[Verdaderos chilenos, Parte 1] La Derecha corrupta y facinerosa: Los casos de José Antonio Kast, Piñera y Luksic

Esta es la primera parte de una serie de investigación respecto de aquellos “verdaderos chilenos”… Mujeres, hombres y grupos familiares ligados a la derecha y ultraderecha que han hecho de los delitos, las mentiras, las estafas, las especulaciones bursátiles, las violaciones a los Derechos Humanos y un extenso etcétera su modus vivendi.

Son a estas personas a las cuales la republicana Beatriz Hevia, expresidenta del Consejo Constitucional, rinde pleitesía.

Por Jorge Molina Araneda

Este martes 7 de noviembre se entregó el proyecto de Nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric; sin embargo, esta ceremonia inofensiva y simbólica, no estuvo exenta de una polémica generada por Beatriz Hevia. La ahora expresidenta del Consejo Constitucional en su discurso hizo una referencia a los “verdaderos chilenos”, hecho que se llevó varias críticas.

En su intervención, Hevia citó un periódico nortino que anunciaba la instalación y el trabajo de la Gran Convención que inició la discusión de la Constitución de 1833. En este contexto, citó el artículo y señaló que “ya llegó el día suspirado en que van a realizarse las esperanzas de los verdaderos chilenos, de esos chilenos honrados y pacíficos que miran con toda la sinceridad de su corazón por el bienestar de sus conciudadanos”.

Posteriormente, la propia presidenta del Consejo Constitucional seguiría comentando esta frase: “Más allá de cualquier diferencia política, es urgente entender, como lo expone ese antiguo texto, que los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, anhelan con esperanza, quizás sin saberlo, que se cierre este proceso constitucional“.

Su intervención se llenó de críticas por parte de los consejeros que se encontraban en el excongreso en la ceremonia y también en redes sociales.

De acuerdo al cientista político Danilo Herrera, “la frase ‘verdaderos chilenos’ fue ocupada por los Pelucones, los conservadores de 1830 cuando ganan la guerra civil. Esta es la diferencia entre los Pelucones y los Pipiolos, o en lenguaje simple, los conservadores contra los liberales. Ganaron los conservadores e impusieron su Constitución. Ese es el contexto de la frase ‘verdaderos chilenos’. Una guerra donde hubo miles de muertos y los conservadores ganaron (…) En esta lógica de estrategia de antagonistas, lo que entiendo que quieres hacer es definir que quienes están con sus ideas son verdaderos chilenos, y quienes no, no lo son”, explicó Herrera.

Revisemos ahora diversos casos, reñidos con la ley, en que se han visto involucrados algunos políticos y empresarios ligados a la ultraderecha y a la derecha.

José Antonio Kast

Kast es la imagen viva de la dictadura de Pinochet. Se ha declarado abiertamente pinochetista, fue parte del directorio de la Fundación Jaime Guzmán y fue amigo de este.

Cuenta con un sinnúmero de detractores por sus constantes declaraciones carentes de análisis y autocritica: hay algunos que lo describen como una persona que “defiende sus ideas con argumentos sólidos”, pero si analizamos su carrera política, podemos ver que sus declaraciones carecen de estos, pero sí abunda un aire de grandeza, desquicio por el poder, carencia de conciencia de la realidad de un país que vive constantes cambios sociales y de pueblos llenos de riqueza ancestral que insulta y menoscaba con sus constantes ataques.

Kast, el pinochetista de extrema derecha, se autodefine como un promotor de la libertad, la economía, la enseñanza, la libertad de conciencia, de culto y “honesto”, pero, qué tan honesto se puede ser si solicitó de manera explícita y presencial a Hugo Bravo (Caso Penta) financiamiento para su campaña parlamentaria el año 2013, lo cual se materializó en un pago a través de boletas de honorarios por más de 10 millones de pesos.

Además, el año 2017 señaló en su cuenta de Twitter: “La Moneda se rinde ante una dictadura gay”, esto, por el Día Internacional contra la Homofobia, donde dejó en evidencia su personalidad homofóbica, racista e intolerante, en contra de las diversidades de género; así también se ha expresado en contra del aborto sin importar que muchas niñas sean violadas y producto de este aberrante delito queden embarazadas.

Kast, asimismo, apoya a dictadores y violadores de Derechos Humanos como Bolsonaro, señalando que este brinda orden público, autoridad y una imagen de familia tradicional a su país.

¿Qué se podría esperar de nuestro país teniendo de Presidente a un individuo que violenta los DD.HH. y revictimiza a los familiares de las y los detenidos desaparecidos de la dictadura visitando a asesinos y secuestradores como Miguel Krossnoff en Punta Peuco y señalando que duda de su culpabilidad?

El ultraderechista Kast tiene a su haber, asimismo, un derrotero público de talante refractario, mendaz, homofóbico, ilegal e intolerante, a saber:

Vínculos con el Caso Penta

En octubre de 2014 estalló el Caso Penta, uno de los casos de fraude al fisco y cohecho más polémicos de Chile en la década de 2010, que involucró a múltiples políticos, especialmente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), al ser acusados de financiamiento irregular de sus campañas electorales y de aceptar boletas ideológicamente falsas.

En medio del caso, el principal querellante del caso, el exgerente Hugo Bravo, quien elaboró una lista de políticos involucrados en el ilícito, incluyó a José Antonio Kast.

Bravo afirma que cuando Kast era diputado de la UDI, acudió personalmente a su oficina para solicitar apoyo económico, por lo que Carlos Alberto Délano (formalizado por este caso) le ofreció una suma de $10 millones a cambio de boletas de honorarios, de los cuales Bravo afirmó que Kast, al igual que otros parlamentarios, usó el dinero para financiar ilegalmente su campaña a la reelección a diputado, en las parlamentarias de 2013.

Ante estas acusaciones, Kast declaró en una entrevista a Ciper de que nunca recibió financiamiento de forma ilegal, y que nunca conoció personalmente a Hugo Bravo. También declaró que conoce a quienes financiaron su campaña parlamentaria, diciendo que Penta lo financió a través de Banmédica, y que ello fue realizado de manera legal; aun así, desconoce la cantidad exacta de dinero que recibió por parte de Penta. Afirmó que de los $126,6 millones gastados en su campaña parlamentaria, $94,7 millones correspondían a aportes reservados.

Inasistencias durante su período parlamentario

En medio de la controversia vinculada a los altos niveles de inasistencia injustificada de los diputados chilenos, se descubrió que José Antonio Kast lideraba el ranking de los parlamentarios con mayor nivel de inasistencias durante el período 2014-2018, con un total de 61 ausencias al Congreso Nacional, y que mediante porcentaje, correspondería a un 14 % desde noviembre de 2017, y un 48 % durante todo su período parlamentario.

A pesar de que avisó que iba a faltar durante 3 meses para llevar a cabo su campaña presidencial, 36 de estas inasistencias fueron realizadas antes del período estipulado.

Ante estas evidencias obtenidas directamente desde el sitio web del Congreso Nacional, Kast respondió por redes sociales que era un “acto desesperado de la izquierda” por difamarlo, justificando que en los tres meses anteriormente mencionados, usó su sueldo parlamentario para donarlo en diversas fundaciones y para apoyar la campaña presidencial de Sebastián Piñera.

Homofobia

En numerosas ocasiones José Antonio Kast se ha mostrado contrario a las leyes vinculadas hacia la comunidad LGBT, que van desde el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, razón por la que sus detractores lo han acusado de homófobo.

El 17 de mayo de 2017, jornada en que se conmemoraba el Día Internacional contra la Homofobia, Kast se mostró disgustado ante la iluminación de los colores de la diversidad sexual en el frontis del Palacio de la Moneda, por lo que escribió en redes sociales: “La Moneda se rinde ante una dictadura gay. Las instituciones públicas son de todos los chilenos, no de minorías”.

