El origen de la crisis educacional en Atacama está en el Gobierno de Piñera

Según el ministerio, son aproximadamente 30.000 los alumnos actualmente afectados: de los 78 jardines infantiles, escuelas y liceos que administra el SLEP atacameño, solo 14 recintos escolares y 18 jardines infantiles están impartiendo clases.

Por El Ciudadano

05/11/2023

Publicado en

Chile / Educación / Política / Portada

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Por Jorge Molina Araneda

En noviembre de 2017, la Ley 21.040 crea una nueva institucionalidad para la Educación Pública en Chile, donde se traspasan los establecimientos educacionales, jardines infantiles VTF, escuelas y liceos de 345 municipios a 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Los SLEP serán los sostenedores educacionales que velarán por entregar una educación integral, de calidad y con pertinencia local, centrada en los aprendizajes para el siglo 21, y que entregue oportunidades a todos los niños, niñas y jóvenes en el país para desarrollarse.

La nueva Educación Pública busca garantizar una educación de calidad; entregando oportunidades y herramientas a los y las estudiantes, que les permita desarrollarse durante su trayectoria educativa, centrándose en aprendizajes para el siglo 21 y en una convivencia sana e inclusiva dentro de la comunidad educativa.

En junio de 2023, una auditoría del Ministerio de Educación constató la malversación del uso de fondos financieros por parte del Servicio Local de Educación Pública de Atacama. El SLEP nortino administra el servicio educacional de 5 comunas: Caldera, Copiapó, Chañaral, Tierra Amarilla y Diego de Almagro.

Hay miles de millones de pesos que hasta ahora no se sabe dónde fueron a parar; lo que sí se sabe, y de ello tiene constancia el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, es que, debido a esta acción, las escuelas y liceos de la región no cuentan con las mínimas condiciones habilitantes para poder funcionar, dejando así a más de 30 mil estudiantes sin poder ejercer su derecho a la educación. Grave situación.

Dirigentes del Colegio de Profesores constataron presencialmente las indignas condiciones de escuelas y liceos:

Los baños y alcantarillados no cumplen con las mínimas condiciones sanitarias, las ratas y sus fecas se encuentran en los pisos de las salas, 16 liceos técnico-profesionales solo imparten clases teóricas porque no tienen los insumos para hacer sus tareas prácticas, hay aulas de primero básico de 4×4 metros con más de 30 niños (…)

Resolver esas y otras cuestiones es lo urgente, y por eso acordamos con el ministro Cataldo realizar un levantamiento de las condiciones habilitantes por cada escuela y liceo, cuestión que se realizó desde la semana del 25 al 29 de septiembre. No obstante, ya han pasado muchos días y no se han concretado ni las obras, ni las reparaciones ni la provisión de insumos para que los estudiantes vuelvan de manera digna a clases‘, informó un dirigente.

Según el ministerio, son aproximadamente 30.000 los alumnos actualmente afectados: de los 78 establecimientos educacionales que administra el SLEP atacameño, entre jardines infantiles, escuelas y liceos, solo 14 recintos escolares y los 18 jardines infantiles están actualmente impartiendo clases. Los otros 46, desde el inicio del paro el 4 de septiembre, no.

Y eso, a casi un poco más de un mes que culmine el año escolar, tiene en serio riesgo de perderlo a esos estudiantes afectados.

La protesta, concretamente, es contra el SLEP y las autoridades responsables por lo que, dicen los docentes, son pésimas condiciones de infraestructura y falta de insumos para llevar adelante las clases.

La mala administración desde que se traspasó el servicio educativo desde los cinco municipios hasta el SLEP también ha sido puesta en la mesa, así como la necesidad de un mejor acompañamiento pedagógico.

De ahí para adelante, una serie de hechos grafican la severa crisis educativa en Atacama, como amagos de incendios por problemas de infraestructura, acusaciones de devolución de favores políticos a la hora de designar cargos o el hecho de que a Pedro Lagos, director (s) del SLEP, lo obligaron a renunciar tras un informe del Mineduc que daba cuenta de traspasos de más de $44 mil millones sin respaldo, lo que llevó a entregar los antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría, que ordenó un sumario.

Paradójicamente, Lagos había asumido la subrogación del SLEP luego de que Carlos Pérez, director ejecutivo, fuera suspendido en marzo de 2022 por mala gestión.

Hoy por hoy, el SLEP atacameño tiene bajo su dependencia 18 jardines infantiles, 45 escuelas y 15 liceos. Son, en total, nueve recintos de Caldera, ocho de Chañaral, 45 de Copiapó, cinco de Diego de Almagro y 11 de Tierra Amarilla, los que aglutinan a cerca de 30.000 alumnos.

De acuerdo a La Tercera, en el Mineduc han reconocido la crisis, aun cuando comentan internamente que el traspaso y génesis de este problema en Atacama se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera.

Origen de la crisis

Apenas 4 meses antes de terminar su segundo mandato, el 16 de noviembre de 2017, Michelle Bachelet promulgó la Ley 21.040, que crea el nuevo Sistema de Educación Pública. Este nuevo sistema básicamente busca transitar de la actual educación municipalizada, a uno en que el Estado se haga cargo integralmente de ella.

En esta transición los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) son fundamentales pues son la representación del Estado en cada territorio.

El SLEP de Atacama fue uno de los primeros que se abrió en el país. A mediados de diciembre de 2020, en pleno gobierno de Sebastián Piñera, el SLEP de Atacama abrió su oficina, quedando oficialmente operativa desde el 1 de enero de 2021.

Por medio del sistema de Alta Dirección Pública, durante el gobierno de Piñera, y luego ratificado por el Presidente Boric, fue nombrado Director Ejecutivo del SLEP de Atacama Carlos Pérez, profesor de Ciencias egresado de la Universidad de Chile, y que entre otros cargos ocupó el de Seremi de Educación de la Región de Tarapacá entre 2011 y 2014, durante la primera administración piñerista.

