Diputados de la Comisión de Educación revisaron situación de la Universidad La República

Esta semana, las y los diputados de la Comisión de Educación realizaron una sesión especial para recibir antecedentes sobre la situación de la Universidad La República, luego que la Superintendencia de Educación Superior recomendará revocar su reconocimiento oficial.

En particular, la preocupación de los parlamentarios está centrada en cómo esta decisión, que podría conllevar el cierre de la universidad, afectará a los casi 4 mil alumnos que hoy cursan estudios, mayoritariamente en jornadas vespertinas en las 11 sedes del país, desde Arica a Temuco.

Para ello, se escuchó al superintendente de Educación, Jorge Avilés, al subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, al rector Fernando Lagos y a representantes de alumnos y docentes.

En primer término, el rector Lagos recalcó el número de estudiantes afectados, porque el 90% de estos son trabajadores, con edades entre 25 y 50 años, y que corresponden en su mayoría a jefes o jefas de hogar. Asimismo, destacó que el 76% de los estudiantes corresponden a carreras del área de la salud.

Respecto de los problemas financieros del plantel (uno de los principales aspectos tomados en cuenta por la superintendencia), el rector afirmó que la deuda histórica considerada por las autoridades es de hechos anteriores al periodo 2016, año límite que la actual legislación considera para iniciar investigaciones administrativas o levantar cargos.

El rector, además, acusó a las autoridades fiscalizadoras de ocultar información y que “las conclusiones que se desprenden son equivocas e inducen a error”. Al respecto, dijo que el proceso de la Superintendencia se ha llevado a cabo en forma errada, invocando incorrectamente la norma, por hechos ya sancionados, y “con ocultamiento de información al Consejo Nacional de Educación”, ente que deberá resolver la medida en contra de la universidad.

Finalmente, el rector también acusó tanto a la Superintendencia como a la Subsecretaría de entregar información y anuncios por la prensa, incluso antes de informar a la institución afectada.

A su turno, el superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, expuso a la comisión  el detalle de todo el proceso de fiscalización realizado, donde se concluyó que “la Universidad La República no cuenta con las condiciones mínimas necesarias ni suficientes para que los estudiantes puedan cursar de manera adecuada las carreras y programas de estudios  ofrecidos, existiendo un riesgo real de que estos se vean interrumpidos de manera inminente”.

Avilés informó que la universidad tiene incumplimientos recurrentes de las obligaciones previsionales de sus trabajadores (más de 4 mil deudas vigentes a noviembre de 2020) con deudas en 11 instituciones previsionales, demandas por este mismo concepto, multas en la Dirección del Trabajo y deudas por impuestos y créditos fiscales. Asimismo, la universidad enfrenta el próximo remate de su casa central, en Santiago, pospuesto por el Estado de Excepción.

De esta manera, la suma de todos los compromisos y situación patrimonial da como resultado que la Universidad tenga al año 2020 un déficit financiero de $1.847 millones de pesos, cifra que mas que duplica la existente en 2018 ($760 millones). Por ello, el superintendente remarcó a los legisladores que la solicitud de revocación del reconocimiento tiene como “único objetivo proteger la continuidad de estudios de sus alumnos”.

En esa misma línea, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, aclaró que una vez que el CNE tome una decisión, y dependiendo de esta, se usarán todos los mecanismos que la ley establece para proteger a los estudiantes, por la vía de terminar los estudios en la misma universidad, el nombramiento de un administrador de cierre o la reubicación en otros planteles.

Sobre este punto, las representantes de los estudiantes, Yessenia Navarro y Constanza Pacheco, criticaron que las autoridades esperaran a marzo para comunicar esta decisión, cuando ya se habían matriculado, y recordaron que muchos estudian en esta universidad por sus bajos aranceles, facilidades de pago y jornadas de estudios, por lo que manifestaron su preocupación por la reubicación, ya que no existen en las ciudades donde hay sedes de la universidad, otros planteles que ofrezcan las carreras ni tampoco la modalidad vespertina.

Finalmente, los estudiantes consultaron a la autoridad si estos hechos habían sido ponderados y si les puede garantizar que no pasarán más de un año esperando las reubicaciones, como ha ocurrido en otros casos similares. En ese sentido, el subsecretario Vargas dijo que si se concreta el cierre, la prioridad será la reubicación de los alumnos, y reafirmó que si no se actúa hoy, en forma preventiva, en los meses siguientes la situación podría ser peor y mas perjudicial para los estudiantes.

Lee a continuación una nota de El Ciudadano relacionada con este caso: Ex dirigenta de U. Arcis por cierre de U. La República: Actual ley no garantiza el derecho a la continuidad de estudios en estos casos