«No queremos volver a vivir en 100 metros cuadrados y menos en sus bloques de cemento»: Pobladores de toma de Cartagena y San Antonio anuncian que resistirán desalojo ordenado por la Corte Suprema

Revuelo y también mucha conmoción ha causado en las y los pobladores de la toma de Cartagena y San Antonio, la orden de la Corte Suprema de hacer abandono de sus hogares en un plazo de seis meses, bajo amenaza de utilizar la fuerza pública en caso contrario.

El máximo tribunal ratificó una resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acogió en 2023 un recurso presentado por la Inmobiliaria y Constructora San Antonio, ordenando el desalojo de los terrenos tomados en el cerro La Virgen, ubicado entre las comunas de San Antonio y Cartagena.

En esta toma, emplazada en un paño de 260 hectáreas, según estimaciones del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), actualmente residen cerca de 15 mil personas, agrupadas en unas 5.600 familias. Un tercio de los habitantes son niños y niñas.

Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema establece que «todos los ocupantes deberán abandonar el inmueble, disponiendo de un máximo de 6 meses desde que esta sentencia quede ejecutoriada, debiendo retirar del lugar sus enseres y construcciones realizadas en el lugar».

Asimismo, el tribunal dispuso «el desalojo inmediato con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición».

Ante esto, las y los pobladores sacaron la voz. En declaraciones a Radio Cooperativa, Karina Ayala, representante de una agrupación de habitantes de la toma, afirmó que «nos quieren sacar de un lugar donde nosotros hemos construido un barrio».

En tanto, otra vecina, Jessica Ávila, de la misma agrupación, dijo a la misma emisora «no queremos que nos saquen del Cerro Centinela, no queremos ratoneras, porque eso es lo que están entregando, son departamentos muy chicos que tú tienes que ver si pones una cama o pones un mueble, y yo no quiero, y nadie del cerro quiere eso. Nosotros queremos nuestros terrenos, donde estamos luchando, queremos la radicación».

El abogado de la agrupación, Felipe Olea, refuerza estas posiciones y plantea que lo que se le está pidiendo es que el Estado haga uso de los miles de subsidios que existen «y que efectivamente compre el terreno, porque las casas ya están construidas, esta es una población que ya existe, en donde sus calles, sus avenidas, locales comerciales, distintas urbanizaciones ya existen, lo que hoy falta es el timbre para que el Estado se haga cargo y entienda que acá en San Antonio ha nacido una nueva población».

Desde el territorio también llegó un comunicado emitido por la Coordinadora de Tomas y Campamentos de San Antonio y Cartagena, donde pidieron a las autoridades «que dejen de ofrecernos los famosos comités de vivienda que lo único que hacen es llenar y llenar el bolsillo de unas cuantas inmobiliarias manejadas por los empresarios que controlan este país».

«No queremos volver a vivir en espacios indignos que son los que ofrecen los gobiernos de paso, en los cuales no tenemos privacidad, nuestros hijos espacio para desarrollarse adecuadamente, y menos pensar en lugares de buena calidad», agrega la declaración, que compartimos íntegramente a continuación:

Seguiremos informando.

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