Asimismo, criticó a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, por el hecho de que junto con los concejales de la Municipalidad de Providencia, estuvieran de acuerdo con izar la bandera LGBT en el frontis del municipio, afirmando que solo la bandera chilena debía ondearse. Sus escritos recibieron miles de críticas en redes sociales, las que pueden resumirse en calificaciones de homófobo, intolerante e ignorante.

En su postura ante el matrimonio igualitario, Kast se mostró en contra de su legislación, dado a que personalmente no ve igual una pareja del mismo sexo con una pareja heterosexual, por el solo hecho de que la primera no puede procrear.

Posteriormente, en noviembre de 2018, Kast respaldó los polémicos dichos del cantante Alberto Plaza durante una entrevista en el programa de TVN Llegó tu hora, en el que Plaza cuestionó el género de la actriz Daniela Vega, amén de emitir duros comentarios hacia los niños transgéneros y, además, mantuviera su oposición al aborto, aun cuando fuese una menor de edad víctima de una violación.

A pesar de que los dichos de Plaza fueron objeto de rechazo, Kast defendió la postura del cantante, pues consideró que estaba defendiendo “valores trascendentes” en el programa.

Defensa a violadores de DD.HH.

Varios medios han tachado a Kast de pinochetista. Aunque él mismo niega denominarse así, declara que apoya la gestión realizada durante la dictadura. De la misma manera, aunque reconoce las violaciones a los derechos humanos cometidas en este periodo, ha criticado los juicios realizados contra los responsables, y ha señalado que algunas condenas a estos son injustas.

​Durante su primera candidatura presidencial, declaró en una entrevista realizada en noviembre de 2017, que tras reunirse con Miguel Krassnoff (condenado por secuestro y desaparición de opositores entre 1974 y 1976) en la cárcel de Punta Peuco, dudaba de las acusaciones en su contra. En esa misma entrevista, afirmó que si Augusto Pinochet siguiera con vida, votaría por él, y de que el gobierno de este había sido mejor que el primer período presidencial de su colega de bloque político, Sebastián Piñera (2010-2014).

Otra polémica relacionada con este tópico se produjo durante la presentación del movimiento político Acción Republicana en abril de 2018, ya que mientras se tomaba fotos con sus partidarios, se difundió una en donde posaba junto a un joven, cuya camiseta hacía alusión a la Caravana de la Muerte.

La imagen generó una fuerte polémica, y que Kast afirmó que no se había percatado de la imagen de la camiseta, diciendo que representaba algo cruel, y de que no iba a ser partícipe de esas acciones.

A pesar de sus dichos, durante la presentación de su movimiento político, estuvieron figuras controvertidas como Cristián Labbé, reconocido pinochetista, quien es responsable de diversos casos de tortura y violaciones de los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura cívico-militar.

Los casos comenzaron a investigarse en 2003, siendo Labbé detenido desde 2014 en diversas ocasiones por distintas causas relacionadas a los tipos de delitos anteriormente señalados.​ En 2019 fue condenado a tres años de cárcel efectiva, pena que tras una apelación de la defensa fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco en 2020.

Apoyo a Alberto Fujimori

El 24 de diciembre de 2017 el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, condenado por malversación de fondos, corrupción y crímenes de lesa humanidad, recibió el indulto presidencial por parte del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, debido a las complicaciones de salud que padecía.

Kast no quedó ajeno a ello, escribiendo en Twitter: “Indulto a Fujimori en Perú es un ejemplo de cómo avanzar en justicia y no venganza. Un anciano de 80 años, independiente de los delitos horribles que haya cometido”.

Ante estas declaraciones, recibió críticas por parte de los usuarios de aquella red social, quienes lo acusaron de oportunista y peligroso, en el que hacía caso omiso al sufrimiento y muerte de decenas de miles de civiles durante el gobierno de Fujimori.

Columna de opinión sobre Daniela Vega

Luego de que la película chilena Una mujer fantástica obtuviera un Premio Óscar a la mejor película extranjera en febrero de 2018, José Antonio Kast fue parte de un controvertido grupo de políticos y figuras públicas locales, quienes criticaron de forma negativa a la protagonista de la película Daniela Vega.

Kast escribió una columna en el diario La Tercera, afirmando que Daniela Vega era hombre, y que su caso no debía servir para que el poder legislativo impusiera leyes minoritarias en alusión a la Ley de Identidad de Género.

Conflictos con otros políticos

Kast suele aparecer de forma muy recurrente en los medios de comunicación chilenos entablando conflictos de opinión con muchos políticos chilenos, incluyendo a antiguos compañeros de la Unión Demócrata Independiente. Entre sus conflictos más notorios podemos mencionar: con el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, con el exalcalde de Las Condes Joaquín Lavín, con los excandidatos presidenciales Beatriz Sánchez, Eduardo Artés, Alejandro Guillier, Alejandro Navarro, con Sebastián Piñera, y numerosos parlamentarios de diversas tendencias políticas.

El 9 de noviembre de 2017, Kast pidió que la diputada Camila Vallejo (PC) fuese censurada de la presidencia de la Comisión parlamentaria de Ciencia y Tecnología, ya que la congresista decidió comenzar la sesión “en nombre de la patria” y  no “en nombre de Dios”. A pesar de la acusación, Vallejo permaneció en la presidencia de la comisión.

El 18 de enero de 2018, la diputada Vallejo criticó a José Antonio Kast y al diputado Ignacio Urrutia (UDI), luego de que se opusieran a la modificación en los reglamentos internos en Carabineros y las Fuerzas Armadas, para que se respete el fuero maternal en favor de las funcionarias y sus hijos.

El 9 de julio de 2018, volvió a criticar a Vallejo por Twitter, luego de que la entonces diputada afirmara de que tanto ella como la Comisión de Educación, iban a apoyar a una docente que fue víctima de agresión por parte de un apoderado en el Liceo Vicente Huidobro en la comuna Cartagena, y pidiendo que el tema no debe polemizarse más. Haciendo caso omiso a ello, Kast aprovechó el caso para criticar a Vallejo y al Partido Comunista, acusándolos de estar a favor de los estudiantes que destruyen escuelas y agreden docentes, exigiendo que esos jóvenes no deberían tener derecho a una educación gratuita.

Otro blanco de críticas fue el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC). En marzo de 2018, mientras Jadue proponía el plan de la inmobiliaria popular que estaba siendo bien aceptada por la opinión pública, Kast criticó su medida tachándola de populista, de que estaba construyendo un feudo en la comuna, y de que debía preocuparse de mejorar las condiciones de los hospitales de esta.

Ante esas declaraciones, Jadue respondió de que Recoleta no poseía hospitales, y lo llamó a que fuera a visitar la comuna antes de opinar sin fundamentos, y en referencia a la política de farmacias populares, el edil de Recoleta respaldó la medida, puesto a que generaba una gran ahorro a las familias chilenas, y de que Kast estaba ajeno a la realidad de la sociedad chilena.

La respuesta de Jadue generó gran apoyo por parte de los usuarios en redes sociales. Dos meses después, Kast criticó el rol de Jadue como mediador en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2018, al mismo tiempo que condenaba al populismo de derecha que permitía esas acciones. En julio del mismo año, durante una entrevista realizada a Daniel Jadue en el programa Más vale tarde, este opinó de que si Kast diera las mismas declaraciones y posturas en otros países del mundo, estaría preso por incitación al odio y de que sus fundamentos están basados en mentiras y carencia de argumentos.

Por otro lado, debido a que Joaquín Lavín (UDI) estableció buenas relaciones con el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, Kast motejó a su excamarada de partido de ‘populista’ en varias ocasiones, por el hecho de replicar varias de las medidas de Jadue en Las Condes, especialmente con el tema de las viviendas sociales para los sectores más vulnerables de la comuna.

