Postergación de elecciones: Candidatos quechua exigen más recursos para sostener campañas y más tiempo en la franja electoral

Wilfredo Bacián Delgado y Thelma Ramos Mamani, candidatos por escaños reservados para el pueblo quechua, enviaron una carta con sus peticiones a la presidenta del Senado, Yasna Provoste.

Wilfredo Bacián Delgado y Thelma Ramos Mamani, candidatos por escaños reservados para el pueblo quechua, enviaron una carta a la presidenta del Senado, Yasna Provoste, pidiendo que el aplazamiento de las elecciones no sólo vaya acompañado de medidas sanitarias sino que también de «más democracia para los pueblos originarios».

Wilfredo Bacián, quien también es presidente de la Comunidad Indígena Quechua de Quipisca, al interior de Tarapacá, señaló que «el aplazamiento de las elecciones al mes de mayo, supone un gran sacrificio para los pueblos originarios y sus candidatos. Creemos que este cambio de las reglas del juego se justifica desde el punto de vista sanitario, pero también requiere de un esfuerzo por parte del Estado para facilitar qué los indígenas participemos en un sistema que desde el principio ha sido engorroso, y que no se ajusta en lo absoluto a la realidad de los territorios, sino que más bien siempre estuvo diseñado para favorecer a los partidos políticos y sus listas».

En la misma línea, Thelma Ramos, presidenta de la Comunidad de Ollagüe, en la Región de Antofagasta, argumentó que «en la práctica no es posible sostener una campaña por un mes más sin los recursos necesarios para solventar los gastos que ello acarrea. No sólo han sido los gastos de traslado o el material impreso, sino que, en virtud de la pandemia, todos hemos debido invertir en mantener, redes sociales, infografías, videos y otros materiales. Los indígenas que no pertenecemos a partidos políticos, hemos tenido que sacar de nuestro bolsillo para poder enfrentar esta realidad, mientras que los indígenas militantes de partidos políticos han tenido todo el apoyo de sus fuerzas partidarias».

En la carta enviada a la presidenta del Senado, los candidatos quechua señalan que «hay una discriminación que debe ser solucionada desde ya, para lograr una adecuada representación de los pueblos originarios en la convención constitucional, y para ello se requiere que el Estado entregue recursos de manera directa y anticipada a los candidatos de pueblos originarios, pues muchos de nosotros carecemos de las herramientas técnicas y nos es difícil superar la complejidad de las intrincadas formas de rendición que exige la ley de gasto electoral o en materia de donaciones».

A modo de ejemplo, argumentaron que «para nosotros resulta inexplicable que la inscripción de candidatos haya dejado a numerosos representantes fuera de carrera porque les faltó algún dato en un documento notarial, o no supieron llenar, desde una comunidad indígena carente de Internet, todos los requisitos de una declaración de intereses o de patrimonio».

«Desde el inicio, la inscripción de los candidatos se vio sometida a un mecanismo leonino e insuperable para indígenas de comunidad. Desde siempre este proceso ha estado diseñado para indígenas urbanos o pertenecientes a partidos políticos, lo que constituye una discriminación arbitraria de los indígenas pertenecientes a comunidades rurales, que no tienen internet ni las competencias técnicas o profesionales para poder ser candidatos de acuerdo a las definiciones de la ley vigente», añadieron los postulantes.

«Esto se debe a la ausencia de consulta indígena, lo que fue avalado no sólo por el Senado y por la Cámara de Diputados, sino también por amplios sectores de la academia, que apoyaron la vulneración del derecho a la consulta indígena, al apoyar la dictación de la reforma constitucional para los escaños reservados sin oír adecuadamente y permitir la incidencia indígena en el proyecto de ley de escaños reservados», puntualizaron los candidatos quechua.

Franja electoral

En este punto, los candidatos afirmaron que «el modelo de participación indígena aprobado, de representación por demografía, implica que los pueblos originarios tenemos sólo un porcentaje en la franja electoral, el cual es proporcional a la cantidad de población que cada pueblo representa en la población chilena. Es por ello que algunos pueblos solamente tienen 3 segundos para presentar a sus candidatos, lo que es una cantidad de tiempo absolutamente insuficiente, y que francamente lo consideramos una burla, porque ni siquiera podemos expresar una palabra como mensaje electoral».

«Se nos exige traducción por subtítulos si usamos lenguas originarias, e incluir lenguaje de señas, lo que debemos pagar nosotros de nuestro bolsillo. Inclusive, se nos ha exigido requisitos de soporte y de formato que son más bien propios de un cineasta. Finalmente, se nos ha prohibido enviar este material por correo, sino que debemos contar cada candidato con un apoderado que lo entregué físicamente ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV)», reclamaron.

Para Bacian y Ramos, «todas estas situaciones son francamente vulneradoras de nuestros derechos, pues no se ajustan al Convenio 169, ni tampoco a la misma Ley Indígena. El primer instrumento impone a los Estados parte en sus Artículos 4 y 5 el establecimiento de ‘medidas especiales’ para favorecer a los pueblos originarios en toda su legislación. La ley indígena impone en su Artículo Primero que el Estado debe de aplicar ‘medidas adecuadas’ a los pueblos originarios. El legislador y el constituyente derivado, deben contemplar medidas especiales o adecuadas para los pueblos originarios en atención a nuestra diversidad cultural, ya que somos indígenas, no partidos políticos, ni cineastas, ni menos políticos profesionales o de carrera como lo son ustedes».

Por todo lo anterior, los firmantes apelan a Provoste «y a su sangre indígena, para que en la reforma constitucional que tramite el aplazamiento de las elecciones por las razones sanitarias que se han indicado, incluya también mayores recursos entregados de manera directa y anticipada a los candidatos de pueblos originarios para que podamos sostener la campaña, así como mayor tiempo y facilidades para participar de la franja electoral, adecuadas a nuestra realidad», a efectos de garantizar «el derecho a la igualdad que aún no se hace carne en Chile, pues tratar a los diferentes como si fueran iguales también, es discriminación», concluyeron.

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