El origen del Día del Joven Combatiente: Los asesinatos de Mauricio, Paulina, los hermanos Vergara y el «Caso Degollados»

El año 1985 estuvo marcado por la violencia del Estado hacia el pueblo. 53 chilenos y chilenas fueron asesinados y/o ejecutados.

Según documenta la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (1986) en 8 casos, la excusa para justificar la matanza la versión oficial fue “muertos en enfrentamientos”, mostrando a las víctimas de la violencia del Estado como responsables de su propia muerte por ser “subversivos, terroristas, violentistas”.

El MIR había decretado para el 29 de marzo de 1985 la primera conmemoración del Día del Joven Combatiente (El Rebelde N°209) en memoria de Mauricio Maigret.

En ese contexto, y en la Villa Francia, Rafael y Eduardo Vergara Toledo, encabezaron una marcha al interior de la población con destino a recuperar alimentos desde una panadería.

Durante la tarde -cerca de las 20:00 horas en la comuna de Estación Central- los hermanos Rafael Mauricio y Eduardo Antonio Vergara Toledo son asesinados por Carabineros de Chile de la Tenencia Alessandri. Luisa y Manuel, sus padres, no alcanzaron a despedirse de ellos.

En tanto, en la noche del 29 -alrededor de las 21:45 horas en el sector de El Arrayán de la comuna de Lo Barnechea- Paulina Aguirre era emboscada por la CNI. Todos eran activos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR.

Mauricio Maigret Becerra

El viernes 28 de marzo de 1984, Mauricio Armando Maigret Becerra -a pocos días de cumplidos los 19 años- tenía una importante tarea como jefe miliciano del MIR de Pudahuel: ser la contención frente a la represión (de carabineros, agentes de la CNI y de militares), tras el ataque a la subcomisaría Teniente Merino de dicha comuna.

A pesar de su corta edad, y ser aún estudiante secundario del Liceo de Aplicación de Santiago, ya estaba fogueado en el trabajo callejero. Su escuela fueron las jornadas de protestas y movilización en su población Cañada Norte, siempre en Pudahuel, donde se organiza en las Comunidades Cristianas, espacio donde la lucha tenía un límite, y luego, en un Comité Juvenil.

A poco andar, la fuerza de sus convicciones en la necesidad de la lucha frontal contra la dictadura del hambre le empuja a asumir la autodefensa como un legítimo derecho del pueblo, siendo parte de las primeras Milicias de la Resistencia Popular (MRP) en la población. El paso siguiente, hacerse militante del MIR.

Las milicias crecían y se multiplicaban en Santiago Poniente, especialmente en Pudahuel. Desde 1983 comenzaron a actuar abiertamente en las numerosas movilizaciones comunales. El 28 de marzo de 1984 -al día siguiente de la octava Jornada de Protesta Nacional- Mauricio en su calidad de corresponsal de la Agencia Informativa de la Resistencia (ARI), redactó el “parte operativo” que describió lo ocurrido:

“Durante la noche se desarrolló una combativa y desafiante marcha por las poblaciones El Montijo y Violeta Parra para terminar en Herminda de La Victoria. La marcha partió de La Estrella con Salvador Gutiérrez a las 7:45 de la tarde (…) el ánimo era de pelea. Iban al principio unas 50 personas y se sumaron más a medida que se avanzaba por las poblaciones populares. Las consignas llamaban a crear poder popular, a levantar la resistencia contra la dictadura, a organizar a las masas y a desarrollar la defensa del pueblo frente a la agresión de sus enemigos. Llevábamos lienzos de las organizaciones populares, banderas de las Resistencia y del MIR. A la cabeza iban los dirigentes de masas y los milicianos armados que protegían la movilización, terminando en un acto en el Parque Ho Chi Minh (hoy, Cerro Navia).