También acusó de que la idea de la inmobiliaria popular era mala, de que Hugo Chávez estaría orgulloso con esta iniciativa y que al ser una política planteada por un político comunista, iba a ser un fracaso total. Lavín le replicó que estaba equivocado, y de que por ser militante de la Unión Demócrata Independiente no significa que iba a rechazar todas las ideas y posturas del Partido Comunista, concluyendo de que si proponen una buena idea, debe de ser replicada.

Apoyo a Bolsonaro

Tras las elecciones presidenciales de Brasil de 2018, y el triunfo del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro -quien es acusado de misógino, racista, homófobo, xenófobo, antidemócrata y antiizquierdista-, José Antonio Kast demostró sentirse admirado por su figura, en la que si bien afirma que no apoya del todo sus propuestas, sí lo considera como una representación del orden, autoridad, familia tradicional, desarrollo económico y contrario a la corrupción.

También acusó a los medios de comunicación de conspirar en contra del candidato brasileño, dijo estar a favor de que Bolsonaro sea un abierto defensor de la dictadura militar brasileña de 1964, y que no sentía ninguna vergüenza en reunirse con él.

Cuando Bolsonaro triunfó en las elecciones presidenciales, Kast lo felicitó, agregando que “es el triunfo de la libertad y la derrota de la izquierda que dejó al país en ruinas”. Viajó a Brasil, en donde se juntó con Bolsonaro, le mostró su apoyo y le regaló una camiseta de la selección chilena y el libro El Ladrillo, como muestra de felicidad ante su triunfo electoral.

Asesinato de Camilo Catrillanca y actitud de Acción Republicana

Luego de que el comunero mapuche Camilo Catrillanca fuera asesinado el 15 de noviembre de 2018 por un contingente de Carabineros de Chile, miembros del Comando Jungla en la Región de la Araucanía, José Antonio Kast acusó a la izquierda de intentar dividir el país ante la muerte de Catrillanca, y defendió el actuar de la policía uniformada.

Con el transcurso de los días, en el que se cambió en numerosas ocasiones la versión de los hechos en contra de Carabineros y el Gobierno, al punto de llevar a la renuncia del Intendente Luis Mayol, Kast criticó la falta de carácter del gobierno por aceptar la renuncia de Mayol bajo la presión de la oposición, y tildó a la izquierda como los únicos responsables de la muerte de miles de personas por su incompetencia.

Posteriormente, ante la revelación de que carabineros habría destruido la tarjeta de memoria que grabó el asesinato de Catrillanca, Kast dijo que era una exageración y que por ello no se deberían ir los carabineros de la zona, apuntando a que la izquierda ideologizada no ha estado al lado de las víctimas de la violencia de la región, y que debería reforzarse la cantidad de carabineros para combatir a quienes realicen actos de violencia e incendien los edificios y maquinaria.

Los dichos de Kast han sido objeto de constantes polémicas, una de las cuales fue sumamente grotesca, pues partidarios suyos y miembros de Acción Republicana realizaron comentarios y burlas de pésimo gusto por redes sociales sobre la muerte de Camilo Catrillanca, en donde justificaron su asesinato: lo tildaron de “terrorista”, y de que no fue asesinado por carabineros, sino por peruanos que lo confundieron con una “blanca paloma”. Estos comentarios por parte de los seguidores de Kast generaron rechazo general en redes sociales.

Posteriormente, Kast dijo que la muerte de Catrillanca fue producto de un “accidente” -aun cuando se demostró por múltiples evidencias de que el joven mapuche fue, en realidad, acribillado por carabineros-, y respaldó firmemente el accionar de la policía en el hecho, negando que la Región de la Araucanía esté militarizada y que era necesaria la intervención policial o militar para establecer el orden en la región.

Panamá Papers

Tres son las escrituras que evidencian que José Antonio Kast, junto a su hermano Christian, fueron los únicos titulares de todas las acciones al portador de las tres sociedades en Panamá: Foods & Merchandising Investments Inc, Latin America Real Estate Investments Co. S.A. y Austral Inversiones S.A.

Los documentos son las escrituras notariales oficiales que están disponibles en el Registro Público de Panamá. Dichas escrituras, que son tres idénticas, corresponden a una protocolización de las juntas extraordinarias de accionistas realizadas por las tres firmas offshore, el 11 de octubre de 2006.

Es decir, se trata de la validación de las actas de esas reuniones a través de la revisión realizada por el notario Cecilio Roberto Moreno Arosemena de la provincia de Panamá. En esas actas quedó registrado que Christian Kast, en representación de su hermano José Antonio, modificó los estatutos de las sociedades creadas en 2003 para aumentar el capital de las firmas, el cual ese 11 de octubre llegó a sumar un total de US$ 36,5 millones.

Estas escrituras revelan que los dos hermanos “son los titulares de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voz y voto” de las tres sociedades. Los documentos no precisan qué participación tenía cada uno.

Las sociedades panameñas Foods & Merchandising Investments Inc y Latin America Real Estate Investments Co. S.A. fueron firmas constituidas el 28 de agosto de 2003 por el abogado panameño Rolando Candanedo Navarro, socio fundador del Bufete Candanedo. En tanto, Austral Inversiones S.A. fue creada días después, el 1 de septiembre, por el mismo abogado. Todas con un capital de US$ 10.000 divido en 100 acciones al portador con un valor de US$ 100 cada una.

Candanedo, quien estudió Derecho en la Universidad de Chile, es un reconocido profesional para varios empresarios locales, quienes suelen contratarlo para constituir sociedades en Panamá. Un reportaje de The Clinic de 2017 informó que el estudio de Candanedo ha creado varias firmas que posteriormente terminaron en manos de empresarios chilenos.

La declaración de patrimonio e intereses que realizó José Antonio Kast después de las tres juntas extraordinarias de accionistas de las firmas panameñas, según la información proporcionada vía solicitud de transparencia a la Cámara de Diputados, data del 8 de octubre de 2013, siete años después.

En esa declaración el exparlamentario publicó participación como socio o accionista de 14 sociedades, en las cuales no figura ninguna de las panameñas. La siguiente declaración que realizó el entonces parlamentario tiene fecha de 9 de julio de 2014 y en ella informó tener participación como socio o accionista en 27 sociedades. Varias firmas se repiten en la declaración de 2013. Aquí tampoco hay rastro de las firmas en el extranjero.

Ni José Antonio Kast ni otros miembros de la familia recuerdan cuándo vendieron su participación en Panamá, pero aseguran que el exdiputado no tiene participación en esas firmas. Sin embargo, los papeles en Chile permiten suponer que fue accionista hasta al menos 2014. Ello porque en sus declaraciones de patrimonio de 2013 y 2014 Kast declaraba tener el 10% de Empresas e Inversiones Bavaria Limitada; el 10% de Empresa e Inversiones Linderos Limitada y el 40% de Empresa e Inversiones San Miguel Limitada.

Pero en esa fecha, y desde 2007, según el historial de esas sociedades que se pueden revisar en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, esas empresas eran controladas por las sociedades panameñas en un 98%.

Kast no era accionista directo de esas empresas, como detallaron sus declaraciones de patrimonio. Y si lo era en términos indirectos, lo era necesariamente a través de las sociedades panameñas. Kast no ha explicado cómo era, según esas declaraciones de patrimonio, dueño de porcentajes que en realidad pertenecían a las sociedades panameñas. A saber, Foods & Merchandising Investments Inc. era la controladora de Bavaria; Austral Inversiones S.A. era la controladora de Linderos; y Latin America Real Estate Investments Co. S.A. era la dueña de San Miguel.

Fake news

José Antonio Kast ha sido acusado de instalar campañas de desinformación mediante fake news en debates televisivos, redes sociales y medios de prensa. En agosto de 2019, declaró sin pruebas que la expresidenta Michelle Bachelet, por entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, había sido encubridora y cómplice del tráfico de inmigrantes haitianos en Chile, lo que se habría supuestamente pactado en secreto dentro de la ONU. Bachelet y su equipo desmintieron dichas acusaciones.

