Interponen demanda contra el Estado chileno por montajes policiales durante la «Operación Huracán»

Varios integrantes de la comunidad mapuche Temucuicui de Ercilla exigen una indemnización al Gobierno de Sebastián Piñera

Hace seis días, el ministro secretario general de la Presidencia chilena, Felipe Ward, defendió el accionar de Carabineros pese a las múltiples denuncias que se acumulan por sus actuaciones irregulares.

Varios de esos abusos los cometieron los integrantes del cuerpo policial durante 2017 como parte de la denominada «Operación Huracán», de la que se valieron para detener a varios líderes mapuches.

Este lunes 17 de febrero, representantes de la comunidad mapuche Temucuicui de Ercilla presentaron una demanda ante la Corte de Apelaciones de Temuco por el caso con la esperanza de que se haga justicia.

Mediante este recurso, los hermanos Jaime, Jorge y Rodrigo Huenchullán, además de Armando Henríquez, piden una indemnización de $ 2.000.000.000 al Estado luego de haber sido detenidos en septiembre de 2017 en uno de los operativos de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros Araucanía, valiéndose de antecedentes y pruebas falsas para responsabilizarlos por haber participado en hechos de violencia, reseñó Radio Bio Bio.

“Queremos que se nos repare el daño moral, el daño psicológico, el daño que se le hizo a cada una de las personas. A los dirigentes, al Lonco, a la comunidad en general al haber imputado, procesado y encarcelado a nuestra gente, acusados de terroristas por delitos que la propia policía inventó en su momento”, explicó la abogada Karina Riquelme, del Centro de Investigación Sur (Cidsur), quien impulsa la acción legal.

Asimismo, agregó que sus representados de la comunidad mapuche Temucuicui de Ercilla resolvieron demandar al fisco por la actuación negligente y arbitraria de Carabineros y también de la Fiscalía en la «Operación Huracán».

Por su parte, Jorge Huenchullán, werkén o vocero de esa comunidad y uno de los demandantes, reiteró que por «estos errores tan graves, que fueron realizados por instituciones del Estado, deben ser indemnizados y no puede ser que ningún ciudadano sea hoy acusado por el Estado y que este no repare los hechos graves que acontecieron en estas imputaciones”.

Las irregularidades de la operación

Durante la operación, la fuerza de seguridad expuso supuestos mensajes de las aplicaciones WhatsApp y Telegram de los comuneros en los que presuntamente coordinaban acciones violentas, por lo que procedieron a apresarlos de forma preventiva. La búsqueda de antecedentes se realizó sin participación de la Fiscalía, en el marco de la Ley de Inteligencia que le permitía a la institución policial chilena actuar de forma autónoma en las investigaciones, refirió Telesur.

Inicialmente, la Fiscalía acusó a los comuneros del incendio de camiones y maquinaria agrícola en el sur del país, en las localidades de Lautaro, Temuco y Padre Las Casas, pero a medida que avanzaba la causa, la instancia comenzó a dudar sobre la investigación de Carabineros y solicitó más pruebas.

En respuesta, el cuerpo policial alegó que actuó al amparo de la Ley de Inteligencia y se negó a entregar la información. Posteriormente, las pericias realizadas por el Ministerio Público determinaron que los teléfonos incautados habían sido intervenidos por organismos de inteligencia de Carabineros para incluir conversaciones en sus respectivos grupos de WhatsApp y Telegram.

Fuentes: Radio Bio Bio, El Desconcierto.