A Pérez se le veía activo en su función de director, participando en actividades y en entrevistas para medios locales; sin embargo, de entrada, comenzó a ser criticado por apoderados y autoridades. Se le acusaba de mala gestión en la vuelta a clases post covid, falta de profesionales, de material de trabajo, de infraestructura.

Transcurrido poco más de un año de gestión, Pérez ya era acusado de abandono de deberes. Apenas unos días después de esta acusación, el 29 de marzo de 2022 se informó que Carlos Pérez iba a ser removido de su cargo.

Una auditoría del Mineduc al primer año de gestión del SLEP de Atacama, con Pérez a la cabeza, ya evidenciaba problemas en las rendiciones de cuentas, además de una baja ejecución de los presupuestos y de prestaciones sociales.

El informe aseguraba que de hecho, ‘no había control sobre las rendiciones de cuentas’ y que los gastos ‘no se ajustaban a los objetivos’. Ejemplo de ello es la compra de giftcards por poco más de $404 millones, que al momento de realizarse la auditoría, aún no se entregaban al 48% de los establecimientos destinatarios.

En su reemplazo, en abril de 2022 asume Pedro Lagos como Director (s), que anteriormente se desempeñaba como Jefe de Planificación del SLEP Atacama.

Lagos se mantuvo durante un año en este cargo, hasta que en abril de 2023, a raíz de una segunda auditoría del Mineduc, iniciada por denuncias de dirigentes del Colegio de Profesores, se definió su ‘remoción no voluntaria por pérdida de confianza’ (Malaespina Check).

Más problemas

El Informe Final N°281 de la Contraloría General de la República (CGR) identificó a través de las bases de datos de licencias médicas proporcionada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), de la Seremi de Salud de Atacama, ‘licencias médicas en estado de aprobadas y en algunos casos ampliadas, las que no han sido recuperadas por el SLEP de Atacama al 31 de diciembre de 2022’.

Lo anterior corresponde a 11.200 casos, lo que se traduce en una cifra de por lo menos $5.009.079.152. Todo esto dado que el SLEP de Atacama efectuó un pago íntegro de la remuneración a los funcionarios, por lo que al Servicio le correspondía solicitar el reintegro a las entidades previsionales correspondientes al monto pagado por los días autorizados.

El ente fiscalizador también advirtió que de las bases de las Isapres, proporcionadas por la Superintendencia de Salud, se encontraron al menos 652 licencias médicas, por un valor de $258.250.783, que tampoco fueron recuperadas por el SLEP.

En sencillo, se estableció que cada Servicio Local de Educación entrega los recursos necesarios a cada establecimiento para el pago de remuneración de los funcionarios -de igual manera con o sin licencia médica-. Y después debe acercarse tanto a la Compin como a las Isapres para solicitar el reembolso de ese dinero, si es que alguno de los funcionarios solicitó una licencia médica. Situación que según el informe de la CGR, no ocurrió.

En el documento se detalla que el SLEP contaba con una planilla Excel que tenía la finalidad de mantener el control de las licencias médicas recepcionadas, pero ‘se observó que la misma carecía de un mecanismo de control que garantizara el acceso, totalidad, exactitud y mantención de la información contenida en ella, toda vez que se constató que no se encontraba actualizada, presentaba inconsistencias, y no constaba en ella el cálculo de las licencias médicas para el posterior cobro del subsidio afectando la confiabilidad de los datos’.

La Contraloría consultó al Servicio sobre el caso, y contestaron que ‘el Departamento de Gestión de Personas, a través del equipo de Licencias Médicas, se encontraba actualizando los registros y cargando la información en el Sistema CASChile dispuesto para ello, teniendo como compromiso completar dicha acción durante el año 2023 y así, mantener el control mediante reportes mensuales extraídos desde la mencionada plataforma, validado por el portal de licencias médicas’.

Esta situación, según se describe en el informe, “vulnera el principio de celeridad dispuesto en el artículo 7° de la ley N° 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de Los Órganos de la Administración del Estado”.

Asimismo, la CGR halló que existen 1.780 licencias médicas en estado “rechazada” por la Compin de Atacama, ‘por un valor ascendente de $1.196.341.6955’. También, 216 licencias médicas reducidas ‘por el monto de $70.875.1836, cuyos descuentos no se han realizado por parte del SLEP Atacama’.

Esto quiere decir que fueron solicitadas 1.780 licencias por parte de funcionarios de los establecimientos dependientes del SLEP de Atacama, las que no fueron aceptadas por la Compin, pero esas personas recibieron la remuneración de igual forma. Lo que significa que fueron personas que no trabajaron y sin justificación, recibieron el dinero de igual manera.

Sumado a lo anterior, la “Contraloría Regional instruirá un procedimiento disciplinario en el SLEP Atacama”. Esto porque se verificó, según se especifica en el informe, ‘el pago directo de subsidios de licencias médicas a seis funcionarios del SLEP Atacama, por un monto de $1.564.625’.

Frente a lo anterior, nuevamente el servicio deberá adoptar las medidas que correspondan, y si procede, llevar a cabo las acciones necesarias para el reintegro de las sumas involucradas.

También se determinó que a los 77 funcionarios que se efectuó el pago del subsidio, ‘se les hizo un pago en exceso de cotizaciones previsionales’ por un valor de $2.943.298.

Omito efectuar un último comentario ya que son miles de estudiantes y muchas comunidades educativas las víctimas de esta grave crisis. Solo queda el castigo moral, y ojalá pecuniario y privativo de libertad para los responsables.

Jorge Molina Araneda (@JorgeMolina375)

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