En un debate realizado por televisión abierta en septiembre de 2021, para la elección presidencial de ese año, dijo que en los países donde el aborto es legal, había una mayor tasa de mortalidad materna, lo que fue desmentido por las estadísticas, siendo una aseveración completamente falsa.

En octubre del mismo año, dijo que Denisse Cortés (estudiante de Derecho y activista defensora de los derechos humanos, fallecida durante una manifestación) había fallecido a la vista del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y que estos no habían hecho nada, lo que fue desmentido por dicho organismo.

Para su campaña presidencial, la artista Amaya Forch debió desmentir su apoyo a Kast instalado por las redes de sus partidarios. El equipo comunicacional de Kast se ha asociado al de Donald Trump, y fue acusado también de difundir una ficha clínica falsa de Gabriel Boric, buscando instalar la idea de que se encontraría incapacitado para ejercer cargos políticos por problemas de salud mental.​

Adicionalmente, fue acusado de haber incurrido en falsedades respecto al fenómeno del cambio climático, aseveraciones que han tenido que ser desmentidas por especialistas. Finalmente, para el último debate presidencial televisado el 15 de noviembre, previo a las elecciones de primera vuelta, una verificación de hechos estableció que Kast fue el que más falsedades transmitió de los seis candidatos presentes.

Materias tributarias y ambientales

De acuerdo a El Ciudadano (2021), el jueves 14 de septiembre de 2006, José Antonio y Christian Kast Rist acudieron hasta la 51° Notaría de Santiago para firmar un mandato general. En la escritura, el entonces diputado UDI le encomendó a su hermano mayor “la gestión de todos sus negocios”, que involucraban tres sociedades anónimas que habían sido constituidas en 2003 en Panamá, país considerado internacionalmente como un paraíso fiscal, eludiéndose así de pagar impuestos en Chile.

Se trataba de Empresas e Inversiones Bavaria Limitada, Empresas e Inversiones Linderos Limitada y Empresas e Inversiones San Miguel Limitada. En las dos primeras, Christian se quedó con el 90% del capital y en la tercera, con el 60%. José Antonio Kast se quedó con el 10% de Bavaria y Linderos, y el 40% de San Miguel. Luego, formaron tres sociedades anónimas con los mismos nombres -Bavaria, Linderos y San Miguel- y replicaron los mismos porcentajes de participación de las limitadas. Un año más tarde, las sociedades anónimas se hicieron dueñas del 98% del capital de las limitadas.

Los negocios Kast, que involucran principalmente al candidato presidencial pinochetista y como socio mayoritario a su hermano, Christian Kast Rist, incluyen mataderos que presentan un prontuario de impactos ambientales. Uno de ellos tiene una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del 18 de diciembre del 2014, que involucró la modificación del Matadero Linderos en Paine, consistente en la adición de una nueva línea de cerdos y ovinos a la instalación ya existente, para procesar hasta 32.000 unidades/mes.

El otro es el matadero Magallanes, ubicada en el Barrio Industrial de Punta Arenas, sector La Puntilla. Aquí, la Superintendencia del Medio Ambiente procedió a formular cargos contra Cecinas Bavaria Ltda., debido a una serie de incumplimientos ambientales en su instalación.

Otro bullado proyecto que enfrentó resistencia desde la ciudadanía es el Proyecto “Parque Zandía” en Paine, centro de eventos para 3.000 personas/día, en una superficie de aproximadamente 70.000 m2 y un total de 300 estacionamientos, que se pretendía construir en un lugar donde el Plan Regulador no lo permite, según ha denunciado el Comité Ambiental Comunal de Paine. Esta iniciativa sumó diversas observaciones ambientales, por lo que finalmente, luego de una serie de irregularidades, fue desistido.

En cuanto a los cuestionamientos por impactos ambientales, cuenta a su haber desde cargos por incumplimientos en la instalación del matadero Cecinas Bavaria Ltda., hasta reclamos por la ampliación que busca levantar el “Parque Zandia”. La ruta de información revela cómo la familia Kast ha debido enfrentar la institucionalidad ambiental.

El 15 de septiembre de 2015, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra Cecinas Bavaria Ltda., por una serie de incumplimientos ambientales en su instalación Matadero Magallanes, ubicada en Barrio Industrial de Punta Arenas, sector La Puntilla. Dicha planta faena ganado ovino y bovino para el consumo de la zona.

Así lo informó en su ocasión la SMA, revelando que recibió una denuncia de la Junta de Vecinos R-6, “quienes explicaron que la empresa emanaba olores molestos provenientes de su proceso productivo, así como también de la descarga de Residuos Industriales Líquidos (riles) en las inmediaciones de la planta”, publicó el ente fiscalizador.

Esto motivó a que realizaran inspecciones en terreno la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Seremi de Salud, y la Dirección Regional del SAG, todos de la Región de Magallanes.

Los equipos constataron varias irregularidades, como la falta de programación en la aplicación de purines, incumpliendo las exigencias de riego contenidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la instalación, que tampoco cumplía con las exigencias de la RCA para el análisis de muestras de aguas subterráneas.

“También se consideró la omisión de monitoreos y análisis químicos en los riles rojo y verde, como también la superación de los límites para estos riles. La empresa también omitió la entrega de diversos monitoreos anuales respecto de parámetros de materia orgánica, nitrógeno, entre otros”, informó la SMA en 2015. Todas estas infracciones fueron calificadas como leves y graves por la Superintendencia.

Las nuevas instalaciones en Paine

La familia Kast, dueña de la cadena Bavaria con la cual poseen restaurantes y negocios de embutidos, planeaba ampliar sus instalaciones en Paine, buscando emplazar uno de sus restaurantes en un proyecto conocido como “Parque Zandia”, que abarca 70 mil metros cuadrados y donde pretenden instalar un centro de eventos y cultural, más un sector de entretenciones infantiles con patio de comidas y áreas verdes con lagunas artificiales.

Pero, frente a la iniciativa que ya había iniciado los respectivos trámites de evaluación ambiental, el Comité Ambiental Comunal de Paine (Pers. Jurídica N° 0638/2013) informó sobre posibles irregularidades en la construcción del proyecto, el cual presentó los primeros días de febrero del año 2020 una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), con el propósito de obtener la Resolución de Certificación Ambiental que le autorizara a construir dicho parque.

Estudiados los antecedentes, el Comité Ambiental Comunal, con fecha 19 de junio de 2020, envió al SEA y a la Superintendencia del Medio Ambiente una carta solicitando una fiscalización y anulación del proyecto pues presentaba varios vicios:

-El Parque estaba prácticamente construido sin haber obtenido la resolución respectiva por lo que cualquier observación que hicieran los organismos públicos caía en el vacío.

-El proyecto se instaló en un lugar de la comuna donde el Plan Regulador no permite, expresamente, la instalación de un parque de entretenciones. Aquí incluso, como estrategia, cambiaron el nombre del proyecto.

-Es de conocimiento público la crisis hídrica en el país y en Paine en particular, pero pese a este escenario, el proyecto pretendía la creación de lagunas en el recinto.

-Dada la pandemia que se estaba viviendo y la poca difusión del proyecto, los y las vecinas de Paine, como también el Comité Ambiental Comunal, no tuvieron la posibilidad de participación ciudadana para hacer observaciones o reparos. 

Posteriormente, el 12 de agosto de 2020, la Superintendencia del Medio Ambiente informó que había realizado una visita al terreno y elaboraron un informe de fiscalización ambiental que fue derivado a la Fiscalía del mismo organismo.

A propósito de la información de que la Comisión de Evaluación había puesto en tabla la vista del proyecto “Centro de Eventos y Cultura Parque Zandía“, el Comité Ambiental Comunal de Paine decidió el 19 de abril de 2021, poner en sobre aviso a todos los organismos que participarían en la toma de decisiones sobre la solicitud de nulidad, adjuntando además fotografías sobre el estado de avance del proyecto en cuestión.

