Ley Lafkenche: pueblos originarios alertan sobre retroceso en derechos colectivos

El Consejo Nacional del Pueblo Chango manifestó su rechazo a la Modificación de la Ley Lafkenche por parte del Congreso Nacional, luego de que la Sala del Senado aprobara en general la normativa que busca optimizar la implementación de la ley.

A través de un comunicado el Consejo Nacional del Pueblo Chango compuesto por 75 organizaciones expresó su total rechazo a la modificación declarando que la Ley Lafkenche ha sido una herramienta jurídica crucial para la protección del espacio costero marino de los pueblos originarios. 

“Su modificación sin una debida consulta previa y sin la participación efectiva de nuestros pueblos constituye una grave vulneración de nuestros derechos colectivos, amparados tanto en la Constitución como en normas internacionales”, manifestó el Consejo. 

Además, denunció el incumplimiento de tratados internacionales en vigor ya que según el Convenio 169 de la OIT, el Estado tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas y tribales, cada vez que se proyecten acciones legislativas o administrativas que puedan impactarles directamente, denunciando falta de diálogo y consentimiento. 

En la misma línea, advirtió falta de representación y participación legítima: “Denunciamos la ausencia de representación de los pueblos indígenas en el proceso legislativo, particularmente del pueblo Chango, cuyo reconocimiento oficial como pueblo indígena fue logrado tras años de lucha y organización. Esta exclusión refuerza patrones históricos de discriminación estructural y niega nuestra legítima condición de sujetos colectivos de derecho”, anunció en el comunicado. 

Asimismo, el Consejo declaró que la modificación favorece intereses extractivistas, turísticos o inmobiliarios lo que implicaría un retroceso en los progresos en derecho de los pueblos originarios, además de ser una forma de discriminación indirecta hacia las comunidades costeras. 

Por último, manifestó su total rechazo a cualquier acción dirigida a debilitar o derogar la Ley Lafkenche, calificando el proceso como “viciado y excluyente”. Además, el Consejo anunció que ejercerá todos los recursos institucionales, jurídicos y de movilización pacífica con el fin de frenar la iniciativa. 

“Hacemos un llamado al Congreso Nacional, al Gobierno de Chile, a organismos internacionales de derechos humanos y a la sociedad civil organizada a respaldar nuestra legítima demanda, y a velar por el respeto irrestricto a los derechos de los pueblos originarios, que no pueden ser objeto de negociación política ni subordinados a intereses económicos de corto plazo”, concluyó el comunicado. 

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