El impacto del cambio de gabinete en la reforma al Código de Aguas: Votación se postergó nuevamente

Una nueva suspensión en su avance en el Senado sufrió esta semana la reforma al Código de Aguas, que ya lleva 9 años de tramitación legislativa luego de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados y las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura de la Cámara Alta

Una nueva suspensión en su avance en el Senado sufrió esta semana la reforma al Código de Aguas, que ya lleva 9 años de tramitación legislativa luego de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados y las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura de la Cámara Alta.  

El martes 28 de julio, el Presidente Sebastián Piñera nominó a los senadores Víctor Pérez (UDI) y Andrés Allamand (RN) como ministros del Interior y Relaciones Exteriores, respectivamente. Producto de ello, los legisladores cesaron su participación en la comisión, siendo reemplazados por Luz Eliana Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN).

Así, al asistir este lunes por primera vez a la sesión, Galilea solicitó aplazar la votación del proyecto con el fin de tener tiempo para informarse sobre los temas a zanjar. Alfonso De Urresti (PS), en su calidad de presidente y con la anuencia de los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (Ind.), accedió al requerimiento.

“Los dos integrantes que vienen sumándose hoy día no tienen el conocimiento, el seguimiento de lo que hemos visto. Hoy estamos convocados a comenzar a votar el proyecto y creo que corresponde hacer una visión genérica, dar tiempo y concordar con ustedes lo que vamos a votar en la próxima sesión”, explicó De Urresti.

A continuación, el director general de Aguas (DGA), Oscar Cristi, hizo un resumen de los temas acordados hasta el momento. Entre los menos controversiales, destacó la regulación de las aguas subterráneas, la obligación de inscribir los derechos en los conservadores bienes raíces para poder cobrar las patentes por no uso, la ampliación de la posibilidad de contar agua para consumo humano ampliando las potestades expropiatorias del Estado, y el mejoramiento de los deberes de informar y exigir información por parte de la autoridad.  

Asimismo, la creación del derecho para uso en su fuente, con miras a la conservación, y el mandato a la DGA de contar con planes de cuenca, fueron algunas de las otras materias mencionadas.

En tanto, etre los ámbitos que el Ejecutivo considera debieran ser revisados por su posible inconstitucionalidad apuntó a todo lo relacionado con el derecho propiedad privada perpetua sobre el agua, como la temporalidad de los nuevos derechos, las normas de extinción por no uso y la caducidad por no inscripción en el Catastro Público de Aguas.  

También, algunos artículos que, en opinión del Ejecutivo, podrían limitar discrecionalmente el ejercicio de los derechos, la aplicación de caudales ecológicos a los entregados antes de la promulgación de la ley y la ausencia de indemnización a quienes serían afectados en el ejercicio de su titularidad por decisión alguna del Estado de redistribuir el recurso.

Posteriormente el ex director DGA, Carlos Estévez, aludió al trámite legislativo que ha seguido el proyecto, recordando que nació de una moción parlamentaria del año 2011, durante el primer mandato de Sebastián Piñera, y el objetivo fue claro: “Intensificar la noción de que el agua es un bien nacional de uso público”, lo cual en su opinión se cumple a cabalidad, no teniendo lo ya aprobado problemas de constitucionalidad.

En ese sentido, Cristi también reiteró el interés del gobierno de incluir en la discusión temas no considerados en la minuta marco elaborada por los senadores Pérez y Allamand, sin embargo se aclaró que la lista de artículos a votar ya estaría definida y que si el Ejecutivo pretendía agregar materias tendría la posibilidad de presentar indicaciones durante la discusión en particular en el pleno.

De esta forma quedó agendado que la votación se iniciará el próximo lunes, probablemente con los artículos 6 (a qué derechos se aplicará la reforma) y 6 bis (extinción de derechos).  

Una vez que se resuelvan todas las materias en la Comisión de Constitución, el proyecto pasará al pleno para su discusión en particular. De esta forma avanzará una iniciativa que lleva ya casi una década de discusión, precisamente cuando este 2020 se cumplen 10 años del establecimiento del derecho humano al agua y al saneamiento por parte  de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Algo que en días de cambio climático cobra mucha más relevancia.

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