Luego, el 22 de abril del 2021, Cesar Barrales Betancur, abogado representante del proyecto, informó mediante una carta a la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, el desistimiento del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por lo cual el Servicio de Evaluación Ambiental dio por desistido el proyecto “Centro de Eventos y Cultura Parque Zandía“.

El Comité evaluó finalmente de manera positiva la resolución de esta situación problemática denunciada y señaló que se mantendrá en alerta frente a eventuales nuevos intentos de reflotar esta iniciativa.

Es importante señalar que Kast es un activo negacionista al cambio climático y frente a la catástrofe ambiental y crisis hídrica que viven diversos territorios, ha planteado intervenir ríos, hecho que atentaría contra los ciclos hídricos, sus ecosistemas y biodiversidades. “Cuando vamos al sur vemos los ríos que ¡botan agua al mar! ¡Nosotros no vamos a andar perdiendo el agua que botan al mar!“, afirmó sin rubor el candidato pinochetista.

Además, sus propuestas de campaña denotan un sesgo grandemente retrógado; como por ejemplo estar:

-En contra del cuarto retiro de los fondos de las AFP.
-En contra de la creación de una nueva Constitución Política de la República.
-En contra de la gratuidad de la enseñanza universitaria.
-En contra del matrimonio igualitario.
-En contra del aborto libre.
-En contra de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas (Ley Cholito).
-En contra de la Ley Antidiscriminación (Ley Zamudio).
-En contra de la identidad de género.
-En contra del feminismo.
-En contra de la educación sexual en los colegios.
-A favor de perseguir a los opositores políticos.
-A favor de ilegalmente encarcelar a personas en recintos no penitenciarios.
-A favor de aumentar la edad de jubilación a 85 años.
-A favor de derogar la ley de aborto por tres causales.
-A favor de eliminar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
-A favor de eliminar el trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República.
-A favor de entregar incentivos solamente a parejas casadas, en materias como: herencias, planes de salud, pago de impuestos, etc.
-A favor que Religión sea una asignatura obligatoria.
-A favor de construir una zanja en la zona norte para regular la crisis migratoria.
-A favor de indultar a presos de Punta Peuco que tienen ingentes condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico- militar.

-A favor del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11): este tratado tiene como principal objetivo reducir el rango de maniobra del Estado en la economía dentro de una amplia gama de materias, entre ellas económicas, comerciales, derechos sociales y culturales, dificultando la búsqueda de nuevas formas de autonomía nacional y de estrategias alternativas de desarrollo.

De acuerdo al economista José Gabriel Palma, el TPP-11 va a continuar con las limitaciones de la estructura económica dual (sector exportador, puramente primario-extractivo; y un gran sector de servicios y construcción).

Pero, además, señala que el TPP11 es una forma específica de socavar la soberanía, pues el proteccionismo añejo se cambió hacia un “proteccionismo corporativo” con este acuerdo. Si ya las políticas de la Derecha y de la exConcertación allanaron el camino a las ganancias de los capitalistas nacionales y extranjeros, el TPP-11 remataría con los “beneficios” públicos.

El TPP-11 restringe el campo de acción de las empresas del Estado, donde además intervendrá en la asignación de las juntas directivas públicas. Afectará los bonos y valores emitidos por el Banco Central e intervendrá sobre los servicios sociales de interés público; como bienestar, las AFP, la educación pública, salud infantil, entre otros.

En materia de derechos indígenas, perturbará en la preferencia y/o discriminación sobre algunos pueblos indígenas y tribales. En recursos naturales y economía, el TPP-11 actuará sobre la concesión de la acuicultura nacional y en las actividades pesqueras. También afectará a la agricultura y a las pequeñas comunidades productoras, donde se incorporarán nuevas tecnologías, abriendo paso a las transnacionales como Bayer-Monsanto.

En el terreno cultural y apropiación intelectual, los servicios relativos al arte e industria cultural junto con los servicios relacionados a la organización de conciertos e interpretaciones culturales, distribución o exhibición de películas, radiodifusión pública, transmisión satelital y por cable quedarán completamente supeditados a las normativas internacionales, privatizando -aún más- la cultura y el acceso a ésta.

-A favor de aumentar las pensiones de las Fuerzas Armadas: la Fundación SOL publicó la versión actualizada del estudio denominado Pensiones por la fuerza: Resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, que analiza el sistema de pensiones bajo el cual se jubilan los funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería y Policía de Investigaciones.

El informe, señala, como primera conclusión, que al establecer una comparación entre el monto de las pensiones recibidas por los jubilados de las Fuerzas Armadas y de Orden y los civiles que han cotizado en el sistema de capitalización individual administrado por las AFP, los resultados son concluyentes: la pensión de antigüedad promedio de Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) es 4 veces mayor a la pensión de vejez promedio que pagan las AFP y las Compañías de Seguro. Brecha que llega a 4,9 si se compara con Gendarmería y 5,6 veces con Investigaciones.

En el caso de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), esta brecha llega a 3,6 veces a nivel general y es de 7,3 veces si se compara con la pensión promedio que reciben los Oficiales.

“A diciembre de 2019, Capredena pagó 70.968 pensiones de retiro (modalidad análoga a las pensiones de vejez, por edad o anticipadas, pagadas por las AFP y Compañías de Seguro), y el monto promedio pagado fue de $1.011.857, registrándose diferencias bastante grandes entre estamentos”, señala el investigador de Fundación SOL y uno de los autores del estudio, Marco Kremerman.

De esta forma, mientras quienes se desempeñaron como Oficiales reciben una pensión promedio de $2.082.371, quienes jubilaron en el Cuadro Permanente de las ramas de las Fuerzas Armadas registran una jubilación promedio de $836 mil.

“En el caso de Dipreca, a diciembre de 2019 se registran 38.151 pensiones pagadas de antigüedad y el 75,5% se concentra en Carabineros, 11,7% en Investigaciones y 11,5% en Gendarmería. El monto promedio pagado fue de $1.136.284, observándose un valor mínimo en la institución de Carabineros con $1.029.278 y un máximo de $1.585.314 en Investigaciones. Para el caso de las mujeres, éstas registran una pensión promedio de antigüedad levemente mayor a la de los hombres”, agrega el investigador de Fundación SOL y otro de los autores del estudio, Recaredo Gálvez.

La investigación agrega que, entre 2005 y 2019, las pensiones de retiro pagadas por Capredena han aumentado un 29% en términos reales, pasando de $784.220 a $1.011.857 y la brecha entre las pensiones recibidas por el Cuadro Permanente y los Oficiales aumentó en casi $290 mil.

Para el caso de Dipreca, entre 2006 y 2019, las pensiones de antigüedad han aumentado un 35,2% en términos reales, pasando de $840.588 a $1.136.284. Mientras en Carabineros e Investigaciones se registran aumentos reales de 29,5% y 30,0% respectivamente, en Gendarmería el alza sería de 74,4%.

Dado que los funcionarios de las Fuerzas Armadas actualmente pueden optar a una pensión completa con 30 años de servicio y al derecho a obtener una pensión con un mínimo de 20 años de servicio, se estable una comparación con los pensionados por vejez de las AFP y Compañías de Seguro que cotizaron entre 25 y 30 años.

“Si bien la brecha se reduce, esta sigue siendo muy grande; específicamente, los pensionados por antigüedad de Dipreca, reciben una jubilación 3,2 veces mayor y los pensionados por retiro de Capredena, reciben una jubilación casi 3 veces mayor”, agrega Kremerman.

-A favor de que la flora y la fauna paguen su derecho a existir: además de fomentar la privatización, este aspecto del programa de gobierno de Kast tiende a entregarle menos limitaciones a quienes manejan el poder económico.