En la ocasión, las acciones de las milicias se enfocaron en atacar a los representantes locales de la dictadura y sus colaboradores, buscando mostrar la vulnerabilidad del régimen desde los espacios más cotidianos de los sectores populares, con la finalidad de que más gente vaya perdiendo el miedo. Todos nos sentíamos dispuestos al choque. Al terminar el acto, los milicianos, apoyados por pobladores asaltaron el supermercado ‘La Africana’, propiedad de un conocido sapo y traficante del hambre del pueblo”.

Los pobladores recuperaron los alimentos, seguros y protegidos por los milicianos. Sin embargo, solo en Pudahuel, la represión cobró dos muertos.

En respuesta a ello, las milicias deciden una acción de ajusticiamiento a los represores del retén de la población Roosevelt (centro de detención y tortura durante las protestas).

El plan era sencillo: dos unidades de las MRP atacarían la comisaría de la población Teniente Merino, para atraer a los refuerzos que acudirían desde la Roosevelt, para enfrentarse en el cruce de San Daniel con J.J. Pérez.

Tal como se esperaba, carabineros avanzaron por J.J. Pérez y fueron interceptados. En la balacera, Mauricio es herido y abatido mientras hacía contención cubriendo la retirada de su jefe y sus compañeros. Su menudo cuerpo tenía dos balas: una de un fusil SIG y otra de una subametralladora UZI.

En medio del tiroteo, los milicianos en retirada hacia la Población Yugoslavia no pudieron rescatar el cuerpo tendido en la intersección de San Daniel con pasaje Nassau; por ello y en un gesto desafiante de honor, lo cubrieron con la bandera roja y negra y las letras blancas del MIR.

Hermanos Vergara Toledo

El diario La Nación, férreamente controlado por la dictadura militar, informó el 30 de marzo de 1985: “Dos antisociales mueren al enfrentar a Carabineros”. A continuación el texto de la noticia:

“Un funcionario de Carabineros resultó herido y dos civiles, con antecedentes delictuales, perecieron anoche durante un enfrentamiento registrado en La Villa Ferroviarios, en el sector de Las Rejas con Cinco de Abril de esta capital. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el carabinero herido es el cabo Marcelo Muñoz Cifuentes. Los antisociales abatidos fueron identificados como Rafael Vergara Toledo y Eduardo Arturo Vergara Toledo.

Las primeras informaciones indican que alrededor de las 19.15 horas los dos delincuentes asaltaron un negocio en la Villa Kennedy, huyendo. Al ser interceptados por la policía, que los persiguió hasta Ia Villa Ferroviarios, se produjo el enfrentamiento a balazos”.

Como en muchos otros casos similares, lo informado no era cierto. Los servicios de inteligencia del gobierno de Pinochet, y también las policías, manipulaban los asesinatos políticos tratando de ocultarlos como hechos delictuales. Los organismos defensores de los derechos humanos y toda la oposición los denominó “falsos enfrentamientos”.

Tras la muerte de los hermanos Vergara Toledo, en los días siguientes, poco a poco, se fue conociendo la verdad de lo ocurrido. El padre de los jóvenes, Manuel Vergara, relató: 

“Parece que Rafael no murió inmediatamente. Parece que lo arrastraron, los juntaron y Rafael, el más chico, estaba vivo todavía y estiró la mano para tomar a su hermano y ahí murió… Para mí eso me da una gran satisfacción… como los hijos, los hermanos… es posible que se quieran tanto de dar la vida por el otro; de tratar de acercarse… eso para uno como padre realmente lo hace sentirse bien”.

Durante la tarde del viernes 29 de marzo de 1985, agentes de Carabineros realizaron un operativo en la intersección de las avenidas Las Rejas y 5 de abril, en Estación Central, que derivó en la muerte de los hermanos Eduardo (20) y Rafael (18) Vergara Toledo, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que habían sido expulsados del Pedagógico y del Liceo de Aplicación respectivamente.

