Un violento operativo de desalojo ejecutado este martes por Carabineros en el campamento Villa Las Torres ubicado en la comuna de Curanilahue, Región del Biobío, ha desatado indignación, protestas y acciones legales contra el Gobierno y la policía uniformada.
Esta acción que incluyó un amplio despliegue policial y dejó al menos dos detenidos, se produjo en cumplimiento de una resolución judicial que ordenó el desalojo de estas familias que viven en terrenos ociosos de Forestal Arauco, del Grupo Angelini.
Sin embargo, los pobladores denunciaron que el procedimiento, que es el primero que se registra en un campamento de la comuna de Cruanilahue, se realizó sin esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema y que fueron expulsados de forma perentoria y sin apoyo para reubicarse.
«Fue un desalojo forzoso porque todavía no se ha dado la última palabra de la Suprema», afirmó Lorena Garrido, dirigente de la Recuperación Laguna El Manzano.
En declaraciones a Resumen.Cl indicó que los carabineros llevaron a cabo el operativo de manera sumamente prepotente y que «tampoco tuvieron respeto con nuestro abogado».
De hecho, a través de videos compartidos en redes sociales se pudo constatar que durante el desarrollo del procedimiento policial al interior del campamento Villa Las Torres, los uniformados dispararon bombas lacrimógenas para reprimir a los vecinos.
Los registros incluso captaron el momento en el que un grupo de padres intentaron ingresar a las viviendas para sacar a sus hijos que permanecían dentro de ellas, mientras eran bloqueados por integrantes de las fuerzas especiales.
Los habitantes del campamento, señalaron que el desalojo fue ejecutado sin respetar garantías previas y que entre los afectados por el desalojo se encuentran niños con discapacidad (TEA) y adultos mayores, lo que hace más grave la situación
Al respecto, Garrido indicó que aunque se había acordado que para ser efectivo el desalojo «debían presentarse otras entidades como la Delegación Provincial de Arauco, Serviu y otras entidades relacionadas con adultos mayores, la niñez y de las mascotas», únicamente llegaron los carabineros y la maquinaria pesada con el fin de iniciar las labores de demolición.
El campamento Villa Las Torres es uno de los varios asentamientos en Curanilahue que Forestal Arauco busca desalojar, alegando propiedad sobre estos terrenos ociosos. Pese a las reuniones que sostuvieron los pobladores con las autoridades regionales y nacionales, no hubo avances en negociaciones.
«Hay un fallo que nos favorece a nosotros, el día ocho (de agosto) la Corte respondió a favor de nosotros y aún así Carabineros debe insistir con el desalojo (…) Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen los terrenos, lo nosotros le estamos pidiendo a Forestal Arauco que se sienta a conversar con nosotros y de alguna manera nosotros poder pagar por los terrenos», afirmó Osvaldo Calbull, representante del campamento Villa Las Torres a Curanilahue Noticias.
Los pobladores denunciaron además que no contaron con apoyo para poder reubicarse junto a sus familias.
«Nos van a dar dos días para sacar nuestras cosas y desarmar, pero con dos días no se hace nada», reclamó una de las vecinas desalojadas.
«Yo hoy día ya no sé a dónde voy a dormir, porque no hay albergue, no hay nada», señaló Segundo Yáñez, otro de los afectados a Cooperativa.
Acciones legales contra el Gobierno y Carabineros
Ante el crítico escenario que enfrentan los pobladores y sus familias Lorena Garrido anunció que «se van a seguir tomando acciones legales».
Indicó que el abogado de los vecinos expulsados del territorio va a demandar a carabineros por el procedimiento.
«Se va a demandar también a los ministerios y lo más probable que esto llegue a una corte internacional, porque vamos a llegar hasta la última instancia por este caso», declaró a Resumen.Cl.
Desde la Municipalidad de Curanilahue negaron tener responsabilidad o incidencia en el violento desalojo del campamento.
Por su parte, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, confirmó que se trata de un desalojo ordenado por la Corte Suprema; pero reconoció que el Gobierno debe buscar hacerse cargo de mejorar las condiciones de quienes habitaban el campamento.
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