los últimos 10 años cerca de $1.000 millones, encabezando el grupo de grandes compañías que reciben más financiamiento del Estado por este concepto. Le sigue Sociedad Agrícola Ancla Ltda., con más de 677 millones y luego, Sociedad Agrícola, ganadera y forestal “Mataquito” con más de 669 millones.
Desde el punto de vista de las distribuciones, las grandes empresas han obtenido cerca de 68.453 millones, siendo casi el doble de los subsidios de pequeños empresarios que han recibido 34.797 millones. Sin embargo, en comparación con pequeños agricultores de Indap la diferencia es casi cuatro veces, ya que la cifra que ha recibido este sector es de 15.942 millones. Hay que señalar que los montos están relacionados a la cantidad de suelo que se regará y a los aportes que la propia empresa haga a su proyecto.
De hecho, el senador independiente por el Maule, Juan Castro Prieto, ofició a la Comisión Nacional de Riego (CNR), por las millonarias sumas de dinero a medianas y grandes empresas vinculadas al sector agrícola.
El documento enviado por el parlamentario solicita información sobre los beneficiarios de la Ley de Riego Nº 18.450, exigiendo un listado de todas las empresas a las que se les otorgó subsidios por proyectos de riego y drenaje entre el 2018 y el 2021.
“Le pedí vía oficio a las personas de la CNR que nos informen sobre todos los beneficiarios que ha tenido la Ley de Riego, porque duele mucho saber que grandes corporaciones y empresas agrícolas han recibido gran cantidad de dinero por medio de beneficios producto de esta ley”, explicó Castro.
Cabe recordar que la semana pasada las comisiones unidas de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos acordaron suspender la votación en general de la prórroga como consecuencia de un reportaje de El Desconcierto en el que se revelaron los millonarios subsidios estatales para el riego entregados a Empresas Sutil, conglomerado agrícola encabezado por el líder de la CPC, Juan Sutil.
Asimismo, según información publicada por la Fundación Terram, la familia del senador Rafael Prohens habría sido beneficiada por esta ley a través de dineros estatales. Según datos que la Fundación obtuvo desde la Comisión Nacional de Riego (CNR), los hermanos del senador de Renovación Nacional por la Región de Atacama recibieron, tanto en sociedades como personas naturales, dineros fiscales por un monto superior a los 300 millones de pesos.
Negocio rentable
La Bióloga Ambiental y Doctora en Ciencias con mención en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, Fernanda Salinas, se refirió a la decisión de los senadores de aprobar la idea de legislar la prórroga que extiende por otros doce años de la Ley de Riego.
Indicó que “se entiende solamente en un marco de interés de mantener un negocio que ha sido muy rentable para algunas personas y que ha causado grandes problemas en muchos territorios para muchas personas”.
En declaraciones a Radio U de Chile, recordó que a través de la Corporación Nacional Forestal, el Estado aprobó planes de manejo que permitieron la tala de bosque nativo en las laderas de los cerros para sustituir los suelos por monocultivos frutales, acciones que fueron declaradas como ilegales por la Contraloría General de la República.
“El problema es que no sólo los agricultores y los empresarios del agronegocio tuvieron la complicidad del Ejecutivo, del Gobierno, de la Administración Pública desde el año 2008 cuando se aprobó la Ley de Bosque Nativo a través de la Corporación Nacional Forestal, sino que después la Comisión Nacional de Riego les financia las obras de riego tecnificado en las laderas a esos mismos empresarios que antes habían talado el bosque nativo de manera ilegal. Pero con una autorización ilegal del Estado a través de CONAF”, sostuvo.
Salinas aclaró que esta ley no protege la flora y fauna nativa y los ecosistemas naturales, y afecta principalmente a los humedales que existen en el país.
“Fomenta el drenaje de humedales y el estudio y la captación de aguas subterráneas para utilización en riego. También fomenta el cultivo en laderas, lo que favorece la erosión del suelo y también, en el fondo, no distingue el tipo de agricultura que se está favoreciendo, por lo tanto, los mayores beneficiarios son grandes empresarios que producen monocultivos para la agroexplotación con alto insumos de fertilizantes sintéticos, pesticidas, herbicidas, y plaguicidas, porque son monocultivos que son susceptibles a muchas plagas y enfermedades. Entonces, vemos fenómenos como los que hemos visto en los últimos años, donde el bosque esclerófilo se torna pardo, mientras que la vegetación del lado tenemos las plantaciones del monocultivo de paltos completamente verdes y brillantes”, explicó.
La doctora en ecología, Fernanda Salinas, aseguró que el financiamiento entregado por el Estado no beneficia a los pequeños agricultores, ya que está enfocado en empresarios dueños de grandes extensiones de terreno, y la privatización de los estudios o acompañamientos en el desarrollo de los procesos afecta al productor minoritario.
“Los pequeños quedan completamente abandonados dentro de lo que son los subsidios que pueden crear desde el Ministerio de Agricultura, porque se invisibilizan en comparación con un gran agricultor. Además, esta ley utiliza una figura que es de consultores. Tiene muy poquitos trabajadores propiamente tal de la Comisión Nacional de Riego, sino que funciona a través de consultores privados. Entonces, privatiza y externaliza la elaboración de estudios, la elaboración del acompañamiento de los privados y lo terceriza con otro privado. También ahí hay algunos que se llevan todos los proyectos, y otros poquitos que, en el fondo, no se llevan mucho, no ganan los proyectos para poder ser consultores dentro de esta ley”, dijo.
También alertó que el uso de fertilizante sintéticos en estos cultivos destruye la biología del suelo.
“Con monocultivos no hay ninguna especie más que las que se cultivan ahí y pierdes la función ecológica que cumplen los sistemas ecológicos y las comunidades nativas, que son regular el clima, proteger el suelo, crear el suelo orgánico y también lo protegen», dijo.
«Estamos en un escenario de cambio climático, escases hídrica y sequía, pero eso se profundiza si seguimos expandiendo la superficie de riego y si seguimos destruyendo los ecosistemas naturales que esta ley ha favorecido”, subrayó la académica.
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