¿Qué pasará con el bosque nativo?, la tala indiscriminada de este sería una de las políticas de su programa presidencial, amparándose en “parques temáticos y emprendimientos”. Además agrega que: “se vuelve necesario que la división de recursos naturales del SAG, experimente un importante cambio en los criterios de preservación y aprovechamiento de especies nativas e introducidas. Esto, con tal que abandone medidas prohibicionistas y, al mismo tiempo, se revise el impacto de la sobrepoblación de especies nativas y exóticas, la cual se ha generado producto de la actividad humana”.

Se entiende por este apartado que busca potenciar la caza indiscriminada de especies endémicas y propias de la fauna chilena, atacando directamente los ecosistemas, ya no solamente por medio de la explotación de los recursos y la lógica extractivista imperante e impuesta por la dictadura, sino que va un paso más allá, por la destrucción total de la vida silvestre en zonas que hoy se encuentran protegidas en pos de mayores ganancias empresariales.

-Desconocer las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Chile. Ante la prensa extranjera el pasado 12 de noviembre declaró: “Hay una situación que marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió (con Pinochet): se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental”.

Cabe destacar que durante la dictadura cívico-militar, que estuvo en el poder entre 1973 y 1990, se encarceló a los disidentes del régimen de Augusto Pinochet en lugares como Villa Grimaldi. De acuerdo al informe elaborado en 2011 por la Comisión Valech, en Chile hubo 40.018 detenidos por motivaciones políticas, 3.065 de ellos asesinados o desaparecidos.

ISAPRES

La deuda calculada por la Superintendencia de Salud que deberían restituir las Isapres a sus cotizantes, por haber realizado “cobros excesivos” como consecuencia del fallo de la Corte Suprema, es del orden de los US$1.400 millones.

Cruz Blanca registra la mayor deuda con un equivalente a US$349.6 millones. En segundo lugar, aparece Colmena con una deuda de US$304.6 millones, le sigue Banmédica con US$279.5 millones, Consalud con una deuda de US$250.6 millones, Nueva Masvida con US$111.9 millones y Vida Tres con una deuda de US$94.1 millones.

En el caso de las ISAPRES Fundación, Isalud y Esencial la relación entre deuda y patrimonio es más equivalente o bien el patrimonio es superior a la deuda.

Asimismo, cabe mencionar que mediante un documento enviado el pasado 28 de marzo a la Comisión de Salud del Senado, Clínicas de Chile informó que la deuda total de las Isapres con su sector ascendía a $507.057 millones a fines de 2022, donde lideran aquel abultado débito: Colmena, Consalud y Cruz Blanca.

José Antonio Kast ha tenido connivencia con estas grandes entidades deudoras.

En octubre de 2014 estalló el Caso Penta, uno de los casos de fraude al Fisco y cohecho más polémicos de Chile en la década de 2010, que involucró a múltiples políticos, especialmente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), al ser acusados de financiamiento irregular de sus campañas electorales y de aceptar boletas ideológicamente falsas.

En medio del caso, el principal querellante del caso, el exgerente Hugo Bravo, quien elaboró una lista de políticos involucrados en el ilícito, incluyó a José Antonio Kast. Bravo afirmó que cuando Kast era diputado de la UDI, acudió personalmente a su oficina para solicitar apoyo económico, por lo que Carlos Alberto Délano (formalizado por este caso) le ofreció una suma de $10 millones a cambio de boletas de honorarios, de los cuales Bravo afirmó que Kast, al igual que otros parlamentarios, usó el dinero para financiar ilegalmente su campaña a la reelección a diputado, en las elecciones parlamentarias de 2013.

Ante estas acusaciones, Kast declaró en una entrevista en Ciper, de que nunca recibió financiamiento de forma ilegal, y que nunca conoció personalmente a Hugo Bravo. También declaró que conocía a quienes financiaron su campaña parlamentaria, señalando, además, que Penta lo financió a través de Banmédica, y que ello fue realizado de manera legal; aun así, desconocía la cantidad exacta de dinero que recibió por parte de Penta, en el que afirmó que de los $126.6 millones gastados en su campaña, $94.7 millones correspondían a aportes reservados.

Luego, en el año 2015, a pesar de la insistencia en que inhabilitara en una votación en la cámara de Diputados sobre las Isapres, no lo hizo.

El 6 de septiembre de 2017, el entonces candidato presidencial José Antonio Kast, en un nuevo capítulo de Aquí Está Chile, de CNN Chile, profundizó en la situación que vive el sistema de salud nacional; sin embargo, al ser consultado si es que le haría algún cambio al sistema de Isapres respondió con un tajante “no”.

Hasta el viernes 8 de octubre de 2021 y según los registros públicos del Servel, el nuevamente candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, había recibido $59.402.767, distribuidos en 771 aportes con y sin publicidad.

Uno de estos “mecenas” fue Héctor Fernando Concha Marambio, que le aportó $2 millones. Vale recordar que Concha fue presidente del directorio de Banmédica y también gerente del área de salud de Penta. Se trata de uno de los condenados en el bullado caso de platas políticas, dado que la Fiscalía acreditó que se le realizaron millonarios pagos con boletas falsas. En procedimiento abreviado, fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio por delitos tributarios y al pago de una multa cercana a los $190 millones.

El mismo año 2021, durante su segunda campaña presidencial, Kast realizó una visita estratégica a Washington D.C., donde se reunió con empresarios estadounidenses con intereses en Chile.

Dentro de las actividades más importantes que agendó el candidato del Partido Republicano está la que tuvo lugar en el restaurante español “La Taberna del Alabardero”, ubicado en la calle 18 del noroeste de la citada ciudad, a pasos de la sede central del Banco Mundial.

Entre los ejecutivos y empresarios que participaron del almuerzo estaba María Paulina Uribe, gerenta de Marketing de PepsiCo, de nacionalidad colombiana. La presencia de Uribe en esta mesa hace recordar la tristemente célebre colaboración de Donald Mcintosh Kendall, expresidente ejecutivo de la Pepsi Cola en la década de 1970, quien sostuvo varias reuniones con el fallecido empresario Agustín Edwards Eastman, como parte del complot para derrocar al gobierno de Salvador Allende.

Otro de los selectos invitados a esta reunión fue Joel Velasco, vicepresidente de Unitedhealth Group, uno de los gigantes americanos en el mercado de las aseguradoras de salud. La presencia de este alto ejecutivo no es menor, ya que desde 2018, Unitedhealth Group es dueña de un 96% de las acciones de Banmédica, lo que le asegura una importante presencia en el mercado de la salud privada en Chile, Perú y Colombia, con más de 13 hospitales y 143 centros médicos.

Hoy el impacto de esa reunión cobra especial relevancia pues los intereses de UnitedHealth Group en las regulaciones y reformas de salud en Chile se mantienen, y su presencia en el almuerzo con Kast subraya la influencia que los poderosos conglomerados de salud pueden ejercer en la política, más aún cuando vemos a la oposición en masa presionando para salvar a las Isapres y, de paso, perjudicando a sus afiliados.

Es más, Macarena Bravo (prosecretaria del Partido Republicano), dijo en mayo de este año en un programa de debate televisivo que “el Gobierno está poniendo el foco en su ideología en terminar con las Isapres”. Bravo olvida que lo que se pretende es ejecutar un fallo de un poder independiente del Estado, como es el Judicial, amén de restituir el dinero esquilmado a una ingente cantidad de personas.

