Denuncia de OLCA: Gobierno y sectores opositores dan espaldarazo a la agroindustria

Como Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) nos hemos enterado que este 26 de noviembre, último día para despachar la ley de presupuesto del año 2020, la Cámara de Diputados aprobó una indicación remitida de manera sorpresiva por el Gobierno de Piñera que elimina la obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de todos los proyectos de embalse, es decir, de obras artificiales que busquen acopiar aguas de un volumen entre 50 y 300 mil metros cúbicos.

La glosa aprobada se justifica en que “considerando la situación excepcional de escasez hídrica, la Comisión Nacional de Riego podrá permitir la postulación a concursos de la ley N°18.450 de embalses de volumen superior a 50.000 metros cúbicos e inferiores a 300.000 metros cúbicos, sin importar la altura de su muro y sin que estos deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente”.

Esto se aplicaría tanto a proyectos ya ejecutados como por ejecutar, con fondos públicos, y también a aquellos que sean de exclusiva responsabilidad privada. En el fondo, se está abriendo un inmenso forado a nuestra, ya precaria, institucionalidad ambiental, a través de una ley referida a otra materia y con argumentos falaces.

Lamentablemente, la medida fue aprobada en la Cámara de Diputados por mayoría, donde un grupo significativo de parlamentarios de oposición, que durante estos últimos 40 días declaran y rasgan vestiduras con sus proclamas de apoyar a los diversos movimientos ciudadanos, que se movilizan de mil maneras en las calles exigiendo pleno respeto a los derechos sociales conculcados por más de 40 años, incluidos los derechos que buscan resguardar y proteger el medio ambiente. Específicamente, la indicación contó con 97 votos a favor que incluyó el vergonzoso apoyo de 12 diputados del PS, 7 de la DC, 6 del PPD y 6 del PR. Solo 42 diputados se pronunciaron en contra.

Esto implica derogar de un plumazo el artículo de 10 letra a) de la Ley N°19.300 y el artículo 294 del Código de Aguas, que ya son extremadamente permisivos, pero al menos exigían la intervención y aprobación del Director General de Aguas, cuando se trata de embalses con capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 5 mts. de altura. De manera de que su ingreso al SEIA, cuando había por ejemplo desplazamiento de comunidades, sería como Estudio, abriendo la posibilidad de que comunidades de campesinos o agricultores hacer valer sus objeciones u observaciones.

Todo esto ha quedado sepultado. Y la situación se ve aún más agravada, al constatar que la mayoría de los embalses que se proyecta construir, sería vía ley de concesiones, o sea obras públicas en cuanto a construcción con fuertes subsidios estatales, pero de completo beneficio privado centrado en la gran agroindustria exportadora. Algo similar a lo acontecido con las concesiones de autopistas a lo largo de todo el territorio del país.

Con una justificación absurda se pretende otorgar manga ancha a los grandes empresarios de la agroindustria para construir infraestructura con generoso subsidio público, pero sin ninguna supervisión técnica y ambiental por parte de los servicios sectoriales especializados. Es fácil imaginarse cómo estos empresarios agrícolas se aprovecharán de la oportunidad, dejando a las comunidades, a las próximas generaciones y a los frágiles ecosistemas en una completa indefensión. Con esta actitud el Presidente Piñera nuevamente muestra las garras de un completo depredador solo preocupado de otorgar más regalías a los poderosos grupos económicos.

Un cálculo rápido permite señalar que cerca de 9 de los 20 embalses ya existentes se podrán aprovechar de esta norma aprobada sin debate alguno. Y a esto hay que sumar todos las obras que están en carpeta, como es el caso del Embalse el Durazno en la comuna de Combarbalá que hasta ahora no ha ingresado al SEIA debido a la activa oposición de las comunidades locales.

Ante esta situación como organización socioambiental que promueve y defiende los derechos socio ambientales nos revelamos, y exigimos paralizar la profundización de la agenda neoliberal pro inversión en un momento en que la ciudadanía sigue planteando un categórico rechazo al modelo imperante, principal responsable de los males que la aquejan al país, sus comunidades y el medioambiente.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)