«Es inaceptable en el actual contexto de crisis climática»: Organizaciones de todo Chile se manifestaron contra la Ley de Permisos Sectoriales

En Iquique, Antofagasta, Copiapó, Vallenar, Alto del Carmen, La Serena, Ovalle, Llay Llay, Valparaíso, Santiago, Chillán, Concepción, Temuco y Ancud, se desarrollaron manifestaciones contra la Ley de Permisos Sectoriales y otras iniciativas que forman parte de la denominada agenda de «permisología», entre ellas, la reforma a la Ley de Concesiones Marítimas; la reforma a la Ley N°19.300 de Bases del Medioambiente; la reforma al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; y la Ley de Simplificación Regulatoria.

Entre los puntos más polémicos de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales se encuentran el reemplazo de permisos por declaraciones juradas, la selección de proyectos estratégicos por parte de los ministerios para tramitarlos en mitad de tiempo, la aprobación de permisos por silencio administrativo, y la llamada «estabilidad regulatoria», que permitiría la no aplicación de nuevas normas ambientales durante 8 años a proyectos ya aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Aunque el Gobierno promovió esta ley como necesaria para la reactivación económica del país, las organizaciones advierten sus consecuencias ambientales, ya que afectará a una gran gama de proyectos de inversión relacionados con el manejo de bosque nativo, intervenciones de cauces de agua, extracción de áridos, generación de electricidad, manejo de residuos sólidos y líquidos, administración de borde costero, tendidos eléctricos, y todo proyecto que requiera un permiso sectorial.

Según Alejandra Parra de la Red de Acción por los Derechos Ambientales de Temuco, «los efectos de esta ley se agravan por la recientemente aprobada reforma al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que cuando entre en vigor dejará sin evaluación a miles de proyectos relacionados con la producción, disposición, almacenamiento y reutilización de sustancias tóxicas, explosivas, inflamables, corrosivas o reactivas, y toda modificación a proyectos ya aprobados en el SEIA cuando dicha modificación corresponda al mismo literal que el proyecto original, por ejemplo la ampliación de un relleno sanitario».

«Es inaceptable en el actual contexto de triple crisis planetaria del clima, de biodiversidad y de contaminación», añadió Alejandra Parra. 

En tanto, Camila Zárate, del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), señaló que «lo que pasó el fin de semana marca un hito importantísimo, es una señal de que el movimiento socioambiental está activo, articulado y ampliándose en todo el país. Estamos en alerta e informados de lo que sucede, ya no nos creemos la mentira de que estas leyes son para las pymes y no reducen estándares ambientales».

«Tenemos la absoluta claridad de que el gobierno, que en sus inicios se autoproclamó ecologista, está promoviendo la agenda más regresiva para la naturaleza desde la vuelta a la democracia», afirmó Camila Zárate.

La dirigenta agregó que «no nos detendremos, estamos conversando con todos los actores de la sociedad para explicarles lo que está sucediendo, porque lo que hoy está en riesgo es la vida. Seguiremos movilizándonos y acudiendo a todas las instancias que sean necesarias para frenar esta motosierra ambiental».

Recordemos que el Tribunal Constitucional decidió el martes 22 de julio (2025) no acoger a tramitación el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 42 diputadas y diputados respecto de 5 artículos de esta ley.

La resolución de no acoger a trámite el requerimiento fue tomada por los ministros María Pía Silva Gallinato, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera Muñoz, Hector Mery Romero y Marcela Peredo Rojas, con el voto en contra de Daniela Marzi Muñoz, Nancy Yañez Fuenzalida, Catalina Lagos Tschorne y Alejandra Precht Rorris (5-4).   

Vía Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA)
Araucanía, Chile.

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