Junto con otros cuatro miristas, dos hombres y dos mujeres, los hermanos se dirigieron a una panadería local para asaltarla con el objetivo de extraer dinero para financiar la lucha contra la dictadura militar. De camino al almacén, un grupo de carabineros -compuesto por el subteniente Álex Ambler Hinojosa, Jorge Marín Jiménez, Marcelo Muñoz Cifuentes y Nelson Toledo Puente- los interceptó; los hermanos Vergara Toledo huyeron y fueron alcanzados en un callejón de la Villa Robert Kennedy, donde fueron asesinados.

Se señaló por la prensa que los hermanos habrían disparado en variadas oportunidades en contra de los carabineros, quienes habrían procedido a dispararles en defensa propia.

Sin embargo, y como consta en la carta recibida por el general director de Carabineros Rodolfo Stange Oelkers, esta información resultaba confusa y contradictoria, no coincidiendo respecto del lugar concreto de los hechos, la situación en que se habría producido, ni en el tipo de enfrentamiento ocurrido.

Con estos antecedentes, se planteó la hipótesis de que estos jóvenes habían sido asesinados por motivos políticos. Al respecto, en su informe oficial la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (más conocida como Comisión Rettig) concluyó:

“La Comisión ha llegado a la convicción de que Rafael Vergara fue ejecutado por agentes estatales, estando ya herido y en poder de quienes lo mataron, en violación de sus derechos humanos. Respecto de su hermano, Eduardo Vergara, no pudiendo la Comisión determinar las circunstancias precisas en que se produjo el enfrentamiento ni la participación que él hubiera tenido, considera que pereció víctima de la situación de violencia política”.

Entre la información confirmada, consta que los hermanos Vergara Toledo fueron perseguidos e intentaron huir por las calles de Estación Central.

Posteriormente fueron interceptados y acorralados, y a la altura de las avenidas Las Rejas con 5 de abril fueron acribillados por carabineros armados con un fusil SIG 510-4, una subametralladora Uzi y sus armas de servicio.

De acuerdo a los peritajes, Eduardo Vergara Toledo murió con heridas que corresponden a disparos por la espalda y el costado izquierdo. Según la investigación judicial y la de la comisión ya referida, Rafael Vergara Toledo habría resultado herido, y ejecutado momentos más tarde por sus captores. Los cuerpos de ambos hermanos fueron abandonados en la vía pública.

El funeral fue el día 31; el traslado de los ataúdes fue en hombros de sus compañeros, desde Villa Francia hasta la Iglesia de Jesús Obrero; la eucaristía que allí se concelebró por decenas de sacerdotes en medio de una muchedumbre que el vasto templo no pudo contener; la marcha, después, al cementerio entre banderas, aclamaciones, consignas y cantos, fueron actos que revistieron una mezcla de fe pública religiosa y de combatividad vibrante pocas veces vistas.

Los carabineros que asesinaron a los hermanos Eduardo y Rafael fueron finalmente condenados en agosto del 2010 tras un fallo de la Corte Suprema que rebajó las penas que le había aplicado en primera instancia el ministro que investigó la causa.

Los policías Álex Ambler Hinojosa y Francisco Toledo Puente recibieron siete años de prisión y Jorge Marín Jiménez recibió la condena de 10 años y 1 día de presidio, pero en febrero de 2017 la misma Corte Suprema le concedió el beneficio de la libertad, es decir, ni siquiera cumplió la pena efectiva.

Nunca se aclaró si el crimen de los carabineros fue un encargo de alguna de las jefaturas de la CNI.

Paulina Aguirre Tobar

La joven militante del MIR acababa de cumplir 20 años, en diciembre de 1984. El homicidio ocurrió poco antes de la medianoche del 29 de marzo de 1985, en el sector El Arrayán: la misma noche en que los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo fueron asesinados en Villa Francia. En solo unas horas, la siniestra mano de la dictadura cercenó la vida y los sueños de tres jóvenes.

