¿Por qué debería tener el privilegio de declarar en su domicilio si ya no es comandante en jefe del Ejército?”: Suprema recibió alegatos de recurso de amparo presentado por Ricardo Martínez

Este lunes, se llevó a cabo la audiencia judicial virtual, donde la Corte Suprema escuchó los alegatos, en torno al recurso de amparo de la defensa del excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, en el marco de la investigación por el caso «Fraude en el Ejército».

La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, indaga el supuesto mal uso de dinero destinado para viajes institucionales realizados por el excomandante, por lo que el pasado 3 de marzo, estaba agendado que llegara hasta las oficinas de la ministra, sin embargo, el alto oficial no llegó.

Martínez había presentado un recurso de amparo ante la Corte Marcial, con el fin de evitar una detención, tras no presentarse al Palacio de Justicia para declarar ante la ministra.

“El recurso procede en concreto puesto que se ve perturbada y amenazada la libertad personal y seguridad individual de mi representado si se dicta una orden de detención fuera de los presupuestos indicados por la Constitución, en una afectación clara al debido proceso y la igualdad de armas y libertad”, se lee en el escrito presentado por la defensa.

Ante esta situación, Manríquez entregó su planteamiento, y pidió que declare en la Casa Comando que forma parte del Complejo Militar Lo Curro, en Vitacura.

«El tribunal, informando el recurso de amparo, sostiene que en aquel lugar podrían no darse ciertas condiciones de seguridad para que el tribunal compareciera y pudiera tomar estas diligencias en dichas dependencias. Sin embargo, el mismo tribunal, con la misma señorita ministra en visita ha concurrido al menos en dos oportunidades previas a ese mismo domicilio, ha levantado documentos, incluso cuando el comandante en jefe estaba en servicio. Se hicieron diligencias, se tomaron fotografías inclusive de uno de los hijos en el sector privado de esa casa, en el dormitorio particular, con auxilio de la Policía de Investigaciones sin embarazo o problema alguno”, expresó la defensa, citado por La Tercera.

En este sentido, señaló que «esa casa no cuenta con guardia fiscal, no cuenta con guardia armada, no cuenta con personal armado», debido a que ya asumió el nuevo comandante en jefe del Ejército.

El contingente militar del lugar, sería una de las aprensiones de Rutherford para no aceptar tomar la declaración de Martínez en ese lugar.

“Hemos requerido que se nos autorice la presencia de un abogado defensor en estos tramites de declaración donde quiera que esto se haga. Es cierto que por mucho que sea un general de Ejército, un excomandante en jefe, no es una persona letrada ni forma da en derecho, no es una persona que esté en condiciones de controlar o advertir preguntas cerradas, sugestivas, reiteradas, que eventualmente tiendan a encontrar otra respuesta”, señaló la defensa.

Ante este hecho, el fiscal el Ministerio Público Militar, Luis Araya Gallo, manifestó que la presencia de un abogado en el acto de la declaración «no existe en los procesos de justicia militar».

“La concurrencia de un abogado junto a su defendido en el acto de prestar declaración no existe en los procesos de justicia militar”, explicó, citado por La Tercera.

“En opinión a este Ministerio Público no existe una ameniza a la libertad personas, de cualquier persona, por el solo hecho de ir a prestar declaración a un tribunal de la República sin su abogado. Incluso aunque de esa diligencia resultara la resolución de detención o arresto, tampoco. Porque cualquiera sea la resolución adoptada por el tribunal, esta siempre tiene que estar acorde a nuestro ordenamiento jurídico, siempre acorde a lo que señal la ley y, obviamente y no, menor ante el mérito general del proceso” añadió.

En este punto, María Inés Horvitz, quien es la representante del Consejo de Defensa del Estado en la causa; aseveró que existen muchos argumentos de la defensa del exuniformado que aún no se entienden.

“Esta parte hasta el momento no entiende, no ha escuchado, un fundamento concreto de parte de la defensa del señor Martínez en orden a explicar en qué medida se ve amenazada, perturbada o afectada la seguridad o libertad del señor Martínez por la circunstancia de ser citado a comparecer ante el tribunal de la señora ministra en visita Romy Rutherford o, incluso, designar una morada personal del señor Martínez de manera de que se pueda cumplir con esa diligencia”, comenzó Horvitz.

Por esta razón, cuestionó que se le busque dar privilegios a Martínez.

“La pregunta es, ¿Cuál es la razón para que el señor Martínez declare en un lugar que conocidamente constituye un inmueble del Fisco, de carácter militar?, ¿Por qué debería tener ese privilegio en circunstancia en que ya no es comandante en jefe del Ejército?”, puntualizó.

Respuestas ante la justicia

Martínez debe dar su versión ante la justicia, sobre el caso «Milicogate», específicamente en las arista «Pasajes y fletes», que indaga el uso irregular de dineros asignados para viajes oficiales, y por la de “Gastos Reservados”, donde se investiga la malversación de caudales públicos, por presunta malversación de recursos destinados a Seguridad en Inteligencia.

Los viajes se realizaron entre los años 2009 y 2019, según las investigaciones se detectaron varias irregularidades en el uso de fondos, con millonarios montos.

En algunas declaraciones que funcionarios del Ejército ya entregaron a Rutherford, manifestaron que Martínez Menanteau viajó con su esposa, en ocasiones que eran actividades sin compañía extra, cita La Tercera.

Cabe recordar que por el caso Milicogate ya fueron procesados los tres últimos excomandantes del Ejército: Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.