Sebastián Piñera

Por su tremenda lista delictual, que extendería sobremanera esta investigación, es menester revisar los siguientes links:

38 cargos contra el especulador: https://www.elciudadano.com/chile/prision-para-el-imputado-pinera-38-cargos-contra-el-sanguinario-especulador/04/13/

El hospital fantasma de Colina: https://www.elciudadano.com/chile/pinera-y-sus-falsas-promesas-el-hospital-fantasma-de-colina-cronica-de-una-burla-hacia-el-pueblo/06/11/

El origen de la delincuencia e inseguridad: https://www.elciudadano.com/actualidad/gobiernos-de-sebastian-pinera-el-origen-del-imperio-de-la-delincuencia-e-inseguridad-en-chile/04/24/

Irregularidades en la Segegob: https://www.elciudadano.com/chile/pinera-y-las-irregularidades-de-su-segegob-con-cadem-criteria-puc-universidad-del-desarrollo-y-fases-asesoria/10/27/

Crisis educacional de Atacama: https://www.elciudadano.com/chile/el-origen-de-la-crisis-educacional-en-atacama-esta-en-el-segundo-gobierno-de-pinera/11/05/

Luksic

El grupo Luksic tiene una fuerte posición en bancos (Banco de Chile), bebidas (CCU), transporte marítimo (Compañía Sudamericana de Vapores), combustibles (ShellChile-ENEX), manufacturas (Madeco), televisión (Canal 13), radio (Play, Oasis, Tele 13 radio, Sonar) y minería (Antofagasta Minerals: Minera Michilla, Minera Esperanza y Minera Los Pelambres).

Además, recibió en el año 2020 $6.428.558.000.000 del total de los fondos de pensiones que administran las AFP.

Hoy la cabeza de este grupo, Andrónico Luksic Craig, ha vuelto a la palestra debido a dos aristas judiciales relacionadas con el procesado excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y con Augusto Pinochet; en ambas, la justicia ha puesto sus ojos en el Banco de Chile.

Pasemos ahora a revisar, también, toda una serie de polémicas, faltas e ilícitos donde el principal involucrado ha sido el actual jefe de esta familia.

Luksic y Fuente-Alba

El vínculo entre Fuente-Alba y el empresario dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic, quedó claro en el procesamiento dictado por la ministra en visita Romy Rutherford en febrero de 2019.

En esa investigación se determinó que Fuente-Alba viajó junto a su cónyuge, Anita Pinochet, y una comitiva, a Londres, Bosnia Herzegovina y Chipre, pero con una parada en Croacia, destino que no estaba dentro del decreto que daba cuenta del viaje. La justificación tuvo que ver con que fueron invitados por Andrónico Luksic y que alojaron en un hotel de su propiedad.

En medio de la acusación en contra del general (R) Juan Miguel Fuente-Alba y su señora, por presunta malversación de caudales públicos y lavado de dinero, surgió una nueva arista en el caso. Esto porque en la acusación presentada por el fiscal José Morales ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se informa que se iniciaron, de manera paralela, dos investigaciones relacionadas a la causa central.

En el escrito presentado por el Ministerio Público y consignado por La Tercera, se lee que “el día 28 de Julio del 2021 se procedió a separar la investigación respecto de los siguientes hechos: Responsabilidad penal de personas jurídicas o de personas naturales, distintas a los imputados acusados, en particular Bancos o Instituciones financieras y personas relacionadas a estos, que hayan participado en el delito de lavado de dinero”.

De acuerdo a fuentes del medio y cercanos a la causa, el Banco de Chile está bajo la mira de la Fiscalía -junto a otras cuatro instituciones financieras- por no haber informado las operaciones sospechosas de Fuente-Alba a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) entre los años 2010 y 2014. Solo lo hicieron cuando el caso se volvió público en 2014.

A juicio del Ministerio Público, existieron una serie de maniobras financieras que dan cuenta de flujos de altas sumas de dinero que no se explicaban dado el sueldo mensual de Fuente-Alba, que no superaba los 5 millones de pesos. Cabe señalar, asimismo, que la ley obliga a los bancos a informar a los analistas de la UAF cuando existen movimientos sospechosos, por lo que una sola revisión podría haber generado un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) lo que habría permitido a la policía y la Fiscalía indagar mucho antes estas conductas, dice la acusación.

Luksic y Pinochet

La Cuarta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ordenó reabrir una causa que investiga el supuesto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes de Augusto Pinochet a través de la institución financiera, perteneciente a Quiñenco, holding del grupo Luksic, Banco de Chile.

A finales de julio de este año, The New York Times y ElDiario.es informaron que en el proceso en España son partes querellantes la Fundación Española “Presidente Allende”, Laura González Vera, viuda de Carmelo Soria, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, defendidos por Joan Garcés.

La investigación se centra en fondos que se sospecha fueron expropiados por Pinochet y sus asociados, y posteriormente transferidos a cuentas personales en el extranjero, con el propósito de evadir impuestos y blanquear capitales.

Labores de Inteligencia y espionaje

En 2019, el entonces ministro del Interior Gonzalo Blumel, anunció a la prensa y al país que el gobierno le había entregado al Ministerio Público un informe de más de 100 páginas elaborado con tecnología extraordinariamente sofisticada, que había monitoreado de cerca el comportamiento de casi cinco millones de usuarios de redes sociales desde el estallido social que se inició el 18 de octubre, que podría explicar en parte la supuesta intervención extranjera en la crisis chilena.

Pero el lunes 30 de diciembre La Tercera reveló la empresa que había entregado la información al gobierno: la agencia española Alto Data Analytics. Sin embargo, ni ese diario ni otros medios se preguntaron por qué una agencia española entregaría información al gobierno, toda vez que no es oficialmente un proveedor del Estado de Chile.

Entonces, ¿cómo llegó ese informe al gobierno? El lunes 2 de diciembre se realizó una reunión especial en las dependencias de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) en la calle Tenderini Nº 115.

En una mesa dispuesta en forma de «U», se reunieron representantes de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior y de la ANI. Pero participaron 3 personas más: el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el exministro de Interior y Defensa y actual miembro de la plana ejecutiva del Grupo Luksic, Rodrigo Hinzpeter, y un representante español de Alto Data Analytics. ¿El objetivo? Exponer las principales conclusiones del informe de Big Data de esa empresa.

Al día siguiente, el martes 3 de diciembre, se volvieron a reunir en el mismo lugar las mismas personas. Lo que hasta ahora no se sabía era que ese informe de Big Data había sido elaborado originalmente para el Grupo Luksic, que desde mediados del año pasado tiene contratado los servicios de esa empresa.

El reporte elaborado por Big Data Analytics, con sede corporativa en Madrid, le pareció lo suficientemente seria a la plana mayor de Quiñenco como para entregársela al gobierno, tarea que habría recaído precisamente en Rodrigo Hinzpeter. Quien recogió el guante en La Moneda fue Rodrigo Ubilla, entonces subsecretario del Interior, que en el primer gobierno de Piñera trabajó bajo las órdenes del propio Hinzpeter.

Colusión de las navieras

En 2015 las autoridades chinas multaron con 407 millones de yuanes (equivalentes a US$62 millones), a 8 empresas de transporte marítimo internacional por fijación de precios, entre ellas a la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), perteneciente al grupo Luksic.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR) acusó a CSAV de haberse concertado con NYK Line, “K” Line y Eukor Car Carriers, entre otras empresas, para manipular a lo largo de 4 años las tarifas de envíos de vehículos y maquinaria de ingeniería.

Según detalló la agencia Xinhua, la sanción se impuso tras más de un año de investigación, en que las autoridades locales descubrieron que las empresas involucradas suscribieron pactos de “no agresión mutua”, se comunicaban frecuentemente, se realizaban consultas de precios y dividían los territorios. Este verdadero “cartel” restringía la competencia en el mercado, aumentando fraudulentamente los gastos de envío, con perjuicio para exportadores, importadores y consumidores.

Por aquella misma situación detectada en China, en 2018 la Comisión Europea, organismo que vela por la ejecución y cumplimiento de las políticas de la Unión Europea (UE), notificó a la CSAV de la multa que le cursó: US$8.5 millones de dólares. Esta misma situación fue detectada en Estados Unidos, donde la CSAV recibió una multa de US$9 millones.

Libro «Inmunidad diplomática»

El mencionado libro fue lanzado en Argentina en 1993, narrando los escandalosos comportamientos del entonces embajador de la nación trasandina en nuestro país, Oscar Spinosa Melo, quien involucró a importantes personeros del empresariado y la política chilena en sus fiestas, conocidas por sus orgías sexuales y disponibilidad de drogas.