Por el homicidio calificado de Paulina Aguirre fueron procesados y acusados como autores Álvaro Corbalán Castilla, mayor de ejército y jefe operativo de la CNI quien, en esa época, estaba al mando del cuartel Borgoño; Krantz Johans Bauer Donoso, teniente coronel de ejército en retiro, que entonces dirigía la Brigada Azul de la CNI bajo el mando de Corbalán, también procesado por los asesinatos de la Operación Albania y del periodista José Carrasco; Miguel Angel Soto Duarte, mayor de Carabineros en retiro, alias “El Paco Aravena”; Alejandro Astudillo Adonis, oficial de la FACh; y Jorge Claudio Andrade Gómez, teniente coronel de ejército en retiro, subcomandante del cuartel Borgoño.

Fue Soto Duarte quien disparó las balas que provocaron la muerte inmediata de Paulina. Cuando ya había caído, Astudillo Adonis y Andrade Gómez le continuaron disparando. Corbalán y Bauer dieron las órdenes, siguieron paso a paso el operativo y se encargaron del montaje para simular un enfrentamiento.

Paulina Aguirre pidió ingresar al MIR a los 15 años. A esa edad ya había comprendido de sobra lo que era vivir en dictadura. Vio a su padre, Luis Aguirre Smith, terriblemente torturado en Calama y después tras las rejas de la Penitenciaría de Santiago. Su tío Pedro, trabajador de Chuquicamata, estuvo recluido en la cárcel de Copiapó y su tío Carlos Acuña Alvarez fue fusilado en Antofagasta.

La joven militante, cuyo nombre político era “Luisa”, trabajó cinco años en la clandestinidad. Sus padres estaban separados y vivían en el exilio. Luis Aguirre en Francia y su madre, María Eugenia Tobar Andrade, en Suecia.

A comienzos de 1985, Paulina Aguirre arrendó una cabaña de madera en el interior de una parcela, en calle Pastor Fernández N°16.100, en la comuna de Lo Barnechea. Según el testimonio de un testigo, la misma vivienda había sido alquilada anteriormente por una mujer de unos 30 años, que dijo ser fotógrafa y a quien visitaba un hombre de la misma edad.

En las noches, los vecinos sentían que martillaban, como si estuvieran realizando un trabajo de carpintería. La mujer abandonó la cabaña intempestivamente, al día siguiente de un robo en una casa vecina que motivó la presencia de personal de Investigaciones.

En los primeros días de marzo, la zona central del país fue estremecida por un terremoto y una profunda grieta resquebrajó la única pared de cemento de la cabaña donde vivía Paulina. La dueña -María Victoria Esquivel, hoy fallecida-, quien residía en el mismo recinto, le pidió que se mudara a una pieza de su casa mientras reparaban la cabaña. Pero ella optó por trasladarse transitoriamente a casa de su abuela, en la Villa Cumbres Andinas de la comuna de Macul, donde vivían su hermano, una tía y una prima.

El 27 de marzo, los maestros que efectuaban reparaciones en la cabaña debieron derribar la pared dañada y en el interior de un tabique de madera descubrieron paquetes de municiones. Alertaron a la propietaria y ésta dio aviso al Ministerio de Defensa. Al lugar llegó un equipo de la CNI, que posteriormente anunció a la prensa el hallazgo de armas y municiones. Dentro y fuera de la vivienda quedó una guardia permanente de la CNI esperando el regreso de Paulina.

El contratista a cargo de los trabajos, Luis Valenzuela Pérez, declaró durante el proceso que vio al agente de la CNI a cargo del equipo mostrarle una serie de fotos a la dueña de la parcela y que ésta reconoció en una de ellas a la joven arrendataria de la cabaña, como también a otra mujer que le había servido de aval al momento de concertar el alquiler.

Valenzuela señala, además, que les afectó cuando supieron de la muerte de la muchacha “debido a que sentíamos que por nuestro trabajo había resultado muerta esta joven” y que la dueña de la propiedad estaba molesta “ya que estimaba que la cantidad de personas que se encontraba oculta al interior de la parcela y en los alrededores, podría haber actuado en forma diferente, deteniendo a la joven sin matarla”.

