Oposición presentará este miércoles la acusación constitucional contra Piñera por compraventa de minera Dominga

Tras dos reuniones por parte de las bancadas, se logró una acuerdo transversal para presentarla, con con 15 firmas. El diputado Raúl Soto (PPD), recalcó que la acusación constitucional “iría más que nada por el tema de afectar el honor de la Nación, por un lado, y también afectar gravemente la Constitución y las leyes, creemos que hay infracciones también en cómo se han dado estos hechos del punto de vista de las normas de probidad y transparencia".

Los diputados de oposición confirmaron que mañana miércoles, a las 09:00 horas presentarán la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por el caso de la compraventa de la minera Dominga.

De acuerdo con la investigación de los Pandora Papers, Piñera concretó la venta de sus acciones en el proyecto al empresario Carlos Délano en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes y el contrato contenía una cláusula que dependía de la acción de su Gobierno.

Las bancadas sostuvieron este martes dos reuniones para revisar y alistar los últimos detalles y ver el borrador del libelo preparado por asesores y abogados. Pese a que no está un 100 por ciento redactada, se logró un acuerdo transversal -con 15 firmas-  para entregar la acusacióna primera hora de este miércoles en la Cámara de Diputados y Diputadas, antes de que se revise la tabla en la Sala de la Cámara.

De esta manea, evitaron presentarla en quince días más, tomando en cuenta que la próxima semana es distrital, consignó Cooperativa,

Los parlamentarios ya habían indicado que buscaban introducir introducir el documento con prontitud, para que pueda ser analizado antes del 21 de noviembre, cuando se lleve a cabo la primera vuelta presidencial y las elecciones parlamentarias.

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El diputado Raúl Soto (PPD), recalcó que la acusación “iría más que nada por el tema de afectar el honor de la Nación, por un lado, y también afectar gravemente la Constitución y las leyes, creemos que hay infracciones también en cómo se han dado estos hechos del punto de vista de las normas de probidad y transparencia».

La oposición buscará conseguir los 78 votos requeridos en la Cámara de Diputadas y Diputados, para que el texto avance al Senado.

Por su parte, el diputado del oficialismo, Jorge Durán (DN) señaló que la decisión la tomará “ponderando exactamente si hubo algún acto que se pueda acreditar como causal de destitución; no me cierro a nada, porque más que proteger a alguien en particular, mi obligación es proteger el bien superior del país”.

 A juicio de Javier Macaya (UDI), el debate en la Cámara de Diputadas y Diputados tiene un “fin político” debido a que, si la propuesta avanza al Senado, el oficialismo tiene los dos tercios necesarios para rechazar la iniciativa.

«Esto tiene un fin político en la Cámara de Diputados, hay una mayoría de la oposición, se puede aprobar por el quórum es distinto, es de mayoría, pero en el Senado eso no va a ocurrir, pero obviamente en el intertanto se genera esta inestabilidad política, institucional, que ni siquiera es contra Sebastián Piñera, es contra la democracia, es contra la institucionalidad, y nosotros esperamos que investigación que está llevando adelante el Ministerio Público pueda contribuir a aclarar», dijo, citado por el portal Cooperativa.

Investigación penal

Además de la acusación constitucional, Piñera se enfrenta a una causa penal desde la Fiscalía, quienes iniciarán esta semana las primeras diligencias de la investigación.

 Piñera podría ser investigado por los posibles delitos de cohecho, con su correlato de soborno, luego de que la investigación de los Pandoras Papers  revelara el contrato original de la compraventa de la minera, el cual no estaba incluida en la investigación que realizó la institución en 2017, en la que también estaba involucrada el mandatario, en ese momento, candidato al Palacio de La Moneda.

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Compraventa de la Minera Dominga

En la investigación, que contó con la participación de Ciper, LaBotot y 600 periodistas de todo el mundo; se revela que Piñera y su familia estuvieron involucrados con la iniciativa a través de la empresa gestionada por Administradora Bancorp, que controlaba un tercio de la propiedad de Minera Activa Uno Spa, dueña de Minera Dominga.

La operación, se concretó en Chile, con un acta de 14 millones de dólares, mientras que otra operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.

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Las huellas de la operación, que involucra los negocios de la familia del Presidente de la República y del empresario Carlos Délano, condenado por evasión fiscal y cuestionado por el financiamiento ilegal de la política en el Caso Penta, se encuentran entre los más de 11,9 millones de documentos de Pandora Papers, revelado este fin de semana.

En los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ),se detalla que en diciembre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas, Délano compró la participación de todos los otros socios en Minera Dominga, que incluía a la familia presidencial Piñera-Morel, por un monto total de US$ 152 millones. 

Durante la transacción se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas, cuyo último habría estado condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión. Además, los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses.

En las declaraciones que ofreció Piñera la semana pasada, el mandatario negó que tanto él como su familia cuenten con sociedades de inversión en el extranjero.

«Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. En el pasado las empresas domiciliadas en Chile que pertenecen a la familia Piñera fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior, pero la existencia y participación en esas sociedades se hizo cumpliendo estrictamente con la ley y se pagaron todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile», dijo.

Al referirse a la posibilidad de que se presentar una acusación constitucional en su contra, señaló que el libelo “no tiene ningún fundamento”.


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