Dicho texto nunca llegó a comercializarse en Chile debido a un recurso de Andrónico Luksic Craig, quien es mencionado en el libro, prohibiendo su publicación. La decisión fue confirmada más tarde por la Corte Suprema, vetando de forma definitiva la obra.

Nueragate

El Banco del grupo Luksic otorgó un préstamo a la empresa Caval en la que aparece como propietaria la mujer del hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, crédito por $6.500 millones para un negocio de especulación con un terreno en lo que parece sería un negociado con información privilegiada, ya que compraron las tierras como de uso agrícola sabiendo que se cambiaría su destino de suelos a urbano.

El diario La Tercera incluso informó que “durante la visita a los terrenos comprados por la empresa Caval, en la comuna de Machalí, en la Región de O’Higgins, el seremi de Vivienda de la zona, Wilfredo Valdés, habría acompañado a Mauricio Valero, socio de la empresa de la esposa de Sebastián Dávalos”.

Así lo detalla un documento escrito, que cuenta con la firma de Valero, revelado por El Mercurio. Al parecer, Valdés habría asistido a la tasación de los terrenos que posteriormente habrían sido comprados por Caval. Esta gestión del Seremi de Vivienda se agrava por la falta a la verdad, ya que en La Tercera señala que en declaraciones públicas Valdés habría señalado antes que no habría mantenido “contacto con el banco ni tampoco con la empresa Caval”, aunque hay un documento que demostraría lo contrario.

Vladivideos

La relación entre la empresa chilena Luchetti y Vladimiro Montesinos volvió a ser noticia en Perú luego de que se difundiera un video, en 2002, que muestra al exasesor de inteligencia de Fujimori confirmando haber recibido un pago de dos millones dólares por parte de Andrónico Luksic.

Montesinos, que hizo las declaraciones ante una comisión investigadora del congreso peruano el 25 de abril de 2002, dijo que se trató de un donativo para gastos de campaña electoral de Alberto Fujimori durante 1999 y no una retribución a la ayuda que brindó a la empresa chilena Luchetti durante un juicio en Lima.

Aysén

Paola Luksic, hermana de Andrónico, solicitó en 2020 la concesión de uso oneroso de largo plazo a la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Aysén, a través de la Fundación Parque La Tapera, para acceder a unas 15.000 hectáreas en el sector Ventisquero Montt.

Según señala en su página web el periodista aysenino Mauricio Aguilera, el proyecto de Paola Luksic en el sector Jorge Montt se inicia por allá en el 2014 a 2015 cuando se comienzan a gestar la compra de terrenos.

Producto de este proceso a la fecha se han adquirido unos 8 predios, con una superficie acumulada de unas 12.000 hectáreas, según señala la propia líder de la fundación en el diario El Mercurio en abril de 2020.

En base a datos del Servicio de Impuestos Internos y fuentes locales, se ha verificado una superficie estimada de unas 12.041 hectáreas, con base en cuatro propietarios. La distribución espacial de estos terrenos se encuentra en torno al glaciar Jorge Montt y el Parque Nacional Bernardo O’Higgins.

Ahí es posible evidenciar la posición estratégica que toman las compras de terrenos que se han consolidado hasta la fecha, a partir de los predios privados adquiridos en estos 5 años, en el sector glaciar Montt de la Comuna de Tortel. El Parque Nacional Bernardo O’Higgins es el más grande de Chile con una superficie estimada de 3.525.901 ha.

A modo de referencia, la superficie de la Región Metropolitana es de 1.540.300 hectáreas, menos de la mitad de la superficie de este parque birregional.

La mayoría de las adquisiciones colindan con el límite norte del acceso a este parque y al Hielo Patagónico Sur. Los predios adquiridos se ubican al final de lo que se ha construido de la Ruta 7 o Carretera Austral. Para poder continuar con la construcción hacia Magallanes, en algún futuro hipotético, será necesario hacerlo a través de sus campos.

En este espacio se encuentra la distancia más corta hoy para acceder vía terrestre al plateau del Campo de Hielo Sur, lo que le permitiría a Chile tener un ingreso privilegiado para el turismo, no sólo por la vía terrestre sino por la vía marítima a cruceros y transbordadores, lo que lo podría convertir a este lugar en el próximo El Calafate o Torres del Paine de la Patagonia.

Alto Maipo

La organización No a Alto Maipo lleva años diciendo que el proyecto -que comenzó sus obras en diciembre de 2013- impactará a la principal reserva de agua dulce que nutre Santiago.

El proyecto contempla la construcción de 67 kilómetros de túnel a una profundidad promedio de 800 metros entre el sector alto del río Volcán y el sector de Las Lajas. Pese a que la empresa defiende su construcción diciendo que las obras son en un 90% subterráneas, que tienen un mínimo impacto en el paisaje, la flora y la fauna, como asimismo que no tiene embalse y devuelve el 100% del agua que utiliza 6 kilómetros antes de la planta de tratamiento de agua potable de Santiago, lo que ha ocurrido en la capital abre preguntas sobre las centrales hidroeléctricas.

La propiedad de este proyecto era compartida por Norgener S.A., filial de Aes Gener (60%) y Antofagasta Minerals S.A (AMSA) del Grupo Luksic (40%), este último abandonó Alto Maipo en 2017, principalmente como una maniobra de lavado de imagen y tratar de evitar responsabilidades tras el corte de suministro y la posterior turbiedad del agua potable que, en abril de 2016, afectó a más de 4 millones de personas en la Región Metropolitana.

Asesorías con Jorge Insunza

Jorge Insunza fue ministro de la secretaría general de la presidencia por un breve lapso en 2015. Prestó la asesoría de su empresa, Vintus Consultores, a la minera Antofagasta Minerals, perteneciente al grupo Luksic, entre los años 2007 y 2014, periodo en que presidía la comisión de Minería en la Cámara de Diputados.

Esto llevó a que políticos de oposición y de la propia coalición gobernante criticaran al ministro e incluso se le instara a renunciar. El escándalo para el gobierno fue inmanejable, por lo que el 7 de junio Insunza se vio obligado a presentar su renuncia. Estuvo en el cargo de ministro por solo 27 días.

El Mauro-Pelambres-Michilla

De acuerdo a Arnaldo Pérez Guerra (2019), la comunidad maurina, en la comuna de Los Vilos -en el norte de Chile-, inició desde hace más de un año una lucha contra Minera Los Pelambres por “tierra, justicia y dignidad”. Fueron despojados y engañados el año 2001, expulsados de su territorio.

Donde se ubicaba el fundo El Mauro, hoy se emplaza el segundo tranque de relaves más grande del mundo, de propiedad de Antofagasta Minerals, y un consorcio de empresas japonesas: Mitsubishi Corp, Nippon Mining & Metals, Mitsubishi Materials y Marubeni.

Mauro era un asentamiento campesino, una comunidad donde vivían unas 200 personas de la ganadería, la agricultura y el queso de cabra. Allí nacían las aguas que vertían al estero de Pupío. Arrasaron con más de 70 hectáreas de bosques milenarios. La minera ofreció por desistirse de cualquier reclamo posterior $30 millones a cada familia. Pero los maurinos quieren su tierra, volver a producir. El fundo poseía 17.000 hectáreas con agua asegurada, vertientes y veranadas.

El tranque El Mauro solo ha significado despojo, sequía y contaminación. El bosque nativo de miles de años compuesto por canelos, chequenes, arrayanes y quillayes, fue quemado y arrasado por Pelambres. El tranque tiene un muro de contención de 2.000 metros de ancho por 300 metros de altura. ¿Cómo fue posible que se aprobara construirlo en la región más sísmica del planeta? La respuesta es corrupción.

(Continuará)

Por Jorge Molina Araneda

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