Según la versión “oficial” entregada por la CNI, Paulina regresó el 29 de marzo, a las 23.15 horas. La parcela estaba plagada de esbirros de la CNI, ocultos entre los árboles. Cuando la joven abrió la puerta del antejardín, le habrían ordenado que se detuviera e identificara. Entonces, ella habría sacado un arma de su bolso con la que supuestamente disparó a los agentes.

Al repeler el ataque, éstos la habrían herido mortalmente. El informe de autopsia registra ocho entradas de bala, dos de las cuales le atravesaron la cabeza. La muerte fue instantánea.

La investigación realizada durante el proceso judicial reveló que Paulina estaba siendo seguida con anterioridad, que iba desarmada y que la asesinaron a sangre fría. Una vez cometido el crimen, llegaron al lugar Álvaro Corbalán y Kranz Bauer -ambos procesados por la Operación Albania y el primero condenado a prisión perpetua por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca-, para supervisar el resultado de la “operación”, alterar el sitio del suceso y hacer la denuncia del “enfrentamiento”.

Esa fue la información que se dio a conocer a la población chilena a través de la prensa.

Caso Degollados

En la mañana del jueves 28 de marzo de 1985, Santiago Nattino fue abordado en la intersección de las calles Apoquindo con Badajoz por un sujeto que lo encañonó y lo hizo subir a un vehículo que esperaba en la esquina.

Esa misma noche, desconocidos ingresaron a una oficina de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech), ubicada en Londres 75B, y secuestraron a cuatro dirigentes: Mónica Araya, Eduardo Osorio, José Toloza y Alejandro Traverso. Los cuatro serían liberados al día siguiente, después de una jornada entera de interrogatorios.

Pasadas las 8:30 horas del viernes 29, José Manuel Parada y Manuel Guerrero se encontraban conversando en las afueras del Colegio Latinoamericano, en Avenida Los Leones N°1401, cuando de pronto un station wagon marca Opala se detuvo frente a ellos. Se bajaron tres sujetos y con violencia agarraron al sociólogo y al profesor. De los dos docentes que presenciaron la escena, uno de ellos recibió un disparo en el abdomen cuando intentó intervenir.

Inmediatamente el station arrancó en dirección desconocida. Momentos antes de la escena un helicóptero policial había pasado en vuelo rasante por el sector y un individuo se había parado en la esquina y había comenzado a desviar el tránsito.

La investigación posterior determinaría que Nattino, Parada y Guerrero fueron llevados a al cuartel de la Dicomcar en calle Dieciocho, el mismo recinto donde la década anterior había operado el Comando Conjunto. En ese lugar, los tres fueron torturados.

Posteriormente, en la madrugada del sábado 30, fueron llevados en vehículo hasta Quilicura. Los profesionales fueron degollados y sus cuerpos dejados entre unos matorrales, frente al fundo El Retiro, cercano al aeropuerto Pudahuel.

Tras varios años de investigación, en 1994 el juez Milton Juica condenó a tres miembros del servicio secreto de la policía a presidio perpetuo por el asesinato, y a otros trece funcionarios a penas que oscilaron entre 41 días y 18 años de presidio.

Posteriormente la Corte de Apelaciones aumentó a seis las condenas de presidio perpetuo. Al año siguiente, la Corte Suprema finalmente confirmó cinco de las seis condenas a presidio perpetuo: Guillermo González Betancourt, José Fuentes Castro, Alejandro Sáez Mardones, Claudio Salazar Fuentes y Miguel Estay Reyno. En el caso de Patricio Zamora Rodríguez se rebajó la pena a 15 años y un día de presidio.

Desde fines del 2017 solo cumplió condena Miguel Estay Reyno, quien murió en 2021, mientras los otros condenados fueron liberados sin cumplir la condena de presidio perpetuo.

Esta situación fue denunciada por varias organizaciones de derechos humanos, principalmente por la Comisión Funa, que ha investigado y denunciado la impunidad este tipo de delitos.

Honor y gloria a los combatientes que dieron su vida por los compatriotas más desposeídos y aherrojados por un régimen criminal.

Por Jorge Molina Araneda

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